C.C.E.E.U

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El gobierno de Panamá ofende la institucionalidad colombiana, a la justicia, a las víctimas de la persecución política que ejerciera el gobierno de Uribe Vélez a través del DAS y a la sociedad colombiana en su conjunto.

Entregamos pruebas al despacho del Presidente Martinelli, a la cancillería panameña y a la opinión pública de Panamá de que María del Pilar Hurtado nunca fue perseguida política en Colombia, ni atacada, ni amenazada, nunca pidió la protección de la fuerza pública, probando que su refugio en Panamá no tuvo móvil distinto a evadir la acción de la justicia colombiana. El gobierno de Panamá argumenta su soberanía y razones de persecución política en contra de María del Pilar Hurtado, para mantenerle el asilo territorial y reitera que “en aras de contribuir a la estabilidad social y política de los pueblos de la región”, mantiene su decisión. Estas afirmaciones deben tener respuesta oficial de la cancillería colombiana ya que el gobierno panameño compara al estado de Colombia con aquellos países que en la región han tenido una “débil institucionalidad democrática” y por lo tanto ofrece protección a “una perseguida política”.

Recordamos al gobierno panameño que la soberanía se cede parcialmente en los tratados internacionales y que el derecho internacional de los derechos humanos hace parte de la legislación interna de Panamá y que los tratados sobre asilo obliga a Panamá a no conceder asilo a violadores de derechos humanos y en Panamá cursa una denuncia penal contra la señora Hurtado por crímenes de lesa humanidad.

Es necesario resaltar dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos de Manuel Cepeda Vargas y Mapiripán que sobre el particular consagran:

“Un Estado no puede otorgar protección directa o indirecta a los procesados por crímenes que impliquen violaciones graves contra derechos humanos mediante la aplicación indebida de figuras legales que atentan contra las obligaciones internacionales pertinentes. De tal manera, la aplicación de figuras como la extradición no debe servir como un mecanismo para favorecer, procurar o asegurar la impunidad”

Por otra parte solicitamos a las autoridades judiciales panameñas que se proceda a detener y a procesar a María del Pilar Hurtado. El asilo concedido no es sinónimo de impunidad como lo reconoció la cancillería panameña en respuesta a un requerimiento de la Procuraduría de dicho país. María del Pilar no está siendo juzgada en Colombia ni por delitos políticos, ni por delitos conexos, ha sido acusada por concierto para delinquir agravado, falsedad ideológica en documento público, abuso de función pública, violación ilícita de comunicaciones agravada y peculado por apropiación que conllevaron graves violaciones de derechos humanos contra numerosas víctimas.

El código penal de Panamá es claro al respecto, en el art. 20 se establece:

"También se aplicará la ley penal panameña a los delitos cometidos en el extranjero, cuando:

....4, Una autoridad nacional haya negado la extradición de un panameño o de un extranjero"

Panamá debe juzgarla por los delitos por los cuales se le ha negado la extradición conforme lo establece la Convención Interamericana sobre Extradiciones de 1981 en su art. 8°.

Por otra parte en el Juzgado 13 penal del Circuito de Panamá cursa una denuncia penal contra María del Pilar Hurtado por dos crímenes de lesa humanidad: tortura sicológica y persecución política, contemplados como delitos en el título XV del código penal de Panamá, arts. 440 y siguientes. Panamá debe investigarla por estos delitos en ejercicio de la jurisdicción universal.

Defendemos el asilo como un derecho fundamental, que se ha consagrado para proteger a las víctimas y no a los victimarios. Panamá no puede convertirse en un paraíso de impunidad para criminales.

Finalmente el CAJAR denunciará al Estado de Panamá en Washington el 23 de marzo próximo cuando se inician las sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Presidente Martinelli ha comprometido seriamente la responsabilidad internacional del Estado de Panamá y deberá rendirle cuentas por ello a su propio pueblo y a la comunidad internacional.

COMUNICADO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE PANAMÁ

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá al negar la solicitud de extradición, quiere informar que mantiene el asilo otorgado a la señora María del Pilar Hurtado, con fundamento en:

1) La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) la cual establece en su artículo 22 (7) que “toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos y de acuerdo con la legislación de cada Estado y los convenios internacionales”.

2) Con base también a la Convención sobre Asilo Territorial de 1954 la cual en su artículo 1 establece que “todo Estado tiene derecho, en ejercicio de su soberanía, a admitir dentro de su territorio a las personas que juzgue conveniente…” y el artículo 4 “la extradición no es procedente cuando se trate de personas que, con arreglo a la calificación del Estado requerido, sean perseguidas por delitos políticos o por delitos comunes cometidos con fines políticos, ni cuando la extradición se solicita obedeciendo a móviles predominantemente políticos”.

3) También nos basamos en el Decreto Ley No.3 de 22 de febrero de 2008, que establece que el reconocimiento de la condición de asilado estará sujeto a lo señalado en el ordenamiento jurídico nacional y en los tratados internacionales, y 4) en el Decreto Ejecutivo Nº 301 del 19 de noviembre de 2010 que concedió el asilo.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá reitera que la institución del asilo se desarrolla con vigorosidad en América Latina, como consecuencia de ofrecer una herramienta jurídica que brinde protección a los perseguidos políticos, en una región del mundo que por mucho tiempo se caracterizó por una débil institucionalidad democrática y que empieza a cimentar su consolidación. El Gobierno Panameño, en aras de contribuir a la estabilidad social y política de los pueblos de la región, mantiene su decisión sobre las personas mencionadas.

El Tribunal, ordenó al Ministro de Defensa Nacional y la cúpula militar, celebrar un acto público en la Plaza de Bolívar para que pidan perdón a la sociedad. Esta medida de reparación es consistente con los parámetros fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en once casos colombianos que, hasta ahora, han sido acatados por el Estado, tampoco es ajena a nuestra práctica jurídica. No se puede reprochar este aparte de la sentencia, porque Plazas Vega no actuó como particular, sino cumpliendo órdenes.

Lejos de querer ofender a los miembros de la fuerza pública, el fallo reivindica la necesaria distinción entre el quehacer de la fuerza pública cumpliendo con sus deberes constitucionales y legales, frente a crímenes de carácter internacional por los que se reprocha el accionar de quienes estuvieron al frente de la retoma del Palacio de Justicia.

La reacción del Presidente Santos al descalificar el fallo judicial, pidiendo perdón al ex presidente Betancur y al Ejército, va en contravía de sus afirmaciones de respetar las decisiones de los jueces y los derechos de las víctimas. Además es contraria a las obligaciones impuestas por la justicia doméstica e internacional. El presidente no sólo irrespeta a la justicia, sino que su desacato ofende la dignidad de las víctimas.

La exhortación al Fiscal de la Corte Penal Internacional, para que se investigue la posible responsabilidad penal del sr. Belisario Betancur, lejos de ser un exabrupto, se ajusta al principio de complementariedad del Estatuto de Roma, integrado al art. 93 de la Constitución. La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, no administra justicia sino impunidad, lo que en relación con las preclusiones a favor del Sr. Betancur, mostraría una falta de voluntad política para investigar a quien públicamente asumió la responsabilidad de la acción militar. El presidente Betancur faltó a su deber de garante.

Si bien, de conformidad con el Estatuto de Roma y los elementos de los crímenes, solo se podrán investigar delitos cometidos con posterioridad a su entrada en vigencia, en el caso de la desaparición forzada, la sistemática negación de la aprehensión de las víctimas por las Fuerzas Armadas, constituye un ataque que se ha reafirmado desde diciembre de 2005 cuando la Fiscalía inicia la investigación conforme a sus obligaciones, el ataque bajo la vigencia del Estatuto se ha acompañado del permanente acoso y tortura sicológica de que son víctimas los familiares y la agresión contra los abogados que les representan. El crimen de la desaparición forzada se sigue perpetrando hasta tanto no aparezcan las 11 víctimas de este delito.

Otro aspecto de la sentencia se refiere a la reclusión donde debe purgar la pena Plazas Vega, estableciendo que debe ser en un establecimiento carcelario común, de modo que no ofenda el dolor de las víctimas y de la sociedad. Sino aplica el fuero frente a crímenes de lesa humanidad, no ha lugar al fuero sobre el sitio de reclusión.

El gobierno debe acatar la decisión judicial para demostrar al país y “a la comunidad internacional su interés en honrar sus compromisos para evitar que crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes estatales queden en la impunidad”. Un cuarto de siglo reclamando justicia y el reconocimiento pleno de los derechos de las víctimas, no puede ser ignorado por el indebido pronunciamiento del Presidente de la República, que pareciera ser otro rehén de las Fuerzas Armadas, como en su momento lo fuera el presidente Betancur.

Rafael Barrios Mendivil*

*Miembro del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, CCAJAR, representante de la parte civil en el caso contra el coronel (R) Luis Alfonso Plazas Vega.

Las determinaciones del Tribunal Superior de Bogotá no deslegitiman el sistema de administración de justicia. El mecanismo de investigación y juzgamiento para altos funcionarios del Estado de por si esta ya deslegitimado. En cincuenta años “[e]n ningún caso la Plenaria de la Comisión de Investigación y Acusación ha formulado acusación ante la Plenaria de la Cámara de Representantes, ni la Plenaria de la Cámara de Representantes ante el Senado de la República. En la mayoría de los casos se profieren (sic) se rechazan las denuncias y quejas por ser temerarias e infundadas”. Lo que es ilegítimo, no puede ser deslegitimado.

Es claro que la desaparición forzada de personas es un crimen de carácter permanente, el cual en el caso del Palacio de Justicia se ha ejecutado durante 26 años y tres meses. Este crimen se ha seguido cometiendo con posterioridad a la entrada en vigencia del Estatuto de Roma, por lo cual la Corte Penal Internacional – CPI- tiene plena competencia. Las preclusiones de las que se ha beneficiado el ex presidente Belisario Betancour por la Comisión de Investigación y Acusación, reflejan el accionar de un órgano politizado que nunca ha administrado justicia, sino impunidad. No le hace bien al país, que los Ministros decidan asumir la defensa de oficio, de personas vinculadas en la ejecución de crímenes contra la humanidad.

La Corte Penal Internacional tiene carácter complementario respecto de las jurisdicciones penales nacionales, así queda establecido en el Preámbulo y en el artículo primero del Estatuto. La Corte debe valorar si el Estado ha tenido o no la voluntad política o la capacidad para investigar y juzgar a los principales responsables de crímenes de su competencia.

Recordamos además que el Estatuto de Roma hace parte de nuestro ordenamiento interno, integrado al artículo 93 de la Constitución. El requerimiento del Tribunal Superior de Bogotá a la CPI, lejos de ser un exabrupto como lo quieren hacer ver los patrocinadores de la impunidad, se ajusta al cumplimiento de los fines del Estado Social de Derecho que pregona la Carta Política, para garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en ella.

Reiteramos nuestra preocupación ante las reiteradas intervenciones del Ejecutivo, frente a decisiones judiciales en el caso del Palacio de Justicia, lo cual afecta sensiblemente el Estado de Derecho y debilita la separación de las ramas del poder público.

Igualmente manifestamos nuestra preocupación por las indebidas actuaciones y manifestaciones mediáticas del Procurador Ordoñez, quien el 27 de enero descalificó la providencia del Tribunal sin haberla conocido, solicitando a la Justicia colombiana se inste al Procurador General para que se aparte del trámite de presentación del recurso de Casación, y se abstenga de hacer reuniones privadas con los Magistrados del caso como ocurrió en el trámite de segunda instancia.

Finalmente consideramos que la orden de perdón emitida en la sentencia obedece a los parámetros internacionales, es de obligatorio cumplimiento, constituye parte esencial de la reparación a las víctimas y a la sociedad, y debe ser interpretada como un fortalecimiento al Estado de derecho.

Bogotá, febrero 1 de 2012

RAFAEL BARRIOS MENDIVIL Colectivo “José Alvear Restrepo”

GERMAN ROMERO SANCHEZ

JORGE ELIECER MOLANO RODRIGUEZ

Doctora Viviane Morales Hoyos Fiscal General de la Nación Santa Fé de Bogotá - Colombia

París, Bruselas, 1° de febrero de 2012

Referencia: Preocupación frente a la ausencia de respuesta al pedido de la Justicia belga de autorizar la ejecución de la Comisión Rogatoria en el marco de la investigación de las presuntas actividades ilegales del DAS en Europa

Estimada Señora:

Las organizaciones abajo firmantes, constituidas parte civil en el proceso judicial iniciado en Bélgica en el marco de las investigaciones de las acciones ilegales del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en Colombia, queremos expresar nuestra profunda preocupación por la ausencia de respuesta de la Fiscalía a la solicitud enviada por la Justicia de Bélgica de autorizar la ejecución de una Comisión Rogatoria en Colombia.

Lamentamos el hecho de que si bien esta solicitud ha sido recibida por la Fiscalía en junio del 2011, es decir hace más de seis meses, hasta la fecha no se haya conocido respuesta alguna. Consideramos que esta ausencia de respuesta pone en peligro la acción de la justicia con relación a las presuntas actividades ilegales del DAS en Europa, la cual resulta de suma importancia ya que se trata de presuntos actos criminales perpetrados en contra de defensores de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales e instituciones del sistema de derechos humanos de la Unión Europea.

Estos retrasos son más graves aún por el hecho de que cada día que pase vuelve más difícil la preservación y consecución de pruebas sobre este caso, considerando, entre otros factores, que el DAS ha sido desmantelado y sus agentes dispersados.

Por lo tanto no podemos sino pedirle con insistencia, Señora Fiscal, que responda a la solicitud de la Justicia belga, que de ninguna manera pretende suplantar a la Justicia colombiana sino llevar una acción complementaria para investigar y sancionar las presuntas acciones criminales cometidas por agentes del DAS contra ciudadanos y organizaciones en el territorio belga.

Agradeciendo su atención a la presente y confiando en su pronta respuesta, nos suscribimos de Usted muy respetuosamente.

Souhayr Belhassen Presidenta de la FIDH

Vincent Vallies OIDHACO

Patricia Verbauwhede Responsable de Programas Colombia - Broederlijk Delen

Lizzette Robleto-González Presidenta de CIFCA

Paul-Emile Dupret Comité pour le respect des Droits Humains "Daniel Gillard"

Erik Van Mele Coordinador Servicio América Latina - Oxfam-Solidarité

Contactos de prensa - FIDH : Arthur Manet (francés, inglés y español) Tel : +33 6 72 28 42 94 (Francia) Karine Appy (francés, inglés, portugés y español) Tel : +33 6 48 05 91 57 (Francia)

El espacio resguardado era suficiente para salvarnos de las balas de los colonos que nos cazaban pero no para darnos el sustento alimentario en el mediano y largo plazo. Inicialmente las comunidades teníamos suficientes recursos para satisfacer nuestras necesidades alimentarias, había pesca, cacería, recolectábamos lo que necesitábamos, teníamos pocos vecinos y podíamos usar amplios espacios por fuera del resguardo para satisfacer nuestras necesidades.

La población indígena nos fuimos recuperando de la violencia que casi nos extermina, las familias aumentaron, incluso los Tsiripus gue habían tomado la decisión de no tener más hijos y que la habían mantenido durante varios años, vieron en ese momento una nueva oportunidad para seguir viviendo, gracias a esa decisión aun existen los tsiripus en Caño Mochuelo, únicos sobrevivientes de este pueblo. Pero los recursos naturales disponibles en el resguardo también fueron cada vez más limitados, los vecinos se multiplicaron, cercaron sus propiedades -nuestro territorio tradicional-, cada vez se hizo más difícil el acceso a nuestros lugares de cacería, pesca y recolección, cada vez que lo hacemos entramos en conflicto con nuestros vecinos porque ellos no entienden que acabaron de llegar a nuestro territorio y así se provocan nuevas tensiones entre unos y otros. De esta manera se incubó el problema alimentario, que con el correr del tiempo se nos convirtió en crisis, ahora vivimos un problema crónico.

Al mismo tiempo en que crecía la hambruna en las comunidades, diferentes instituciones desarrollaron proyectos de apoyo para atender el problema alimentario; nos trajeron paquetes productivos, pensando que lo único que necesitábamos los indígenas era que se nos enseñaran a cultivar para salir de ese supuesto estado inferior -aparente origen de la crisis alimentaria-. De esta manera se vino una época de proyectos en donde instituciones del Estado y ONGs nos trajeron soluciones pensadas desde afuera, siempre con las mejores intensiones pero con poco entendimiento de la realidad indígena, atendieron las ramas pero no entendieron la raíz del problema. Mientras tanto, los casos de tuberculosis, desnutrición y otras enfermedades aparecieron con más frecuencia en las comunidades.

Los servicios médicos nos han prestado atención a la población indígena, aunque de manera inconstante y con muchos tropiezos en la atención eficaz; siempre nos dicen que no se puede hacer más debido al bajo presupuesto asignado frente a los altos costos que implica prestar el servicio de manera adecuada por las condiciones de aislamiento geográfico en donde vivimos.

Pareciera que el problema es vivir alejados de las ciudades, donde tampoco hay espacio para nosotros. Ante esta situación, desde hace tres años, conformamos la Escuela Comunitaria de Gestión Territorial [2] , un espacio de análisis colectivo de los problemas del resguardo y las comunidades, para el fortalecimiento de nuestro gobierno indígena y para adelantar acciones que mejoren nuestras condiciones de vida, desde el ejercicio de la autonomía y reconociendo que somos nueve pueblos indígenas diferentes, en doce comunidades, cada una con su propio ritmo y características.

Desde allí hemos pensado en nuestro problema alimentario, hemos definido derroteros y estamos ejecutando acciones concretas para avanzar en el proceso de lograr nuestra soberanía alimentaria. La estrategia para acabar con la muerte por hambre.

A partir del trabajo de cada una de las doce comunidades, nos hemos dado cuenta que aun mantenemos una gran cantidad de conocimientos sobre nuestros sistemas productivos tradicionales, sobre plantas de importancia alimenticia; también encontramos que algunas de esas plantas aún las mantienen unas pocas familias en el resguardo, pero muchas de esas plantas ya no las tenemos y hay que ir a buscarlas en otras comunidades indígenas de los llanos.

Hemos calculado en cada comunidad el área que tenemos para sembrar los conucos y encontramos que ninguna comunidad tiene la disponibilidad de tierras aptas para sembrar el alimento que necesitan nuestras familias. Para explicar la magnitud del problema: encontramos que cada familia indígena del resguardo solo cuenta, en promedio, con menos de un cuarto de UAF [3] ; o sea que ni siquiera podemos vivir como campesinos. Esta situación es la verdadera raíz del problema que nos está condenando a morir poco a poco de hambre y nos va a llevar a desaparecer como pueblos indígenas. Por eso hemos decidido atacar la raíz del problema: por una parte nos preparamos para abastecernos de la comida que a nosotros nos gusta, de la que sabemos cultivar, de la que recolectamos, de la que nos enseña de dónde venimos y lo que somos. Y por otra parte estamos adelantando trámites para la ampliación del resguardo.

Las comunidades con el acompañamiento de nuestras autoridades hemos trabajado hacia la recuperación/apropiación de conocimientos y prácticas de producción de alimentos. Hemos traído algunas pocas de las semillas que necesitamos, las distribuimos en cada comunidad para diversificar los sembríos, así reafirmamos nuestro conocimiento propio. Y para preservar las semillas recuperadas, hemos iniciado la instalación de cinco bancos de semillas comunitarias, desde donde las redistribuiremos a las familias del resguardo hasta que todos tengamos lo suficiente.

A pesar que la implementación y ajuste de este modelo de trabajo para la Recuperación la apropiación y diversificación de alimentos sembrados en Caño Mochuelo, ha sido apoyado por diferentes instituciones [4] , aún queda por recorrer un camino largo hasta que cada familia del resguardo pueda tener al menos un conuco para su alimentación básica.

Mientras que nuestro sueño no se cumpla, seguiremos teniendo niños y ancianos frágiles, expuestos a las enfermedades, instituciones invirtiendo grandes sumas de dinero en tratar de resolver eternos problemas de salud y nosotros perdiendo conocedores de nuestra tradición y sin niños que perpetúen nuestras culturas. La asistencia humanitaria seguirá siendo necesaria mientras se presenten situaciones coyunturales que lo requieran, es una expresión de solidaridad para con los más necesitados y la agradecemos, pero entendemos que esta no puede ser una práctica que se vuelva regular - permanente- continua- , pues pone en juego nuestra autonomía, genera dependencia y deteriora procesos propios de soberanía alimentaria.

Por ello, no alcanzaremos la soberanía alimentaria ni la erradicación de los actuales problemas de salud mientras el Estado no atienda la raíz de nuestros problemas y adelante la ampliación del resguardo. En enero de 2011 presentamos la solicitud de ampliación, pero hasta la fecha desconocemos si se ha iniciado alguna acción concreta en este sentido. El Relator Especial de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas, pone en su informe de la pasada visita a Colombia el caso de Caño Mochuelo como ejemplo de la crisis territorial causante de una crisis alimentaria preocupante [5]

, lo cual no ha tenido eco en el accionar del Estado para este tema en particular y definitivo para nosotros. Sin embrago, nosotros no desfallecemos, internamente seguimos adelantando trabajos de cartografía sobre espacios de importancia cultural y material que nos facilite el ordenamiento del área que estamos solicitando para la ampliación del Resguardo Caño Mochuelo.

Y mientras que nosotros trabajábamos en resolver este asunto, nos llegan noticias que el Estado Colombiano había reconocido el carácter vulnerable de los pueblos indígenas que habitamos Caño Mochuelo, al incluirnos en el Auto 004. Pero también recibimos la noticia que el Estado había asignado a una empresa un proyecto de exploración petrolera en el resguardo. No entendemos al Estado, por una parte nos trae ayudas humanitarias y reconoce nuestra vulnerabilidad para concertar acciones que aseguren nuestra pervivencia, por otra parte no atiende nuestra prioridad territorial y a cambio nos trae una nueva presión sobre el poco y deteriorado territorio en que estamos encerados.

A manera de conclusión nosotros proponemos:

Para solucionar el problema de espacio territorial con la ampliación del resguardo, pedimos a la Mesa Nacional Indígena de Concertación, a la ONIC y al Gobierno Nacional, se sirvan incluir en sus prioridades la ampliación del resguardo Caño Mochuelo.

Solicitamos del Estado Colombiano coherencia en sus políticas frente a los pueblos indígenas de Caño Mochuelo. No entendemos como por un lado se reconoce la vulnerabilidad de los pueblos de Caño Mochuelo -Auto 004-, por otra parte se dilatan las soluciones al problema territorial de fondo, al tiempo que promueve proyectos petroleros en nuestro territorio, como si nada ocurriera en Caño Mochuelo, no entendemos cuales la prioridad para el Estado Colombiano.

Proponemos al gobierno nacional, departamental y municipal, así como a los organismos de cooperación, apoyar la continuidad de la Escuela Comunitaria de Gestión Territorial. Hay labores de identificación, priorización, adquisición y establecimiento de semillas de importancia alimentaria, así como la promoción de auto-investigación sobre adecuación modelos productivos tradicionales a las nuevas condiciones territoriales.

Ordenamiento territorial indígena.

Solicitamos la definición y aplicación de políticas diferenciales para oferta institucional del Estado, a partir del reconocimiento de la diversidad cultural que caracteriza el resguardo de Caño Mochuelo, y desde el ejercicio de nuestra autonomía. El ICBF ha dado un paso importante en este sentido.

Invitamos a continuar con labores de apoyo humanitario a las comunidades y familias con mayores problemas alimentarios, pero entendidas como acciones de emergencia, que no generen dependencia en nuestras comunidades.

Invitamos a concertar la adecuación del sistema de atención de salud en las comunidades del resguardo, para mejorar la calidad en la prestación del servicio en nuestras comunidades.

Los nueve pueblos y autoridades indígenas del resguardo Caño Mochuelo, agradecemos al Gobernador del Casanare, Doctor Nelson Mariño Velandia, por las 8 toneladas de alimento," que nos trajo a las comunidades, seguros que serán de gran ayuda para calmar el hambre de nuestros niños y mayores más necesitados; también queremos expresar nuestra voluntad en colaborar para hacer cumplir el compromiso que anunció en nuestro resguardo "...ningún niño muerto por falta de alimentación ni salud en el Casanare..." [6]

Igualmente agradecemos a nuestra Organización Nacional Indígena de Colombia -ONIC- por su pronunciamiento de respaldo frente al grave problema alimentario que se da en nuestro resguardo.

Estamos seguros que uniendo esfuerzos y compartiendo puntos de vista sobre los problemas que nos aquejan, seremos capaces de pervivir como pueblos indígenas con identidad, orgullosos de lo gue somos y aportando al país con ejemplos de convivencia pacífica en la diversidad. Por ello queremos ofrecer nuestra visión y quehacer frente a lo que está sucediendo en el Resguardo Caño Mochuelo.

Agustín Rodríguez Díaz Gobernador Resguardo Caño Mochuelo

[1] El INCORA declara la Reserva lndígena de Caño Mochuelo bajo Resolución 031 de 1974 y en 1986 la Resolución 003 hace la conversión a Resguardo.

[2] lnic¡ativa financiada por la Agencia Española de Cooperación lnternacional para el Desarrollo AECID y con el acompañamiento de almaciga y Corporación Tabaco.

[3] UAF -Un¡dad Agrícola Familiar-: Cálculo de área mínima que considera el INCODER para dotar de tierra a campesinos y suficiente para desarrollar actividades productivas para el sustento de una familia. Para esta zona del Casanare, el Acuerdo 140 de 2008 del INCODER ha fijado la UAF en 613 hectáreas. Dado que en el Resguardo habitan 613 familias -dato de la Junta de Cabildo- y se cuenta con un área titulada de 94.670 hectáreas, entonces a cada familia dispondría del 18% de una UAF para solventar todas sus necesidades de producción para la subsistencia.

[4] Corporación Tabaco Alamaciga/Escuela Comunitaria de Gestión Territorial/ OIM/ICBF /Almaciga Colombia cubriendo todas las comunidades del resguardo, TROPENBOS-SENA CLARETIANOS en sectores del resguardo.

[5] http ://clavero.derechosindigenas.org/wpcontent/ uploads/2010/01/informe20relator20colomb¡a20auv.pdf

[6] http://www.noticiascaracol.com,/nac...

Todd Howland cuenta con 25 años de experiencia profesional en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Se desempeñó como Representante de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en la República Democrática del Congo y en Angola. Además ha tenido cargos directivos y gerenciales con las Naciones Unidas tanto en Ginebra como en New York. Es autor de numerosos artículos y publicaciones de derechos humanos, y cuenta con una amplia experiencia en materia de cooperación técnica.

Howland fue director del Centro Robert F. Kennedy para los Derechos Humanos y también ha trabajado en la Comisión Europea y en el Centro Carter. Howland ha sido además profesor de derechos humanos en la Universidad Hankuk en Seúl, Corea.

Todd Howland reemplazará al anterior Representante de la Alta Comisionada en Colombia, Christian Salazar Volkmann, quien dejó sus funciones en el país en el mes de diciembre pasado para asumir un nuevo cargo con UNICEF en New York.

El 9 de junio de 2010 el Juzgado Tercero del Circuito Especializado de Bogotá condenó en primera instancia al Coronel Plazas por su participación como coautor mediato en la desaparición de los trabajadores de la Cafetería, tres visitantes ocasionales y la militante del M-19 Irma Franco Pineda.

En el histórico fallo el Tribunal reconoce que la participación del coronel fue fundamental en la desaparición forzada de Irma Franco Pineda, y Carlos Augusto Rodríguez Vera.

El Tribunal ordena, igualmente, algunas medidas de reparación, como el reconocimiento público de responsabilidad, la publicación de la sentencia en la página web del Ministerio de Defensa y del Ejército Nacional y que ningún destacamento militar lleve el nombre del condenado por estos hechos.

Así mismo exhorta al Fiscal principal ante la Corte Penal Internacional, para que considere presentar el caso, ante dicho organismo e impida la consolidación de la impunidad que brinda el fuero que protege al ex presidente Belisario Betancur en el ámbito interno colombiano.

Los abogados de las víctimas reconocen que esta decisión representa un gran logro para la justicia y un importante avance para obtener la verdad

Clasificación cadáveres Palacio de Justicia

Estudios_realizados_­a_restos_oseos_exhum­ados

Estudios_realizados_­a_restos_oseos_exhum­ados

Estudios_realizados_­a_restos_oseos_exhum­ados II

Necropsias

Necropsias

Indíce de Sentencia

Indíce de Sentencia

Yolanda SantoDomingo

Yolanda SantoDomingo

Fotos de Cristina del Pilar Guarín

Fotos Maria Nelfy

Fotos Maria Nelfy

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Entre las autoridades consultadas, se encuentran, la Fiscalía General de la Nación, los Ministerios de Defensa, de Relaciones Exteriores, Policía Nacional, Ejército, Defensoría del Pueblo y Departamento Administrativo de Seguridad – DAS.

Estas solicitudes que arrojaron respuestas negativas frente a la situación de Hurtado, son unas de las pruebas que sustentan el porqué el exilio de la ex directora del DAS, no es legítimo y constituye una evasión de la justicia de dicha funcionaria, en los procesos que por interceptaciones ilegales, se adelantan en Colombia.

Por considerarlo de vital importancia adjuntamos carta.

Carta a Martinelli

Los invitamos a participar mañana 27 de enero a las 2:00 pm

Oficina Corporación Claretiana Norman Perez Bello tercer piso

Crr 15 No. 10 - 41

Las organizaciones del Bajo Atrato, indígenas, campesinas y afros; Consejos Comunitarios, Juntas de acción Comunal, Organizaciones sociales, ASCOBA, CAMIZBA, Iglesia, Parroquia Nuestra Señora del Carmen de Riosucio.

Viajamos a Bogotá 150 representantes de las comunidades afros e indígenas con el objetivo de realizar una concentración mediante la cual denunciaremos y daremos a conocer la emergencia humanitaria que viven los poblados asentados en la orilla del rio Atrato.

El constante desbordamiento del rio Atrato ha provocado ahogamiento de niños, pérdidas de los cultivos de pan coger y semovientes, destrucción de casas, desplazamiento de población, y daños de vías de acceso terrestres. A esto se suma el abandono por parte del gobierno en inversión social y política pública.

La alta tasa de mortalidad infantil, principalmente, por la ausencia de un hospital de primer nivel, médicos, y medios de transporte para enfermos graves.

La espera de la devolución de tierras en las cuencas de los Consejos comunitarios: La Larga y Turmaradó, Jiguamiandó y Curvaradó.

El desplazamiento de las comunidades de Salaquí y Truando que esperan un retorno digno y seguro.

Incumplimiento en la atención y entrega de ayuda a la población desplazada quienes se quedan a la espera de un código.

Cansados de soportar todos los años inundaciones por el desbordamiento del rio Atrato, debido a los sedimentos de su cauce y el taponamiento de las bocas, 150. 000 habitantes, de los municipios de Riosucio, Carmen del Darién, Turbo, Murindó, Bojayá, y Vigía del fuerte se han visto afectados desde hace más de tres años.

Esta situación no sólo nos tiene cansados, sino que es una amenaza para la vida de nuestros hijos, hijas, y toda la comunidad en general. Por otra parte, la ausencia de una política pública para el desarrollo de los municipios de la orilla del rio Atrato, y la persistencia de problemáticas históricas como la pobreza, la violencia, e infraestructura de servicios públicos, atención en salud y educación nos ha llevado a encadenarnos y declararnos en huelga de hambre en la ciudad de Bogotá, para manifestar al País y principalmente al señor Presidente de la República JUAN MANUEL SANTOS CALDERON que escuche el clamor del pueblo chocoano y se firmen acuerdos serios que solucionen en parte la problemática que tienen los habitantes del rio Atrato.

Antecedentes

 En Quibdó el 19 de febrero del año 2009 el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez representado por el Ministro de Transporte Andrés Uriel Gallego H. firmó unos compromisos con las organizaciones del Paro Cívico del Chocó donde se incluyen dragados de varias bocas del rio Atrato, y no cumplieron.

 En el año 2011 el señor LICENIO CORDOBA RAMOS y otros ciudadanos del municipio de Riosucio instauraron demanda de tutela ante el Tribunal Contencioso del Chocó contra la Nación, Ministerio del Interior y de Justicia, Ministerio del Medio ambiente, Departamento del Chocó, Alcalde de Riosucio y CODECHOCÓ. Solicitando el dragado del rio Atrato y sus respectivas desembocaduras.

 El tribunal resolvió tutelar los derechos fundamentales a la subsistencia de la comunidad y no cumplieron.

 En el año 2011 en las riveras del rio Atrato, Bojayá, Vigía del fuerte, Murindó. Carmen del Darién, Riosucio, Unguía fallecieron por inmersión 22 niños sin que se dieran a conocer o llegaran a ser denunciados por la prensa o por el ICBF.

 La mayoría de nuestras viviendas son construidas con madera y están podridas debido a que permanecen sumergidas en las aguas del rio Atrato. El gobierno prometió auxilios para la reparación de viviendas, lo que hasta el momento no se ha hecho efectivo.

 Los cultivos de nuestras fincas se murieron y no ha llegado ayuda Estatal. Solo se hicieron entregas de unos mercados, a través de Colombia Humanitaria, sin registro de INVIMA y en mal estado.

Llamamos a las organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos, medios de comunicación nacionales y locales, e Iglesia, unirse y acompañarnos en esta manifestación donde denunciaremos y daremos a conocer la EMERGENCIA HUMANITARIA que viven los poblados asentados en la orilla del rio Atrato.

Pedimos también al Gobierno Nacional:

1º Que se respeten los derechos y la integridad de las personas que vamos a estar concentradas, ya que nuestra manifestación es pacífica y no tiene otro fin que el de permanecer allí hasta ser escuchados.

2º Pedimos también garantías en materia humanitaria, y para ello requerimos de carpas, baños, hidratación, y atención en salud.

3º Establecer una mesa de diálogo con el Gobierno Nacional, por los reiterados incumplimientos del Gobierno con nuestras comunidades afros e indígenas en diferentes acuerdos firmados desde el año 2009 hasta la fecha, para llegar a discutir un pliego de peticiones y se firmen acuerdos serios que den respuestas a las necesidades ya mencionadas.

4º Crear una mesa permanente que haga seguimiento a los compromisos pactados.

Atte.

Comunidades del Bajo Atrato

El evento tuvo como objetivo, reflexionar no solo, sobre la participación de los pueblos indígenas, en las consultas previas al Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, al Decreto Ley 4633 de 2011 para la atención, asistencia y reparación de las víctimas de los pueblos y comunidades indígenas, sino analizar el trabajo adelantado en la formulación del Programa de Garantías, y la grave situación humanitaria que afrontan los pueblos indígenas de Colombia.

En el texto de la declaración, los delegados indígenas, además de condenar hechos recientes y reiterados de violencia sistemática y generalizada que se han producido “contra nuestros hermanos indígenas de los departamentos de Nariño, Cauca, Putumayo, Antioquia, Tolima y de otros departamentos del país”, manifiestan su rechazo, a las declaraciones del Ministro de Transporte, Germán Cardona Gutiérrez, realizadas el pasado 16 de diciembre en el marco del Foro Vial del Putumayo, realizado en la Cámara de Representantes, en la que éste señaló a los pueblos indígenas de “aparecidos” (brotan de la tierra) y “perversos”, dejando entrever que las comunidades indígenas son un estorbo para el desarrollo del país y alentando a la discriminación, señalamientos y persecución contra los pueblos indígenas.

Transcribimos a continuación, la declaración política de los delegados indígenas de la Mesa

POSICIÓN POLÍTICA DE LOS DELEGADOS INDIGENAS DE LA MESA PERMANENTE DE CONCERTACIÓN CON LOS PUEBLOS Y ORGANIZACIONES INDÍGENAS Y DE LA COMISIÓN NACIONAL DE TERRITORIO.

Nosotros, los Delegados Indígenas de la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas y de la Comisión Nacional de Territorio, reunidos en la ciudad de Bogotá durante los días 23 y 24 de enero de 2012, después de reflexionar sobre nuestra participación en las consultas previas al Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, al Decreto Ley 4633 de 2011 para la atención, asistencia y reparación de las víctimas de los pueblos y comunidades indígenas y, el trabajo adelantado en la formulación del Programa de Garantías, así como de analizar la grave situación humanitaria que afrontamos los pueblos indígenas de Colombia, quienes seguimos siendo sujetos de asesinatos, desplazamientos, violaciones sexuales a menores, así como de otras graves y manifiestas vulneraciones a los derechos humanos e infracciones al DIH; como también el sinnúmero de concesiones mineras, agroindustriales y megaproyectos de infraestructura y de explotación de recursos naturales, vulnerando el derecho fundamental a la consulta previa; INDIGNADOS por las declaraciones de altos funcionarios del Gobierno Nacional; en defensa de la vida, el territorio, la autonomía, la cultura y la unidad de los pueblos, nos permitimos MANIFESTARLE al Gobierno Nacional y a la opinión pública nacional e internacional, que: CONDENAMOS Y RECHAZAMOS

1. Los hechos recientes y reiterados de violencia sistemática y generalizada que se han producido contra nuestros hermanos indígenas de los departamentos de Nariño, Cauca, Putumayo, Antioquia, Tolima y de otros departamentos del país.

2. El asesinato selectivo de dirigentes indígenas que han dado su vida en defensa del territorio, la cultura, la unidad y la autonomía de los pueblos indígenas, entre ellos, los compañeros Sergio Parra Mendoza, expresidente del CRIT, del pueblo Pijao asesinado el 18 de diciembre de 2011, Jaime Alberto Chazatar exgobernador del pueblo Pasto asesinado el pasado 31 de diciembre y atentados contra el exgobernador y alcalde del Gran Cumbal Jorge Alpala y el director de su IPS Abrahan Mitis, entre muchos más.

3. La violencia sexual contra las mujeres indígenas y el enamoramiento como táctica de guerra, en especial de nuestras niñas, futuro de la existencia nuestra como pueblos.

4. El otorgamiento continuo de concesiones mineras, de hidrocarburos y agroindustriales que afectan directamente los territorios indígenas, profundizan la pobreza en nuestros territorios, fraccionan el tejido social, cultural y organizativo, desconocen la existencia física y cultural de los pueblos indígenas como propietarios de nuestros territorios ancestrales y aceleran los procesos de exterminio físico y cultural.

5. Las declaraciones del Ministro de Transporte Sr. Germán Cardona Gutiérrez el pasado 16 de diciembre de 2011 en el marco del Foro Vial del Putumayo, realizado en la Cámara de Representantes en el que señaló a los Pueblos Indígenas de “aparecidos” (brotan de la tierra) y “perversos”, dejando entrever que las comunidades indígenas son un estorbo para el desarrollo del país y alentando a la discriminación, señalamientos y persecución contra los pueblos indígenas.

EXIGIMOS

1. Convocar de manera urgente y extraordinaria una sesión de la Comisión de Derechos Humanos para adoptar medidas frente a la grave situación humanitaria que afrontan actualmente los pueblos indígenas. Asimismo, adelantar la implementación inmediata de lo establecido en el Decreto Ley 4633 de 2011 para proteger a los pueblos y comunidades indígenas frente al conflicto armado interno.

2. El cumplimiento de lo establecido en el decreto 1397 de 1996 y respetar las funciones que ejerce la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas en el marco de dicha norma.

3. Que el Sr. Ministro de Transporte se retracte de manera pública e inmediata por los mismos medios de comunicación que utilizó para hacer afirmaciones “perversas” que ponen en grave riesgo la integridad física de los dirigentes indígenas de la región y del resto del país y, en consecuencia, lo responsabilizamos de cualquier acto de violencia contra los dirigentes y comunidades de los departamentos que señaló irresponsablemente en su intervención.

4. Respeto al ejercicio del derecho fundamental de la Consulta Previa y el CONSENTIMIENTO frente a las medidas administrativas y legislativas que afecten a los pueblos indígenas, bajo los estándares nacionales e internacionales que la han desarrollado.

5. Coherencia interinstitucional entre las distintas carteras del Gobierno Nacional que permanentemente dilatan, incumplen y plantean maniobras técnicas y sin mayor fundamento jurídico para no cumplir los acuerdos pactados con los pueblos indígenas.

6. Convocar una reunión con los todos los Ministros para que rindan informe sobre el cumplimiento de los acuerdos pactados con los pueblos indígenas en sus diferentes escenarios de Concertación. En especial, los concernientes a la disponibilidad presupuestal para el cumplimiento de los acuerdos como los pactados en el Plan Nacional de Desarrollo y la Comisión Nacional de Territorio.

7. Al Departamento Nacional de Planeación que entregue por escrito todos los informes de cumplimiento de cada uno de los Ministerios o del Gobierno Nacional en el desarrollo de los acuerdos del Plan Nacional de Desarrollo y su efectividad.

8. Al Presidente de la República Dr. Juan Manuel Santos Calderón, el cumplimiento de la reunión pactada para el mes de febrero del año en curso, con la presencia de todo su gabinete ministerial, con el fin de adelantar el seguimiento y evaluación de los acuerdos pactados con su Gobierno, así como definir los presupuestos, metas y acciones concretas a desarrollar de manera consultada con los pueblos y comunidades indígenas en su territorio. Asimismo, sea esta la oportunidad para discutir sobre aquellos puntos en los que no ha habido avance con su Gobierno y para evaluar a fondo las actuaciones de las entidades públicas frente a proyectos o iniciativas que afecten a los pueblos indígenas.

Los Pueblos Indígenas de Colombia representados en la Mesa Permanente de Concertación y en la Comisión Nacional de Territorio MANTENEMOS nuestra voluntad de diálogo político sobre la base del RESPETO a los derechos humanos, a la protección de nuestros territorios y recursos naturales, así como de la observancia del cabal cumplimiento de los acuerdos pactados con el Gobierno Nacional.

Así mismo las organizaciones indígenas CONVOCAMOS a los pueblos y comunidades indígenas a defender el territorio, exigir el cumplimiento de los derechos y acuerdos pactados con el Gobierno Nacional, resistir frente al modelo de desarrollo extractivista y devastador de los recursos naturales y del medio ambiente y, prepararnos para la movilización social como un instrumento de protección de la vida en contra del proyecto de muerte contra nuestros pueblos.

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de enero de dos mil doce (2012).

DELEGADOS INDÍGENAS DE LA MESA PERMANENTE DE CONCERTACIÓN CON LOS PUEBLOS Y ORGANIZACIONES INDÍGENAS Y DE LA COMISIÓN NACIONAL DE TERRITORIO INDÍGENA.

Un hecho que empañó este conflicto laboral —y que generó indignación y una fuerte respuesta de los trabajadores en uso de su legítimo derecho de huelga— fue la arremetida violenta del escuadrón del ESMAD de la policía, que el mismo domingo llegó a la mina para tratar de desalojar a los huelguistas con gases lacrimógenos y acciones de fuerza, con resultado de un trabajador herido (Luis Jorge Torres), quien se recupera en el hospital de Hato Nuevo.

Se trata de un conflicto —otro más— originado en las malas condiciones laborales y salariales de las personas que trabajan como contratistas en el sector minero energético; que son las mismas razones que el año pasado generaron una larga serie de paros y huelgas en minas y campos petroleros del país.

En efecto, lo que piden los trabajadores en huelga (200 de la empresa Gente Estratégica y 40 de Gente Caribe, en su mayoría afiliados al sindicato Sintramienergética, de la CUT) no es otra cosa que la mejora de sus condiciones de trabajo, que son muy inferiores a las que tienen los trabajadores vinculados —e incluso contratistas— de otras consorcios carboníferos en Cesar y La Guajira.

El pliego de peticiones se presentó el 1º de octubre, el 29 de noviembre (con la mediación del Ministerio de Trabajo) se iniciaron las negociaciones, que se prorrogaron hasta el 7 de enero, día en que éstas se rompieron tras la negativa de las empresas contratistas y OPM a continuarlas, aduciendo que, en su condición de contratistas, no tenían facultades para negociar los temas económicos del pliego. Con el agravante de que el 2 de enero fueron despedidos 25 trabajadores, todos afiliados al sindicato. Así las cosas, en asamblea general del sindicato, realizada el 16 de enero, se acordó la huelga.

Los puntos del pliego

De acuerdo con la información suministrada a esa agencia por Ever Causado, secretario general de Sintramienergética Nacional, quien coordina la huelga, el pliego que los trabajadores presentaron, y que las empresas Gente Estratégica y Gente Caribe se niegan a negociar, contiene, entre otras exigencias, garantía de estabilidad laboral y continuidad de los contratos de trabajo, toda vez que OPM ya anunció que el próximo 27 de abril terminará el contrato con Gente Estratégica, lo que dejará sin empleo a sus 200 trabajadores.

Es de anotar que son trabajadores que, en su mayoría, no han estado vinculados directamente a las empresas en las cuales han trabajado, sino tercerizados mediante bolsas de empleo o empresas contratistas, con escasas garantías de estabilidad laboral y precarias condiciones salariales. Incluso hay algunos que llevan más de 15 años tercerizados.

Asimismo, piden un reajuste salarial acorde con los estándares del sector carbonífero, toda vez que los operarios de la mina Caypa son los más mal pagados de la región. Según Ever Causado, en esta mina un operario de pala mecánica no gana más de millón y medio de pesos, mientras un operario en otras empresas, como la Drummond, por ejemplo, gana dos millones y medio de pesos por hacer la misma tarea. Además no les pagan las horas extras que generan sus largas jornadas (trabajan 12 horas durante 8 días seguidos con 3 días de descanso), con lo que les “birlan” casi el 40% del salario.

Lo anterior —según Causado— no tiene congruencia con las grandes ganancias económicas que obtiene la empresa propietaria de la mina, la cual se explota desde 1992 y de la que hoy se sacan diariamente 6 mil toneladas de carbón, o sea más de 2 millones al año, a un precio de 80 dólares la tonelada en el mercado internacional.

Otras peticiones incluidas en el pliego tienen que ver con mejoras en la alimentación, garantías en los procesos disciplinarios, y mejor seguridad industrial, toda vez que son recurrentes los accidentes de trabajo, en un oficio que es de alto riesgo. Incluso piden que haya una ambulancia permanente. Igualmente piden un transporte más adecuado, buses a los que no les entre el polvo y el agua, pues diario deben recorrer 12 kilómetros por carreteras destapadas.

“Para nosotros el problema atañe a Carbones de Colombia el Cerrejón, que es la compañía dueña del título minero, y por tanto la que impone las condiciones en la mina, de la cual OPM es apenas la operadora. Pero hasta ahora esta compañía no ha dado la cara ”, señaló Causado, quien además aseveró que el Ministerio de Trabajo no es un actor determinante en este conflicto, pues al delegado del Ministerio la operadora OPM ni siquiera lo ha dejado entrar a la mina. Por el contrario, ha solicitado una querella policiva a fin de desalojar a los trabajadores. “Los trabajadores siguen ocupando pacíficamente la mina, y no se van a dejar sacar de ahí hasta que no se arregle el conflicto”, puntualizó el dirigente sindical.

La Corporación Humanidad "Maestra Vida" comparte y celebra este fallo trascendental para el movimiento obrero, para el movimiento social y popular y para la oposición política en Colombia que, a través de los procesados, ha logrado superar un largo proceso de sindicación, detención, investigación, acusación y enjuiciamiento con ocasión de la causa en su contra, logrando finalmente prevalecer y lograr en el pronunciamiento de fondo de la justicia, el resarcimiento de sus derechos.

Fueron 2 años de Audiencias preparatorias y más de un año de Juicio en los cuales la Fiscalía seccional llevó a declarar a más de 40 testigos en su contra, en 18 audiencias de juicio oral y público, sin lograr su propósito de incriminar a los acusados; los trabajadores a su vez, confiaron en su verdad, la misma que hoy la Juez 3ra penal Especializada ratificó en la lectura del Sentido de Fallo: Por considerarlo de especial interés y relevancia, compartimos de manera textual, apartes del pronunciamiento en su sentido del fallo absolutorio en este caso de la Juez 3ra Penal Especializada, Dra. María Eugenia Correa; "La única persona con la cual la fiscalía podía probar el delito Concierto para Delinquir, era José Emilio Londoño Acevedo (...) El testigo Londoño Acevedo en los diferentes aspectos por los cuales se le cuestionó en juicio, no ofreció un testimonio impoluto, claro, concatenado, hilvanado, no preciso aspectos relevantes e importantes respecto de las fechas, sitios, asistentes a las reuniones. Fue evasivo en respuestas, impreciso, olvidadizo y al momento de podérsele refrescar memoria con declaraciones o denuncias que había rendido incurrió en serias contradicciones (...) Su actitud nerviosa, esquiva, olvidadiza que denoto al declarar en este juicio deja mucho que desear acerca de la veracidad de sus dichos. Decir que José Emilio dijo en Juicio la verdad sin más referentes que concluirlo cuando se conciertan muchos aspectos en disfavor del testigo, es desconocer una verdad de Perogrullo. José Emilio no es el declarante preciso, seguro, coherente, concatenado que la fiscalía considera. Es que en este juicio él representaba el testigo directo; él tenía la obligación de ser claro, no podía contradecirse en aspectos importantes".

El Despacho concedió la razón a los trabajadores que en el año 2008, hicieron uso de los derechos de huelga y libre asociación para exigir condiciones dignas de trabajo: "Se tiene claro que muchas personas se congregaban en plazas publicas a debatir el tema del cese de actividades, a reclamar derechos laborales (...) Nunca se conoció si en realidad alguno de los lideres o asesores del congreso de la republica direccionaban el cese de actividades a cometer actos ilícitos ¿Qué actividad desarrollaron en pro de ello? Nadie declara haberlos visto portando elementos indicados para tales fines ilegales, no se les ve ejecutando los mismos...no se presentaron medios videográficos que demuestren ello (...) A nadie les constaba más que un cese de actividades. Ahora bien, no se puede concluir sin más de que estas 6 personas se confabularon para lesionar, dañar, quemar y por ello relacionarlos con los hechos delictivos que se investigan (...) Ninguna prueba de la fiscalía probó que estaban destinados a ejecutar actos previamente concertados (...) Los representantes de victimas enfilaron sus alegatos a decir que los asesores Juan Pablo Ochoa y Alberto Bejarano instigaron, llevaron, determinaron a los corteros de caña al paro y ello junto con los lideres que serian 14, pero que a juicio se trajeron a 4, se hacían inmersos en los delitos de Concierto para Delinquir y de contera Lesiones Personales y Sabotaje. Además se habló de la posición de garante que asumían en esas condiciones de asesores y lideres y por ello ese deber ser de garantes los convertía en ejecutores de conductas ilícitas. Esa posición muy respetable, no la comparte el despacho y en su sentencia hará alusión al tema. (...) Lo cierto es que la prueba que presentó el ente acusador no demuestra un sabotaje, unas lesiones personales ni un concierto para delinquir tal como lo refirió la procuraduría y la defensa. Por ello para este despacho no es dable deducir fallo de responsabilidad penal para los 6 acusados (...) Por lo tanto permanece incólume la presunción de inocencia y por ello se anuncia sentido de fallo absolutorio para los acusados, porque es la duda probatoria la que emerge del compendio probatorio". Dra. María Eugenia Correa, Juez 3ra Penal Especializada.

La Corporación Humanidad Maestra Vida, hace extensivo su mensaje de agradecimiento y reconoce a todas las organizaciones sindicales, sociales y defensoras de derechos humanos que de manera generosa y desprendida acudieron al llamado a la solidaridad con los trabajadores corteros de caña. Agradecemos igualmente a los centenares de hombres y mujeres, que en el Valle del Cauca, en toda Colombia y en el mundo, acompañaron de forma permanente y vigilante, el juicio a los trabajadores; haciendo de la causa de los corteros de Caña, su propia causa personal, colectiva y ciudadana.

Especial mención nos merecen los abogados y abogadas, que desde los más diversos lugares, aportaron de manera silenciosa y desinteresada, sin cobrar un solo peso de honorarios, para construir la sólida plataforma jurídica que desde la defensa técnica de los acusados, logró el resultado final en el juicio de 1ra instancia, con el sentido del fallo proferido en el día de hoy. Igualmente, reconocer el papel de los medios de comunicación, tanto los masivos como aquellos del circuito alternativo, en el Valle del Cauca, en Colombia y a escala internacional, quienes soportando en muchos casos, las más grandes presiones, divulgaron y apoyaron el derecho a la información de las comunidades, en torno a este caso.

La Juez 3ra Penal Especializada ha convocado para el próximo 27 de Marzo, audiencia pública y oral para la lectura de la Sentencia que clausura este juicio, en su integridad en el despacho.

Enero 23 de 2011 Corporación Humanidad Maestra Vida Blog: http://humanidadmaestravida.blogspot.com

Si a lo anterior le sumamos la directriz, que estos contratos solamente tengan vigencia hasta junio de 2012, consideramos que la respuesta que la institución le debe dar a los usuarios se va a ver afectada negativamente por muchas consecuencias que estas arbitrarias determinaciones generan. Tal actuación solo se justificaría, ante la decisión de concretar el aumento de planta de personal que hemos reclamado vehementemente desde hace tanto tiempo.

Resultan contradictorios e incoherentes los planteamientos de la administración, según los cuales establecen como uno de los ejes centrales de su actuación, la recuperación de la calidad, cuando al tiempo desconocen condiciones dignas a los contratistas y no pareciéndoles esto suficiente, imponen la reducción de la remuneración de un importante número de compañeros que de manera esmerada y dedicada han prestado sus servicios a la entidad, so pretexto de que no cuentan con TITULOS, con lo que además quedan sorprendidos en otra incoherencia, pues justamente la entidad que proclama la importancia del modelo de competencias pretende centrar los requisitos, exclusivamente en la exigencia de títulos académicos. Es preciso aclarar, que no pretendemos que se desmejoren las condiciones económicas a quienes ostentan títulos, simplemente que se reconozcan la competencia demostrada: experiencia, dominio técnico y demás calidades de quienes imparten Formación Profesional, quienes son los que especialmente aportan a la cualificación de los trabajadores colombianos de menor nivel académico.

Es difícil exigirle sentido de pertenencia y calidad a un contratista que día a día debe sufrir la incertidumbre de su estabilidad laboral, y muy seguramente si además se siente indignado ante la disminución del pago por su contrato, cuando de una vigencia a otra los costos de supervivencia en Colombia se incrementan ostensiblemente.

Por otra parte, en la mencionada circular, se establecen cuatro grupos de contratistas, un grupo A, al que no se le hacen exigencias académicas y se le da el nivel de “Expertos”, quienes deben contar con el visto bueno de la Dirección Nacional serán beneficiarios de asignación mensual de $5.500.000 o $60.000 por hora, mientras que a otros funcionarios “tipo B”, a quienes se les exige nivel universitario con postgrados se les determina asignación mensual de $3.100.000 o $26.500 por hora. Esta definición da cuenta nuevamente de la verdadera intención de la administración que es la de convertir al SENA en una entidad de Educación Superior y formalizar su oferta, pues no de otra manera se explica la elevación de los requisitos académicos, dado que para Formación Profesional, requerimos instructores con dominio técnico efectivo, más que doctores, considerando que nuestra misión es la ejecución de la Formación Profesional y no el desarrollo de disciplinas académicas.

Pero también están los de tercera y cuarta categoría, que el director llama “tipo C” y “tipo D”, son los instructores que en mayor número deben atender los programas de formación a quienes se les asignan tarifas de $2.600.000 y $2,000.000 respectivamente o su equivalente en horas de $20.900 y $16.700, es en estos grupos donde es más sensible la reducción de las tarifas, con relación a las que recibieron el pasado año.

Durante muchos años SINDESENA, ha exigido un trato digno para los contratistas en general y particularmente para los instructores, los que en número han llegado a superar los 20.000 anuales, este grupo de trabajadores han sido objeto de explotación desmedida, en la mayoría de los casos no se les reconoce costos de manutención cuando deben desplazarse a un lugar diferente a su sede habitual de prestación de servicios, no se les permite programar ni le son reconocidos tiempos para la preparación de clases, tiempo de evaluaciones y seguimiento a sus procesos y para ajustar una asignación digna, deben laborar en horas directas de formación en jornadas que superan lo establecido en cualquier establecimiento educativo para quienes hacen labores de docencia y lo que es más vergonzoso pregonan el trabajo en equipo, pero no se les garantiza tiempo remunerado para reunirse.

Este comportamiento de la administración da cuenta que sus planteamientos sobre la calidad, la inclusión y el respeto de los derechos de los trabajadores, son más un discurso que una premisa que se aplique en la entidad.

De manera particular llama la atención que sea un Sacerdote quien lidere estas decisiones, muy en contravía de conceptos papales que en diversas oportunidades han hecho llamados al reconocimiento justo del trabajo, como elemento básico de justicia y convivencia.

SINDESENA rechaza esta manifestación clasista de la dirección del SENA en contra de los trabajadores colombianos, hace un llamado vehemente para que se establezca un reajuste a dichas tarifas, mínimamente acorde con los incrementos establecidos por el gobierno en torno al salario mínimo y hace un llamado a todos los contratistas a organizarse para evitar que sus mínimos derechos sean vulnerados de esta forma tan perversa. En el mismo sentido, exhortamos a los trabajadores de planta de la entidad y a los estudiantes a condenar estas prácticas de explotación, a acompañar las denuncias nacionales e internacionales que instauraremos, especialmente las acciones de hecho que seguramente emprenderemos en defensa de la entidad, los derechos de trabajadores y estudiantes, por la ampliación de la planta de personal, contra la corrupción, el clientelismo y la politiquería en la entidad.

Finalmente, pese a que desde que conocimos la situación hemos indagado a la administración aún no hemos obtenido respuesta alguna, por ello solicitamos a los contratistas remitirnos los casos en donde se evidencie la desmejora de la remuneración por los servicios prestados, a fin de iniciar inmediatamente acciones legales, elevar la denuncia, movilizarnos en contra de estas medidas y poner de manifiesto la explotación a que son sometidos algunos contratistas del SENA.

JUNTA NACIONAL DE SINDESENA

Bogotá, 17 de enero de 2012

Email de contacto: sindesenacauca@hotmail.com

Destruyeron varios elementos de trabajo de la finca, pintaron las paredes con consignas de los grupos de autodefensas, amenazaron a varias personas, maltrataron verbalmente a los familiares residentes, y a otras víctimas integrantes de la CRS, los amarraron con los cordones de sus zapatos, mientras los sacaban y conducidos hasta un lugar cercano, donde fueron ejecutadas con fusil.

Los cuerpos sin vida fueron hallados en distintos lugares de la región. Uno de ellos, fue abandonado en un puente de la vereda El Cairo ubicada entre los municipios de Montebello y Santa Bárbara, y otro en zona rural del municipio de La Ceja.

El día lunes 24, la oficina de prensa de la Cuarta Brigada informó que: “ en zona rural del Municipio del de Viboral fueron dados de baja dos guerrilleros cuando pretendían derribar una torre de energía “.

Posteriormente el Ejército Nacional adelantó las gestiones para que se realizara el levantamiento de los cadáveres por parte de la Fiscalía Seccional quien trasladó los cuerpos sin vida a la morgue del cementerio de El Carmen de Viboral, lugar al que también llego el CTI para realizar la diligencia de inspección de los cadáveres.

Les tomaron fotos, les practicaron la necropsia y también les realizó el cotejo dactiloscópico con los archivos de la Registraduría.

Se evidencio en estos informes, que en uno de los cuerpos se encontró la fotocopia de la cédula de ciudadanía, que los cadáveres presentaban señales de torturas y pertenecían a miembros de la Corriente de Renovación Socialista, que una de las víctimas había sido ultimada con nueve tiros por la espalda y que en una de sus manos aparecía un cordón, y que los uniformes que vestían no tenían ninguna perforación, conclusiones razonables para deducir que no podían haber participado en algún combate.

Dos días después, el Ejército en su boletín oficial informó: “dos guerrilleros de la cuadrilla Carlos Alirio Buitrago del ELN fueron abatidos en desarrollo de la ofensiva militar adelantada por el Ejército para proteger la infraestructura eléctrica en el departamento de Antioquia... los insurgentes pretendían colocar cuatro cargas explosivas en una torre de energía, en la vereda Madera, del municipio de El Carmen...”.

Los militares para ocultar las pruebas contundentes que había contra ellos, cuando se descubrió la acción sincrónica del Batallón Mecanizado Juan del Corral, adscrito a la Brigada 4 del ejército nacional y los paramilitares bajo la etiqueta de “Frente Batalla del Santuario del Bloque Metro de las ACCU”, develándose que las víctimas dadas de baja por el Ejército eran aquellas retenidas por las AUC, llegaron a la morgue de El Carmen de Viboral, violentaron las cerraduras, pintaron consignas de la cuadrilla Carlos Alirio Buitrago del ELN y raptaron los dos cuerpos sin vida, que hasta la fecha se desconoce donde están.

Luego se conoció que el comunicado que enviaron los paramilitares por fax a varios medios masivos, en el que justificaban la masacre de la Finca La Galleta, fue emitido por una oficina de la Cuarta Brigada con sede en Medellín.

Dos meses después, el 23 de marzo del 2000, se realizó una nueva incursión armada a la Finca “La Galleta”, esta vez el grupo armado se identificó como Militares del Batallón Pedro Nel Ospina, simulando un enfrentamiento con la guerrilla, destruyendo el lugar y llevándose consigo a 30 campesinos de la zona, amenazando a los rehenes, manifestándoles que : “A la finca la Galleta no podía volver ningún hijo de puta o es hombre muerto “

Estos actos causaron el desplazamiento forzado de los campesinos de la vereda San Antonio, jurisdicción del corregimiento de Sabaletas y de los habitantes de la Finca “La Galleta, producto de las intimidaciones, prácticas bélicas y hostigamientos por parte de los paramilitares en connivencia con el ejército, haciendo dejar atrás un propósito de cambio para estas familias. Queremos hoy recordar a aquellos que forjaron con nosotros al calor de la lumbre y de un café la semilla de una tierra para todos pero que hoy no están porque la sevicia, la maldad, la mentira y el engaño los persiguieron hasta asesinarlos.

Recordamos en especial a Jose Evelio Gallo Gallo, Uberney Giraldo Castro, Jairo Hernando Sánchez Gil, Adolfo Parra, Wilfredo Cañaveral, Y Antonio Serna entre muchos otros cuyo sacrificio y muerte a manos de miembros del Ejército Nacional de Colombia, hoy honramos con el mejor de los homenajes.

Durante esta misión, la FIDH y el CCAJAR entregarán a las autoridades panameñas pruebas que constatan que María del Pilar Hurtado no fue objeto ni de amenazas, ni de persecución política en Colombia, y solicitarán la revocación del ásilo territorial que le fue otorgado en noviembre de 2010.

El 13 de diciembre de 2011, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Colombia, por orden de la Fiscalía General de la Nación, formalizó a las autoridades panameñas la solicitud de extradición de la ex-directora del DAS María del Pilar Hurtado, quien fue sancionada por la Procuraduría General de la Nación de Colombia con inhabilitación de 18 años y está acusada por la justicia colombiana de concierto para delinquir agravado y otros delitos que han sido confesados por altos funcionarios del DAS que estuvieron a su servicio.

Ya en noviembre de 2010, después de que las autoridades panameñas otorgaran ásilo político a María del Pilar Hurtado, la FIDH realizó una misión a Panamá con el fin de que se revocara el asilo otorgado, recordando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y a las garantías de no repetición frente a crímenes que lesionaron profundamente la institucionalidad y la democracia colombiana.

En la presente oportunidad, la FIDH insta a las autoridades panameñas a revocar el asilo otorgado irregularmente y a cumplir con la solicitud de extradición de María del Pilar Hurtado, de manera a que ésta responda ante la Justicia colombiana por las actividades ilegales del DAS bajo su dirección.

Asimismo, la FIDH urge a las autoridades panameñas a velar por el buen desenvolvimiento de la misión así como por la seguridad de sus integrantes, y a cumplir con las obligaciones internacionales de Panamá, evitando cualquier acto que implique contribuir a la impunidad de una de las principales responsables de tan graves delitos, permitiendo que asista al juicio en su contra ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia.

Contacto : Karine Appy + 33 1 43 55 14 12 / + 33 1 43 55 25 18

En el presente documento la Comisión Colombiana de Juristas llama la atención sobre los siguientes aspectos contenidos en las recomendaciones del Grupo de Trabajo: (1) autonomía e independencia de la Comisión Interamericana; (2) Capítulo IV del Informe anual de la CIDH; (3) El sistema de peticiones individuales; y (4) Medidas cautelares. Como conclusión presentamos una serie de recomendaciones dirigidas a los Estados americanos.

Ver adjunto

Para este efecto, le presentan una “propuesta en construcción” que contiene “mecanismos, garantías, ruta metodológica, equipo de apoyo, espacios de interlocución y concertación con los Consejos Comunitarios y sus organizaciones étnicas, cronograma y aspectos operativos de la misma”

De tal manera, le solicitan a la mayor brevedad posible, una reunión con los ministros e instituciones encargadas del tema y los entes de control del Estado para concertar esta propuesta y hacer viable la presentación del proyecto en esta legislatura.

Por considerarlo de importancia, transcribimos a continuación la carta

Territorios de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Palenqueras y Raizales, 16 de enero de 2012.

Doctor

JUAN MANUEL SANTOS

Presidente de la Republica de Colombia.

E. S. D.

Asunto: Procesos de Consulta y Consentimiento Previos, Libres e Informados del proyecto de ley de Tierras y Desarrollo Rural a las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Palenqueras y Raizales.

Respetado Señor Presidente,

Nos dirigimos a usted en esta oportunidad para que con su orientación se ordene a quien corresponda lo siguiente:

Garantizar el derecho fundamental y colectivo a la participación y la libre determinación de las comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales, representadas por sus consejos comunitarios y organizaciones propias, en el proceso de Consulta Previa y Consentimiento Previo Libre e informado del proyecto Ley de Tierras y Desarrollo Rural, en cumplimiento de la normatividad vigente () y de la decisión del Consejo de Estado Sentencia 530 del 5 de Agosto de 2010 y los artículos 5 y 46 de la Ley 70 de 1993.

Para efectos de lo anterior nos permitimos en consenso presentar anexo a ésta,una propuesta en construcción entre diversos sectores de Consejos Comunitarios y Organizaciones, para la realización del proceso de Participación, Consulta Previa y Consentimiento Previo, Libre e informado del proyecto de Ley de Tierras y Desarrollo Rural, la cual contendrá mecanismos, garantías, la ruta metodológica, el equipo de apoyo, los espacios de interlocución y concertación con los Consejos Comunitarios y sus organizaciones étnicas, el cronograma y los aspectos operativos de la misma En concordancia con lo anterior respetuosamente le solicitamos a usted ordene que el Ministerio del Interior, se abstenga de expedir el Decreto que prorroga por un año el periodo de la Consultiva de Alto Nivel, y con el cual también se pretende legitimar el acto inconstitucional que esta sea la instancia de representación con quien el gobierno realiza los procesos de Consulta Previa y consentimiento previo libre e informado en contravía de lo establecido en la Ley y la jurisprudencia.

Todo lo anterior lo solicitamos en vista de la historia reciente, en que se ha negado nuestro derecho a la participación democrática, consulta y consentimiento previo libre e informado.

La Corte Constitucional ha dicho en un importante número de sentencias, que los sujetos de consulta son las comunidades propiamente dichas y sus organizaciones representativas, en este caso, los Consejos Comunitarios de Comunidades Negras. Con este argumento la Honorable Corte Constitucional ha eliminado del ordenamiento jurídico Leyes como la forestal, el estatuto de desarrollo rural, capítulos del Plan Nacional de Desarrollo 2006 a 2010 y suspendió el Código de Minas, entre otras. Igualmente la Corte ha establecido reglas básicas para la participación activa y efectiva de las comunidades étnicas en la toma de decisiones y en procesos de Consulta Previa. También ha insistido en que las comunidades tengan pleno conocimiento de los proyectos, el que deban estar enteradas y ser ilustradas de las formas en que pueden ser afectadas en su Integridad Cultural y los elementos que la constituyen; además que ellas puedan convocarse, representarse y expresarse libremente, con la opción de valoración de las ventajas y desventajas de los proyectos, medidas administrativas y legislativas y la viabilidad de los mismos, etc.

La obligación estatal de respetar los derechos a la integridad cultural y a la participación de las comunidades étnicamente diferenciadas, obliga a propiciar mecanismos efectivos y razonables de participación. Toda Consulta Previa, lo ha dicho la corte y lo reitera el sentido común, tiene particularidades. Los procesos de participación y Consulta Previa deben estar ajustados a la dimensión de los impactos que generaran y a la propia realidad y cultura de las comunidades que pueden ser afectadas por la implementación de las medidas en consideración. Tal y como lo analizó la Corte en la sentencia C175 de 2009, la formula de usar en las Consultivas como único escenario de consulta previa no es suficiente y no puede aplicarse a rajatabla. En su gobierno se vienen promoviendo un número importante de iniciativas legislativas, que deben ser consultados con las comunidades afrocolombianas en su condición de grupo étnico y de sujeto de especial protección. Lo anterior en consideración a que muchos de esas iniciativas tienen y tendrán afectaciones positivas y negativas a la integridad cultural de nuestras comunidades.

En carta del 10 de diciembre del 2011, respecto del proceso de Consulta del Art 205 de la Ley de Victimas, firmada por cuatro Obispos del Pacifico y dirigida a usted Señor Presidente, éstos le expresaron entre otros asuntos que les “…preocupa que el proceso de consulta sobre la construcción del Decreto - ley aplicable para la población afrocolombiana no haya sido transparente y por lo tanto a nuestro juicio inexistente” y que “…El interlocutor de parte de las comunidades afrocolombianas no era el idóneo ni legítimo.". Estos procesos acordados al seno de la Comisión Consultiva de Alto Nivel le han negado a los sujetos de derecho la oportunidad de participar de manera efectiva y autónoma en el proceso de consulta, tal como lo ha señalado la Corte Constitucional. Una ilustración a compartir con usted, ocurrió en el departamento del Valle que tiene la mayor población afrocolombiana.

En las Consultiva del Valle en la que convocaron a Consejos Comunitarios y organizaciones para la Consulta Previa, el día 29 de septiembre de 2011, “…los Consultivos de Alto Nivel plantearon que solo tenían voz y voto los Consultivos y que los demás invitados solo tenían derecho a voz”. El día 30, en un espacio llamado autónomo y al que los Consultivos de Alto Nivel convocaron a los Consultivos Departamentales y en el que no hubo participación de los Consejos Comunitarios y Organizaciones que habían sido convocados a los citados procesos de consulta, se informo entre otras cosas, por parte de una Consultiva de Alto Nivel que “…esas consultas previas debían realizarse porque la consultiva en pleno había hecho un acuerdo con el Viceministro de Interior, que ellos sacaban adelante las Consultas Previas de estos proyectos de ley y el gobierno les alargaba el periodo de las consultivas por un año, ya que a estas se les vence el periodo el 30 de Octubre de 2011”. En este espacio igualmente se reitero que “…el courum (sic) se establecía con los comisionados consultivos y que solo estos tenían derecho a voz y voto”. La convocatoria a esta Consultiva ampliada se recibió el día 27 de septiembre del mismo año.

Señor Presidente de la Republica, en consideración de lo anterior, consideramos que la metodología propuesta, legitima en derecho, la participación, efectiva, democrática, libre y de acuerdo a los estándares del derecho internacional y nacional, a la participación y la Consulta Previa y Consentimiento Previo Libre e informado del proyecto de Ley de tierras y Desarrollo rural. En virtud de lo anterior, solicitamos a usted, convoque a la mayor brevedad posible, una reunión con los ministros e instituciones encargadas del tema y los entes de control del Estado para concertar esta propuesta y hacer viable la presentación del proyecto en esta legislatura.

Solicitamos a usted, que la respuesta a esta comunicación, sea dada directamente por su despacho.

Dirección de Recepción de Respuesta

Calle 23 No. 5-85 Oficina 307

Email: agendaregional.territorioyvida@gmail.com

CONSEJOS COMUNITARIOS Y ORGANIZACIONES ETNICAS QUE EMITIMOS Y RESPALDAMOS LA PRESENTE COMUNICACION

CHOCO

CONSEJO COMUNITARIODE COCOMACIA

CONSEJO COMUNITARIODE COCOMOPOCA

CONSEJO COMUNITARIO DE ASOCASÁN

CONSEJO COMUNITARIO DE ACADESÁN

CONSEJO COMUNITARIO MAYOR DEL CACARICA

CONSEJO COMUNITARIO DE ISTMINA

CONSEJO COMUNITARIO DE NÓVITA

CONSEJO COMUNITARIO DE CANTÓN DE SANPABLO

CONSEJO COMUNITARIO DE COCOMAUPA

CONSEJO COMUNITARIO DEL RÍO IRÓ

CONSEJO COMUNITARIO DE ACABA

CONSEJO COMUNITARIO DE USARAGÁ

CONSEJO COMUNITARIO LOS DELFINES

CONSEJO COMUNITARIO LOS RISCALES

CONSEJO COMUNITARIO DE CUPICA

CONSEJO COMUNITARIO DE VIRUDÓ

CONSEJO COMUNITARIO INTEGRAL DEATRATO

CONSEJO COMUNITARIO DE ACANDÍ NORTE

CONSEJO COMUNITARIO DE ACANDÍ SUR

CONSEJO COMUNITARIO DE ACANDÍ CENTRO

CONSEJO COMUNITARIO DE CACARICA

CONSEJO COMUNITARIO DE SALAQUÍ

CONSEJO COMUNITARIO DE CURVARADÓ

CONSEJO COMUNITARIO DE MONTAÑOCONSEJO COMUNITARIO DE LA LARGA –TUMARADÓ

CONSEJO COMUNITARIO DE PEDEGUITAMANCILLA

CONSEJO COMUNITARIO DE LA GRANDE

CONSEJO COMUNITARIO DE GIGUAMIANDÓ

CONSEJO COMUNITARIO DE DOMINGODÓ

CONSEJO COMUNITARIO DE CHICAO

CONSEJO COMUNITARIO DE PIÉ DE PEPÉ

CONSEJO COMUNITARIO DE PUERTOECHEVERRY

CONSEJO COMUNITARIO DE UNGUÍA

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL DEL RIO BAUDÓ Y SUS AFLUENTES (ACABA) CONSEJO COMUNITARIO DE BELLA VISTA DUBAZA CONSEJO COMUNITARIO DE PILIZÁ CONSEJO COMUNITARIO DE VIRUDÓ CONSEJO COMUNITARIO SAN AGUSTÍN DE TERRÓN CONSEJO COMUNITARIO DE SAN ANDRÉS DE USARAGÁ CONSEJO COMUNITARIO DE VILLA MARÍA CONSEJO COMUNITARIO SIVIRÚ CONSEJO COMUNITARIO LA COSTA (CONCOSTA) ASCOBA ASOCIACIÓN DE MUJERES AFRO COLOMBIANAS DE PIZARRO (AMAPI) ADACHO CODEGEVED UNIÓN DE DESPLAZADOS

FORO INTERÉTNICO SOLIDARIDAD CHOCÓ

ORGANIZACIÓN DE BARRIOS POPULARES DE QUIBDÓ (OBAPO)

CARIBE

RED DE CONSEJOS COMUNITARIOS DEL CARIBE

CONSEJO COMUNITARIO DE LURUACO

CONSEJO COMUNITARIO REPELO

CONSEJO COMUNITARIO ARACATACA

CONSEJO COMUNITARIO TUCURINCA

CONSEJO COMUNITARIO SAN JUAN DE PA LOS PRIETOS

CONSEJO COMUNITARIO GUACAMAYAL

CONSEJO COMUNITARIO SEVILLA

CONSEJO COMUNITARIO ISLAS DEL ROSARIO

CONSEJO COMUNITARIO ARROYO DE PIEDRA

CONSEJO COMUNITARIO BAYUNCA

CONSEJO COMUNITARIO AMANZAGUAPO

CONSEJO COMUNITARIO SAN CRISTOBAL ELADIO ARIZA

CONSEJO COMUNITARIO PARAÍSO SANTO MADERO

CONSEJO COMUNITARIO SAN CAYETANO

CONSEJO COMUNITARIO HATO VIEJO

CONSEJO COMUNITARIO ISLA FUERTE

CONSEJO COMUNITARIO DEL RIO BADILLO

CONSEJO COMUNITARIO DEL PASO

CONSEJO COMUNITARIO EL CRUCE DE CHIRIGUANA

CONSEJO COMUNITARIO GUACOCHE

CONSEJO COMUNITARIO LOS VENADOS

CONSEJO COMUNITARIO DE GUAYMARAL

CONSEJO COMUNITARIO DE SAN BERNARDO

CONSEJO COMUNITARIO CAÑO DE LORO

CONSEJO COMUNITARIO DE LA BOQUILLA

CONSEJO COMUNITARIO DE TIERRA BOMBA

CABILDO AFROCARIBEÑO GABILANEO

ASOCIACIÓN DE MUJERES GRACIELA CHAINE

FUNDACIÓN HOGAR JUVENIL

ASOCIACIÓN BENKOS JUSUTO

CENTRO DE CULTURA AFROCARIBE

FUNDACIÓN FUNSAREP

CONSEJO COMUNITARIO DE CLEMENCIA

CONSEJO COMUNITARIO LIBERTAD

CONSEJO COMUNITARIO RINCON DEL MAR

CONSEJO COMUNITARIO ATO NUEVO

ASOCIACION DE COMUNIDADES NEGRAS CESAR (KUSUTO)

ASOCIACION DE COMUNIDADES NEGRAS DE LA GUAJIRA (ASOROBLISTAS)

ORGANIZACIÓN UNIDAD AFRODESCENDIENTE DE LA GUAJIRA

PROCESO DE COMUNIDADES NEGRAS EN COLOMBIA PCN

VALLE DEL CAUCA

CONSEJO COMUNITARIO DEL RIO YURUMANGUI

CONSEJO COMUNITARIO DEL RIO CAJAMBRE

CONSEJO COMUNITARIO DEL RIO RAPOSO

CONSEJO COMUNITARIO DEL RIO MAYORQUIN

CONSEJO COMUNITARIO MAYOR DEL RIO ANCHICAYA

CONSEJO COMUNITARIO DEL BAJO CALIMA

CONSEJO COMUNITARIO PACIFICO CIMARRONES DE CISNEROS

CONSEJO COMUNITARIO DE BAZAN BOCANA

CONSEJO COMUNITARIO DE LA PLATA BAHIA MALAGA

CONSEJO COMUNITARIO DE LADRILLEROS

CONSEJO COMUNITARIO DE PUERTO ESPAÑA Y MIRAMAR

CONSEJO COMUNITARIO DE LA BARRA

CONSEJO COMUNITARIO DEL RIO DAGUA

CONSEJO COMUNITARIO DE ZACARIAS

CONSEJO COMUNITARIO DEL ALTO POTEDO

CONSEJO COMUNITARIO DE ZABALETAS

CONSEJO COMUNITARIO DEL RIO SAN MARCOS

CONSEJO COMUNITARIO DE GUAMIA

CONSEJO COMUNITARIO DE LIMONES

CONSEJO COMUNITARIO DE LLANO BAJO

CONSEJO COMUNITARIO DE LA ESPERANZA

CONSEJO COMUNITARIO DE AGUA CLARA

ASOCIACION DE COMUNIDADES NEGRAS DEL PACIFICO NORTE -MINGA NORTE-

UNIDAD DE CONSEJOS COMUNITARIOS DE BUEVENTURA

ASOCIACION ASAMBLEA DE CONSEJOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE

PALENQUE REGIONAL EL KONGAL

FUNDACION SOCIAL PACIFICO PARA TODOS

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LA COMUNIDAD MALAGUEÑA –COOPEMALAGA-

ASOCIACIACION PARA EL DESARROLLO JUVENIL DE LA COSTA PACIFICA

PALENQUE REGIONAL ALTO CAUCA

PROCESO DE COMUNIDADES NEGRAS EN COLOMBIA PCN

CAUCA

CONSEJO COMUNITARIO SAN BERNARDO PATIA NORTE

CONSEJO COMUNITARIO DEL ALTO SAIJA

CONSEJO COMUNITARIO NEGROS EN ACCIÓN

CONSEJO COMUNITARIO RENACER NEGRO

CONSEJO COMUNITARIO NEGROS UNIDOS

CONSEJO COMUNITARIO CUERVAL

CONSEJO COMUNITARIO DEL ALTO GUAPI

CONSEJO COMUNITARIO DE CHANZARA

CONSEJO COMUNITARIO DE MANGLARES

CONSEJO COMUNITARIO MAMUNCIA

CONSEJO COMUNITARIO SAN JOC

CONSEJO COMUNITARIO DEL RIO CHUARE

CONSEJO COMUNITARIO DEL RIO SAN FRANCISCO

CONSEJO COMUNITARIO DE BAJO GUAPI

COORDINACIÓN DE CONSEJOS COMUNITARIOS DEL CAUCA (COCOCAUCA)

ASOCIACIÓN DE CONSEJOS COMUNITARIOS DE TIMBIQUI (PALENQUE MAYOR EL CASTIGO)

ASOCIACION DE CONSEJOS COMUNITARIOS DEL RIO MICAY (ASCOLMICAY)

ASOCIACION MANOS NEGRA (ASOMANOS NEGRA)

ASOCIACION MUNICIPAL DE MUJERES DE BUENOS AIRES (ASOM)

PROCESO DE COMUNIDADES NEGRAS EN COLOMBIA

CORPORACIÓN ANCESTROS

PLAENKE REGIONAL DEL ALTO CAUCA

PROCESO DE COMUNIDADES NEGRAS EN COLOMBIA PCN

NARIÑO

CONSEJO COMUNITARIO UNION DEL PATIA VIEJO

CONSEJO COMUNITARIO MANIS AMIGAS DEL PATIA

CONSEJO COMUNITARIO LA VOZ DE LOS NEGROS

CONSEJO COMUNITARIO LA AMISTAD DE AURORA Y LA PLAYA

CONSEJO COMUNITARIO CATNGUEROS DEL PATIA

CONSEJO COMUNITARIO UNION DE CUENCA

CONSEJO COMUNITARIO BAJO MIRA Y FRONTERA

CONSEJO COMUNITARIO AFRODEFENSA DEL RIO TAPAJE

CONSEJO COMUNITARIO DEL BAJO TAPAJE

CONSEJO COMUNITARIO ALTO SEQUIONDA

ORGANIZACIÓN ETNICO TERRITORIAL ORGANICHAR