Para el maestro y sindicalista Martín Almada, la caída de Alfredo Stroessner en Paraguay hace 23 años significó otros 15 de lucha para saber por qué lo habían torturado militares extranjeros en su propio país; esa lucha concluyó con el hallazgo de los archivos de la Operación Cóndor.
Julia R. Arévalo y Ricardo Grance,EFE
Detenido el 26 de diciembre de 1974, Almada sufrió tortura, viudedad, desposesión y exilio y sigue reivindicando justicia para las víctimas de una de las dictaduras más largas de América Latina.
El doctor Almada recibió a Efe en uno de los lugares donde estuvo detenido -hoy museo- y relató su experiencia, sin dejarse vencer por el dolor que transmitía más de una vez, cuando lamentó que la paraguaya sea "una sociedad complaciente con sus ladrones y verdugos, pero implacable con sus soñadores".
PREGUNTA: ¿Por qué lo represalió Stroessner?
RESPUESTA: Yo era director de una escuela primaria y llevaba a la práctica la pedagogía de Paulo Freire, que unió marxismo y cristianismo en su modelo. Por eso yo fui torturado durante 30 días, me quemaron los ojos, me aplicaron shock eléctrico en los testículos, me dieron de comer material fecal y orina una semana. Me destruyeron físicamente esta gente.
P.- ¿Cuánto tiempo estuvo en la cárcel?
R.- Estuve 1.000 días de cárcel en cárcel, he visto a más de 1.200 torturados. Recuerdo con mucho dolor hasta la fecha cómo a un anciano lo torturaron tanto, un señor de 80 años, le rompieron toda la cabeza, por el delito de tener una Biblia que le había dado supuestamente un cura teólogo de la liberación. ¿Cuál fue mi delito? Lei un libro.
P.- Usted perdió a su esposa...
R.- Le hicieron escuchar a mi esposa mis llantos, mis alaridos durante los primeros días de tortura. Ella creyó que me iban a cortar las uñas, la oreja... Al décimo día le dijeron que el maestro subversivo había fallecido y le dio un infarto. Ni un solo médico se animó a llegar a la casa, ella murió por falta de atención médica. Ella murió de dolor y a mí me dijeron que se había suicidado.
P.- ¿Quiénes fueron sus torturadores?
R.- Yo era considerado Bin Laden (un terrorista) porque fui llevado ante un tribunal militar. Había agregados militares elegantemente vestidos y la mayoría usaban anteojos negros. El primero que me torturó fue un coronel chileno que quería saber mis vínculos con los subversivos de su país, donde yo había estudiado. Luego un argentino. Los fui conociendo por su acento.
P.- ¿Llegó a saber sus nombres?
R.- Aquí la tortura era a cara descubierta, nos conocíamos todos. Detuvieron conmigo a un comisario por no delatar a su hijo y él sabía los nombres de todos ellos y me dijo: quien te torturó se llama coronel Jorge Oteiza López, estamos en las garras del Cóndor. Es la primera vez que yo escuché la palabra, estando en el vientre del Cóndor (como se llama a las acciones represivas coordinadas llevadas a cabo por las dictaduras instaladas en el Cono Sur en los setenta y ochenta).
P.- ¿Cómo hallaron los "Archivos del Terror"?
R.- Cuando vuelvo a Paraguay, pido mis antecedentes. Quería saber cómo murió mi esposa y por qué me torturan en mi país militares extranjeros. La Policía dijo que no estuve preso y pedí allanar sus archivos. Recibo una llamada de una mujer que me dice: sus papeles no están en la central de Policía, están fuera de Asunción, y me trae un plano... Y así fue cómo el 22 de diciembre de 1992 encontramos tres toneladas de documentos y el acta de nacimiento del Cóndor.
P.- ¿Se ha hecho justicia?
R.- Los archivos han permitido a España, Francia, Italia, Argentina o Chile investigar el Cóndor. En Paraguay estamos esperando que reaccione la Justicia, que investigue y sanciones a estos criminales, a estos genocidas.
P.- ¿Qué ha cambiado en Paraguay desde entonces?
R.- Se fue Stroessner y los que fueron funcionarios de la dictadura pasaron a ser funcionarios de la democracia. Aquí no hubo castigo.
P.- ¿Para quién el castigo?
R.- La Policía hizo el trabajo sucio pero los autores morales e intelectuales fueron los militares y ellos siguen impunes. Ellos no entregan sus archivos. Y además el régimen pudo subsistir gracias al apoyo del empresariado, los nuevos ricos, los barones de Itaipú, ellos andan libres y se llevaron millones y millones de dólares.
P.- El Gobierno ha admitido la deuda de restitución de los bienes robados por la dictadura.
R.- Se llevaron 5.000 millones de dólares pero hasta la fecha ni un fiscal ha iniciado una investigación, ni un sólo fiscal de derechos humanos ha visitado el "archivo del terror".
P.- ¿Cómo concibe que herederos de Stroessner ocupen cargos?
R.- Goli Stroessner es un senador "mau", falso. Que el nieto de un asesino llegue a ser senador en este país es la prueba de que en Paraguay tenemos una memoria muy corta.
Desde que alias El Tuso Sierra está exponiendo los detalles de sus complots con el hermano y el primo del expresidente Uribe, los sectores judiciales están abriendo espacios para incluirlos en sus procesos, pues no todos los denunciados son aforados… En un aparte de su declaración, El Tuso detalló la forma cómo se intentaron desprestigiar al magistrado que investigaba a senador Mario Uribe…
Él también relató otros episodios de su cercanía con el gobierno anterior y con sus más altos representantes.
EL narcoparamilitar Juan Carlos Sierra, alias “El Tuso” extraditado a Estados Unidos, aseguró que el ex presidente Álvaro Uribe mando razón a los jefes paramilitares Ernesto Báez y Julián Bolívar, que estaban en la cárcel de Itagui, para que participaran en un complot contra el magistrado Iván Velásquez que era el investigador de los congresistas implicados en la parapolítica entre quienes estaba el primo del presidente.
Relató cómo le apareció la carta alias Tasmania contra el magistrado Velásquez. Por su parte alias Tasmania dijo en su momento que a él lo presionaron para firmar la carta contra el magistrado Iván Velásquez.
El Tuso Sierra en su declaración, también contó cómo llegó la carta a manos del expresidente Uribe.
“La carta firmada por Tasmania, conocedor del tema, es entregada a Sergio González Mejía, Sergio a Mario Uribe, Mario a Santiago Uribe y Santiago directamente a Álvaro”.
Según alias El Tuso a cambio de la carta le pidieron a Uribe “sacar a Macaco de la fragata, cambiar a donde Berna, y meter a Tasmania en Justicia y Paz”.
Juan Carlos Sierra dijo que el gobierno cumplió supuestamente con cada una de las exigencias.
¿A cuál Santos hay que creerle? ¿Al que habló en Barranquilla y se puso del lado de las víctimas? ¿o al que habló en Cali y se olvidó de ellas?
Que la señora del Coronel Plazas salga a los medios a instigar a los militares a desconocer el fallo proferido por el Tribunal Superior de Bogotá que ratifica la condena contra su esposo como responsable mediato de dos personas desaparecidas en el Palacio de Justicia, es tan respetable como comprensible.
Lo que sí resulta inconcebible es que el presidente Santos, quien es el guardián de nuestra institucionalidad y gobierna en representación de todos los colombianos, haga lo mismo.
Y que lo haga en la forma en que lo hizo: poniéndose de una vez del lado de los militares con un apasionamiento inusitado, como si lo que estuviera en juego fuera el honor castrense antes que el esclarecimiento de la verdad sobre lo que realmente pasó en el Palacio de Justicia. Así, sin mayores matices, ni contextos, ni salvedades, nos conminó a los colombianos a pedirles perdón a los militares por no haber sido más solidarios con ellos, olvidándose que en el Palacio de Justicia no solo hubo una toma por parte de un grupo terrorista que tenía de aliado a Pablo Escobar, sino un holocausto de la Justicia.
Al presidente se le olvidó que en el Palacio de Justicia más de la mitad de la Corte Suprema perdió la vida en esa retoma y que muchos de sus familiares después de 25 años aún no saben cómo murieron sus seres queridos ni por qué, a pesar de que algunos de ellos fueron sacados vivos de allí, aparecieron muertos al otro día en el Palacio. Ese parece haber sido el caso del magistrado auxiliar Carlos Urán y de Manuel Gaona. Tampoco se ha podido establecer por qué varios de los cuerpos de los magistrados y guerrilleros que murieron en el Palacio fueron convenientemente lavados antes de que pudieran entrar las autoridades judiciales civiles. Para no hablar de las personas desaparecidas que hoy son objeto sustancial del controvertido fallo y que, sin embargo, no merecen ningún espacio en el discurso encendido del presidente.
Al presidente no solo se le olvidaron estos hechos. También se le olvidaron sus propias palabras pronunciadas hace tan solo unos dos meses en la propia Corte cuando asistió a la conmemoración de los 25 años de lo sucedido en el Palacio de Justicia y, tras firmar un compromiso con los familiares de las víctimas y de los desaparecidos, afirmó de manera clara y tajante que hay "que encontrar la verdad por dolorosa que sea". Pero ese no fue su peor olvido: en esa reacción tan primaria y apasionada contra el fallo de marras las primeras olvidadas fueron las víctimas, cuyos derechos su gobierno ha salido a defender.
¿A cuál Santos hay que creerle? ¿Al que habla de buscar la verdad cuando está sentando frente a los magistrados de la Corte Suprema? ¿O al que da por sentado que los militares no cometieron ningún abuso de poder en la retoma y que por ende cualquier condena que esté acompañada de un resarcimiento simbólico a las víctimas es una humillación que él no va a permitir? ¿Al Santos que habló en Barranquilla y se puso del lado de las víctimas? ¿O al Santos que habló en Cali y que se olvidó de ellas?
Probablemente el fallo tiene unos puntos bastante polémicos que suscitan gran controversia. Por ejemplo, la petición que le extienden a la Corte Penal Internacional para que se investigue al expresidente Betancur resulta, por lo menos, discutible. Probablemente lo más lógico habría sido que el fallo pidiera reabrir la investigación en la Comisión de Acusaciones en contra del presidente Betancur, la cual fue archivada prematuramente por los congresistas Horacio Serpa y Carlos Mauro Hoyos sin haberse practicado ninguna prueba y apenas seis meses después de ocurridos los hechos. ¿Por qué no se practicaron esas pruebas? ¿Por qué se cerró de manera prematura? En aras de buscar la verdad, por dolorosa que sea, el país debería saberlo.
El M-19 será siempre el responsable principal de lo que pasó en el Palacio de Justicia, pero los responsables de los abusos cometidos en la retoma hasta ahora comienzan a develarse.
El deber de un presidente es el de controvertir los fallos siempre y cuando sus opiniones no busquen deslegitimar las decisiones judiciales. Y, en este caso, Santos sí que se pasó de la raya.
Jorge Rodríguez Cárdenas, presidente de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, explica los alcances del fallo que ratificó la condena a Alfonso Plazas Vega por el Palacio de Justicia.
El presidente de la Sala Penal del Tribunal en donde se ratificó la condena a 30 años de cárcel para Alfonso Plazas Vega por la desaparición de dos personas del Palacio de Justicia, explica el alcance de la sentencia que levantó inquietantes reacciones políticas, incluso del presidente de la República y los estamentos militaristas. El magistrado reitera que los jueces harán lo que tengan que hacer.
Cecilia Orozco Tascón.- ¿Bajo cuáles consideraciones, en la sentencia de ratificación de la condena a 30 años de cárcel al coronel Plazas, se ordena a las Fuerzas Militares que pidan públicamente perdón a las víctimas y a la comunidad?
Magistrado Jorge Rodríguez Cárdenas.- La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Constitucional, Consejo de Estado y Corte Suprema de Justicia de Colombia les dan un valor especial a los derechos de las víctimas en los delitos de lesa humanidad. Y han concluido que las reparaciones simbólicas tienen un alto valor en busca de la reconciliación, sobre todo en una sociedad que ha padecido una violencia tan desgarradora como la colombiana. El coronel condenado no actuó a título personal y eso compromete a la entidad a la que él pertenecía en el deber de satisfacerles ese derecho a las víctimas.
C.O.T.- En consecuencia, ¿las reacciones contrarias a esa petición de perdón no tienen sentido de lo jurídico, sino sólo de lo político?
J.R.C.- Los jueces nos pronunciamos frente a los problemas jurídicos planteados dentro de un proceso. Y las reacciones que generen las sentencias no son puntos de discusión que nos competan.
C.O.T.- Tal vez la parte más polémica de la sentencia es la que “exhorta” al fiscal de la Corte Penal Internacional a investigar al presidente de la República del año 85, Belisario Betancur. ¿Era necesario hacer esa exhortación?
J.R.C.- Esa decisión debe ser entendida desde la perspectiva de las víctimas y sus derechos que no fueron respetados en las dos investigaciones que realizó la Comisión de Investigaciones de la Cámara de Representantes.
C.O.T.- ¿Esa solicitud significa que la Sala que condenó a Plazas cree que en Colombia no hay forma de que haya un juicio imparcial para el expresidente?
J.R.C.- Significa que la Sala tiene claro que los derechos de las víctimas son prevalentes.
C.O.T.- Connotados juristas han dicho que esa solicitud es improcedente porque el acatamiento de Colombia a la CPI es posterior a la toma. ¿Qué responde a ese reparo?
J.R.C.- El único que puede decir si la solicitud es improcedente es el fiscal ante la CPI. Lo demás constituye opiniones e interpretaciones respetables, pero siguen siendo opiniones. Agréguele que los derechos de las víctimas y los delitos de lesa humanidad que no son objeto de investigaciones integrales en el ámbito nacional son de interés para la justicia internacional.
C.O.T.- El presidente en ejercicio rechazó la sentencia y los términos de la misma, en particular en lo referente a la petición de perdón por parte de los militares y a la solicitud de investigación al exmandatario por la CPI. ¿Qué reacción le suscita esa actitud del jefe de Estado?
J.R.C.- Los jueces de la República respetamos la división de poderes que determinó la Constitución. En esa medida administramos y seguiremos administrando justicia.
C.O.T.- ¿Quiere decir que sin importar lo que diga el presidente ustedes seguirán fallando lo que consideren justo?
J.R.C.- Los jueces procedemos de la manera como lo indica el ordenamiento jurídico.
C.O.T.- ¿Lo sorprende la respuesta presidencial?
J.R.C.- Repito que los jueces respetamos la división de poderes que determinó la Constitución y no hacemos cálculos sobre los efectos políticos de nuestras decisiones.
C.O.T.- Hace 20 años hubo una reacción política similar a la ocurrida ahora cuando el procurador general de entonces, Alfonso Gómez Méndez, intentó procesar al general Arias Cabrales. ¿Cree que el país no resiste todavía la verdad sobre lo que pasó durante la retoma del Palacio?
J.R.C.- De acuerdo con los tratados internacionales y los derechos de las víctimas, es necesario que se sepa dónde están los desaparecidos, y la justicia tiene una enorme tarea en dicho sentido. El Estado no puede evadir dicha responsabilidad.
C.O.T.- Siendo que el Ejército estaba representando al Estado y que la guerrilla que generó esa situación, el M-19, se encuentra hoy en puestos de elección popular, ¿no será cierto que hay desequilibrio judicial?
J.R.C.- Dar respuesta a la pregunta anterior comporta un juicio político y ese es un campo en el que no entramos los jueces.
C.O.T.- Se ha dicho que la acción penal por el delito de desaparición forzada prescribió en cuanto al coronel Plazas, puesto que se habría ejecutado en 1985. ¿Por qué se le confirmó la condena?
J.R.C.- En ese delito la ejecución de la conducta se inicia cuando se desaparece a una persona contra su voluntad y cesa cuando dicha persona aparece viva o se encuentra su cadáver. Como ocurre con el secuestro: quien es secuestrado permanece en dicho estado hasta tanto sea liberado. Pero, adicionalmente, y según jurisprudencia unánime, emanada de tribunales internacionales, así como de las cortes Constitucional y Suprema, la facultad estatal para investigar y juzgar delitos de lesa humanidad —como lo es la desaparición forzada— no prescribe. Por el contrario, es obligación del Estado investigar hasta que se sepa la verdad. Por lo dicho, la desaparición forzada es un delito permanente. En este caso esa conducta comenzó el 7 de noviembre de 1985 y hasta hoy no ha cesado su ejecución.
C.O.T.- Se ha dicho también que la pena que se le impuso no corresponde a la que se estipulaba en la época en que se cometió. ¿Por qué no se acogió ese argumento?
J.R.C.- La regla general en materia de pena imponible a un condenado indica que ella será la que esté vigente para la época de ocurrencia del delito. Como hoy (todavía) está ocurriendo el delito de desaparición forzada, la pena aplicable es la que rige en la fecha actual. Así lo dice la Corte Suprema en diversas providencias suyas.
C.O.T.- Otro argumento a favor del coronel es que los delitos de lesa humanidad no estaban tipificados como tales en 1985. ¿Se les fue la mano a quienes confirmaron la sentencia de la jueza?
J.R.C.- Para la fecha de los hechos existía la figura del secuestro, tipo penal que tiene muchas similitudes con la desaparición forzada. La privación de la libertad de Irma Franco (guerrillera, desaparecida) y Carlos Rodríguez (administrador de la cafetería del Palacio de Justicia, desaparecido) se produjo en 1985, pero como a partir de 2000 se consagró el delito de desaparición forzada, la conducta se debe adecuar a dicha figura delictiva. Eso es lo que ha dicho la Corte Suprema. Y el Tribunal sigue dicha línea interpretativa.
C.O.T.- Después de tanto tiempo de ocurridos los hechos los defensores de Plazas preguntaban si se podían encontrar evidencias ciertas que no hubieran sido desfiguradas por el tiempo. ¿En qué se basó la Sala que lo condenó?
J.R.C.- La sentencia de condena se fundamenta en que el procesado formaba parte de una estructura de poder organizada que se encargó de ejecutar dichos crímenes y referencia muchas pruebas que así lo indican, como todas aquellas que demuestran que Irma Franco y Carlos Rodríguez salieron con vida del Palacio de Justicia y luego fueron trasladados a unidades militares, momento a partir del cual desaparecieron. Así lo indican varios testigos, algunos de los cuales también dijeron que Plazas Vega daba órdenes en la Casa del Florero e interrogó a rehenes.
C.O.T.- Uno de los testigos principales del proceso contra el coronel (el antiguo miembro del Ejército Édgar Villamizar) aseguró recientemente en la Procuraduría que él nunca declaró. Es decir, que había sido suplantado. ¿Los magistrados que confirmaron la condena tuvieron en cuenta esa declaración?
J.R.C.- Esa prueba y la suerte de Carlos Rodríguez fue lo que llevó a que no existiera unanimidad en la decisión. La declaración rendida dentro del proceso por Édgar Villamizar Espinel, fue objeto de análisis y se concluyó que la misma resultaba creíble para la sala mayoritaria. La declaración que según se dice rindió ante la Procuraduría no forma parte del proceso y por ello no podía ser objeto de valoración.
C.O.T.- ¿Por qué se confirma la condena de 30 años si en la primera instancia el coronel fue encontrado culpable de la desaparición de 11 personas y en la de segunda de 2?
J.R.C.- El Tribunal estudió detenidamente la prueba que permitió al juzgado declarar la existencia de 11 desaparecidos y concluyó por unanimidad que la evidencia aportada al proceso llevaba a que había un desaparecido (Irma Franco) y, por mayoría, a que existía otro (Carlos Rodríguez). Como la juez impuso penas mínimas por el delito de desaparición forzada de 11 personas, aplicando las reglas del concurso de delitos y tratándose de dos delitos de desaparición forzada, se estableció la misma pena, que en todo caso sigue estando en los mínimos autorizados para dicha infracción punible. Por eso, la Sala no podía imponer una menor.
C.O.T.- ¿La condena del coronel Plazas supone también una condena al Ejército o al grupo de oficiales que dirigió el operativo por la forma como se ejecutó la retoma del Palacio?
J.R.C.- No. La responsabilidad penal es personal e intransmisible.
C.O.T.- Pero la sentencia habla de un “aparato de poder” para significar que no fue un solo individuo el que produjo las desapariciones forzadas, sino un cuerpo organizado. Y hablan también de un propósito común: el exterminio físico de los contrarios.
J.R.C.- Que se hable de un aparato organizado de poder y de un propósito común no significa que se estén emitiendo juicios de responsabilidad penal sobre otras personas.
C.O.T.- ¿Por qué la sentencia cuando habla del “aparato organizado de poder” recuerda las sentencias de la Corte Suprema contra los parapolíticos Jorge Noguera, Salvador Arana y Álvaro García Romero?
J.R.C.- Porque ellas constituyen precedentes jurisprudenciales para la solución de uno de los problemas jurídicos planteados en este proceso, que se relaciona con la teoría de la autoría y participación en el delito.
C.O.T.- En la sentencia contra el coronel también se menciona como coautor del delito de desaparición forzada al general Jesús Armando Arias Cabrales. Como el proceso de éste se encuentra en revisión en la misma Sala del caso Plazas, ¿se declararán impedidos los tres magistrados de seguir conociendo el tema Arias?
J.R.C.- Los tres magistrados a los que usted se refiere ya declararon sus impedimentos respecto del proceso del general Arias Cabrales. El estudio de dichos impedimentos pasó a conocimiento del magistrado Luis Fernando Ramírez Contreras. Él resolverá si se les acepta o no.
C.O.T.- Resuma los puntos en que no está de acuerdo el magistrado disidente, Hermens Darío Lara, con sus dos colegas de Sala: Fernando Pareja y Alberto Poveda, y aquellos en los que sí lo está.
J.R.C.- La Sala, unánimemente, está de acuerdo con la inexistencia de prueba sobre la desaparición forzada de 9 personas; también en el decreto de la nulidad y la necesidad de seguir investigando lo que pasó con esas personas, y en el acápite de “otras determinaciones” en lo que no tenga relación con la condena. En desacuerdo con la declaratoria y el tipo de responsabilidad, y en cuanto a que Carlos Rodríguez no está desaparecido forzadamente.
“Aparato criminal de poder”
El abogado Jorge del Carmen Rodríguez es el presidente de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, de la que también hacen parte los magistrados que ratificaron el fallo de una jueza que condenó a 30 años de prisión al coronel (r) del Ejército Alfonso Plazas Vega por la desaparición de personas durante la retoma del Palacio de Justicia, asaltado por guerrilleros del M-19 en 1985. En la ponencia del magistrado Hermens Darío Lara, en cuyo despacho se revisó inicialmente el fallo de la jueza, se absolvía al coronel por falta de pruebas.
En la sentencia final se acogió, sin embargo, la tesis de la sala mayoritaria, es decir, la de los magistrados Alberto Poveda y Fernando Pareja (conocido porque fue vicefiscal general). Según estos dos juristas, dentro del proceso está probada la responsabilidad de Plazas en cuanto a la desaparición de una guerrillera y la del administrador de la cafetería del Palacio. Ambos salieron con vida de la edificación, acompañados de militares.
Después, su rastro se perdió para siempre. Del texto de la sentencia también se deduce que hubo un “aparato de poder” estatal que actuó de manera criminal con el fin de recuperar la sede de las cortes, sin atender las obligaciones internacionales del Derecho Humanitario que Colombia se comprometió a cumplir.
Los magistrados y la sentencia
Cecilia Orozco.- La sentencia de confirmación de la condena al coronel Plazas tiene más de 900 páginas. ¿Quién la escribió?
Magistrado Jorge Rodríguez.- De acuerdo con las actas suscritas, los magistrados Hermens Darío Lara, Fernando Pareja y Alberto Poveda analizaron el proceso en más de 50 salas. El magistrado Lara se dedicó a su estudio desde febrero de 2011 y en noviembre y diciembre del año pasado los otros dos trabajaron el tema con él, incluyendo la época de vacaciones. La decisión se elaboró según lo que se iba aprobando en conjunto, porque la cantidad de asuntos objeto del recurso de apelación así lo ameritaban. El texto completo se escribió colectivamente. Y entre los tres magistrados que suscribieron la sentencia existe una gran amistad y respeto mutuo.
En memoria de Hugo Andrey Triviño Vargas, Leidy Jhoana Vargas Bustos, Eyder Quiguanas Rumique, Yamid Daniel Henao, Ever Carvajal Y junto a ellos, el crimen de la lideresa Maria Lucero Henao.
CONMEMORACION
“Nuestros jóvenes asesinados en el Alto Ariari por acción del Estado”
En diferentes épocas, los jóvenes han sido víctimas del accionar militar y paramilitar en el Alto Ariari, Municipio El Castillo. Algunas de las víctimas que han quedado presentes en la memoria de las comunidades del Alto Ariari, entre otras, son:
HUGO ANDREY TRIVIÑO VARGAS, de 15 años de edad, quien fue asesinado por militares del Batallón 21 Vargas y presentado como “guerrillero muerto en combate” el 18 de enero de 1996, en la vereda La Floresta. LEIDY JHOANA VARGAS BUSTOS, de 15 años de edad, quien fue detenida-desaparecida en un reten militar del Batallón 21 Vargas en el sitio Aguas Zarcas, Municipio El Dorado, el 18 de enero de 2002.
EYDER QUIGUANAS RUMIQUE, de 17 años, quien fue torturado y ejecutado extrajudicialmente por una patrulla de la Fuerza de Despliegue Rápido, FUDRA, que participaban en acciones dentro de la denominada “Operación Conquista” de la Brigada 7 del ejército, en la vereda La Floresta, el 29 enero de 2002.
YAMID DANIEL HENANO, de 16 años, quien junto con su madre MARIA LUCERO HEANO fueron asesinados por paramilitares, con la complicidad de la Fuerza Pública, en el caserío de Puerto Esperanza el 6 de febrero de 2004 EVER CARVAJAL, de 14 años de edad, quien padecía retardo mental y fue ejecutado extrajudicialmente en la finca de la familia en el caserío La Cima, llegó por unidades militares de la Brigada 7 del Ejército comandada por el Capitán de apellido LIZARAZO, el 26 de agosto de 2002.
En memoria de estos jóvenes, expresión de resistencias y sueños de libertad con justicia social que en varias décadas inspiró e inspira hoy a caminos de paz con educación, trabajo, salud, deporte, comunicación en el territorio habitado en el Alto Ariari, se realizará el lugar de la memoria en el Centro Educativo El Encanto, en Puerto Esperanza.
Memoria juvenil en el Ariari
Día: Domingo 5 de febrero de 2012
Hora: 10:00 a.m.
Lugar: Puerto Esperanza, municipio El Castillo – Meta
INTALACION DEL LUGAR DE LA MEMORIA EN EL COLEGIO
Día: Lunes 6 de Febrero de 2012
Hora: 8:00 a.m.
Lugar: Centro Educativo El Encanto, municipio El Castillo – Meta
CONVOCAN:
FAMILIAS HENAO, VARGAS, QUIGUANAS, TRIVIÑO, CARVAJAL
APOYAN: Comunidad Civil de Vida y Paz - CIVIPAZ, Misión Claretiana Medellín del Ariari y Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
Este documento expone el modo en que la Corte Penal Internacional debe interpretar y aplicar a hombres y mujeres por igual los crímenes de violación y de violencia sexual, tal como exige su propio Estatuto y como materia de derecho internacional de derechos humanos. La jurisprudencia de la Corte no contiene aún ninguna resolución sobre esta materia.
INTRODUCCIÓN Y PERSPECTIVA GENERAL
Esta incorporación de las leyes y normas de derechos humanos al enjuiciamiento de la violación y la violencia sexual deben realizarla otros tribunales internacionales, además de los tribunales nacionales, para cumplir las obligaciones contraídas por los Estados en virtud del derecho de los tratados y del derecho consuetudinario.
A fin de incorporar las leyes y normas de derechos humanos en su práctica, la Corte ha de tener en cuenta en su interpretación de la definición de los crímenes la conducta y los actos del perpetrador y el modo en que estos afectan a la capacidad de la víctima para tomar una decisión libre y auténtica; es decir, para gozar sin discriminación de su derecho humano a la integridad física y mental, y a la autonomía sexual. La deliberación de la Corte no debe limitarse a abordar de forma aislada el supuesto “consentimiento” de la víctima.
Las leyes y normas de derechos humanos exigen que las investigaciones y enjuiciamientos de los delitos de violación y violencia sexual se lleven a cabo prestando cuidadosa atención a la tarea de cuestionar los estereotipos que tienden a menoscabar la igualdad de la mujer ante la ley. La integridad de las investigaciones y enjuiciamientos no debe verse empañada por suposiciones basadas en estereotipos, incluidas las relativas a la violencia sexual contra hombres y niños, además de las referidas a mujeres y niñas.
Todas las referencias al término consentimiento contenidas en los Elementos de los Crímenes han de interpretarse sistemáticamente basándose en una comprensión más completa, precisa y basada en los derechos humanos de la palabra consentimiento: una decisión consensuada es una decisión adoptada sin que medie la fuerza, la amenaza de la fuerza, la coacción o el aprovechamiento de un entorno coercitivo. Cuando haya indicios de fuerza, amenaza de la fuerza o coacción, la acusación no debería tener que probar ningún otro elemento de derecho adicional de consentimiento.
Los actos de violación que sean competencia de la Corte pueden ser identificados como crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad de violación y tortura. El requisito contenido en el derecho de derechos humanos de erradicar los estereotipos exige que todos los actos de violación que se cometan dentro de la jurisdicción de la Corte sean enjuiciados como tortura, a fin de hacer frente a las suposiciones basadas en estereotipos de que la violación, y concretamente la violación de mujeres y niñas, no es un delito grave, y para reconocer y dejar claro el uso por los perpetradores de la violación y de la violencia sexual para intimidar, discriminar y humillar a las víctimas.
Amnistía Internacional
Recorrido y encuentro por el bien de la humanidad en el 4to Movimiento por las Vidas en el Territorio. A 15 años de la operación "génesis"y "septiembre negro" movida en la memoria. Desde el viernes 10 de febrero al 15 de febrero de 2012 por diversas áreas territoriales de estas comunidades rurales verificando espacios territoriales y su riqueza biológica, así como los riesgos y daños ambientales y sociales producidos.
Por la Vida en el Territorio bien de la humanidad
Por las Vidas en el Territorio , bien de la humanidad.
Hace 15 años la violencia, el terror, la desazón llegó a las comunidades rurales de Dabeiba, Curbaradó y Jiguamiandó, Cacarica a través de operaciones militares como “Septiembre Negro” y “Génesis”, dirigidas por la brigada 17 y brigada 4ta" y las operaciones paramilitares buscando el desalojo de la población. Asesinadas y o desaparecidas, más de 250 personas en comunidades de Dabeiba; 160 en Curbaradó y Jiguamiandó; 89 en Cacarica y 21 desplazamientos colectivos son parte del costo en vidas humanas, violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad del "progreso" en el marco de pretextos de persecución contra las guerrillas.
A estos crímenes, le han seguido hasta hoy, daños ambientales, bloqueos económicos, torturas, amenazas de muerte, campañas de desprestigio, montajes judiciales, bombardeos indiscriminados, quema de caseríos, destrucción de bienes de supervivencia, operaciones empresariales ilegales y arbitrarias en agronegocios de palma de banano, de coca y ganadería extensiva; extracciones mineras e implementación de obras de infraestructira de beneficiarios de la violencia. Estas operaciones empresariales ocurren y se proyectan con la violencia, en sitios sagrados, Parques Nacionales y Reservas forestales en Dabeiba, Jiguamiandó, Curbaradó, Cacarica entre los departamento de Antioquia y Chocó, en el nor occidente de Colombia.
Desde mediado de los 90 en pleno auge del paramilitarismo en esa región, sectores empresariales, proyectaron en una nueva fase lo que llamaron "La Mejor Esquina de la Américas", por el valor estratégico en términos comerciales de ese cuello, que une a las Américas y el Atlántico con el Pacífico. En esta concibieron obras de infraestructura terrestre con la ampliación de la vía al mar y la carretera panamerica atravesando El Tapón del Darién con lo que ahora se denomina La Transversal de las Américas; una red intermodal para unir el Atlántico con el Pacífico con un puerto seco; la interconexión eléctrica dentro del plan Puebla Panamá Patagonia y el poliducto que atraviesa desde la Guajirá, el Chocó hasta centroamérica y el pacífico; agronegocios como la palma aceitera, el banano, y la ganadería extensiva, la exploración y explotación de cerro sagrado Oibida Jaikatuma para extracción de oro, cobre, molibdeno y la siembra de hoja de coca con laboratorios de cocaína.
Los más 500 asesinatos y desapariciones y 21 desplazamientos colectivos se han cometido desde 1996 en estas comunidades. La totalidad de los crímenes se encuentran en absoluta impunidad, los beneficiarios empresariales de estas operaciones armadas no han sido sancionados. A pesar que ex mandos paramilitares han reconocido en versiones libres la razón de sus actuaciones como parte de una cadena de mando y de empresa criminal estatal, nadie ha sido sancionado
A pesar de una desmoviliación de estructuras paramilitares entre 2005 y 2006, de las llamadas Autdefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, ACCU, Bloque Elmer Cárdenas, Bloque Bananero, Bloque White, estas como parte de una estrategia institucional ,se modificaron adquiriendo nuevas formas y desarrollando técnicas de control social territorial consentida por la fuerza pública, autoridades locales y sectores empresariales beneficiarios u ordenadores de las operaciones criminales. Hoy la presencia de la guerrilla en la región continúa siendo utilizado como pretexto de ataque a la población, pero también como mecanismo para definir el sentido del uso de la propiedad.
Estas comunidades rurales habitan en Zonas de Reserva Forestal, en espacios territoriales que cohabitan con el Parque Nacional de Paramillo, el Parque Nacional de los Katíos, caracterizados por una riqueza biológica, ambiental y social. Respecto al territorio aún en desarrollo del conflicto armado interno y de los sucesivos desplazamientos, han regresado a sus predios rurales. Allí afirman el sentido de habitación y uso del territorio para ellos y el bien de la humanidad convirtiéndose en protectores de esta biodiversidad que fueron desplazados y han regresado para evitar el despojo de sus predios a pesar de la continuidad de graves violaciones de derechos humanos, crímenes sistemáticos de lesa humanidad.
Siendo consientes de la persistencia del conflicto armado, de las infracciones al derecho humanitario por quienes participan en la confrontación militar, han constituido iniciativas humanitarias de protección de su vida e integridad, de sus libertades fundamentales como las Zonas Humanitarias o Resguardos Ambientales.
Debido a los intereses empresariales depredadores, arrasadores de la riqueza biológica y social han constituido propuestas de protección y de recuperación ambiental con prácticas colectivas de protección forestal, conservación de aguas como bien propio y de la humanidad
En este territorio la biodiversidad aparece simplemente, la belleza natural está ahí como creación de lo divino, como gracia de la Vida ante la imagología del progreso agroindustrial y el arrasamiento de la biodiversidad.
Todo lo que resta de biodiversidad, como bien de la humanidad, está en manos de de las comunidades que han decidido preservarla para ellas y ellos, para el conjunto del planeta y de las posibilidades espirituales para un mundo nuevo.
El soporte moral, ético, político, religioso de sus apuestas reposa en la solidaridad de las dignas y dignos del mundo que desde sus plurales motivaciones han decidido acompañar estas pequeñas resistencia.
Ante la continuidad del riesgo de una de las regiones con mayor biodiversidad en el mundo, comunidades rurales, indígenas afrodescendientes y mestizas, convocan al 4to Movimiento Ecológica Social por la Vida en el Territorio.
Recorrido y un encuentro por el bien de la humanidad en el 4to Movimiento por la Vida en el Territorio desde el viernes 10 de febrero al 15 de febrero de 2012 por diversas áreas territoriales de estas comunidades rurales verificando los espacios territoriales y su riqueza biológica, los riesgos de daños ambientales, los daños ambientales y sociales ya producidos, los mecanismos de la represión y la violencia sociopolítica, las iniciativas humanitarias y de paz de la población, las buenas prácticas y apuestas de protección de la Vida en el Territorio, las apuestas de reparación colectiva.
Esta movida ecológica se realizará en tres jornadas:
* Del 10 al 15 de febrero en las Cuencas de los Ríos Curbaradó y Jiguamiandó.
* Del 28 de junio al 3 de julio de Dabeida hacía el Nudo de Paramillo.
* Del 28 de Noviembre al 3 de diciembre de Cacarica hacía el Parque Nacional natural los Katios.
Los participantes deberán inscribirse previamente en los correos redalternativas15@gmail.com, comisioneticacolombia@gmail.com, justiciaypaz@justiciaypazcolombia.com
Los interesados deben participar con un aval de la organización que representan.
Convocan
Consejos comunitarios de Curbaradó y Jiguamiandó asociaciados en Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad
Resguardo Uradá Jiguamian'dó So Ibura
Comunidad de Vida y de Trabajo, La Balsita, Dabeiba
Mujeres familiares de las víctimas de la violencia sociopolítica
Familias de los consejos comunitarios de Cacarica, Comunidades Autodeterminación, Vida, Dignidad, CAVIDA
Red de Alternativas a la Impunidad y la Globalización del Mercado
Apoya
Comisión Ética de la Verdad del MOVICE
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
Participa mañana en Bogotá en el plantón "perdón para las víctimas - no para los victimarios , desde las 11:30 hasta la 1:00 p.m en el Tribunal Superior de Bogotá.
Dirección: Av Esperanza 53 -28
Y no lo encuentra porque durante más de un cuarto de siglo la verdad de lo que ocurrió a estas 11 personas y al Doctor Carlos Horacio Urán Rojas, no ha sido plenamente establecida.
Una tragedia sin epílogo 26 años después.
La justicia de manera tardía comenzó 20 años después a realizar unas pesquisas en medio de las dificultades propias de hacer las cosas a destiempo, sus fallos han sido cuestionados por los dos últimos presidentes de Colombia, la fiscal que comenzó a investigar las desapariciones fue retirada de su cargo unas horas después de que pidiera vincular a tres generales del ejército por el asesinato del Doctor Urán Rojas.
26 años después, hay un epílogo refundido. El informe de la Comisión de la Verdad integrada por tres ex presidentes de la Corte Suprema de Justicia reconoce la desaparición de 11 personas en el holocausto del Palacio, sendas providencias del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y del Consejo de Estado que datan de 1994 ordenan devolver las personas vivas o muertas al seno de su hogar y condenan administrativamente al Estado por las desapariciones. Hoy solo sobreviven cuatro, de los 22 padres y madres de los desaparecidos. Yo he vivido dos exilios en compañía de mis hijos y mi esposa. En mi caso particular, como lo he dicho, meses después del 6 y 7 de noviembre de 1985, me vincule al M/19. Después de la desaparición de mi hermana Cristina del Pilar Guarín en el Palacio de Justicia, viendo el dolor de mis padres y el rechazo de las autoridades a su desesperada búsqueda, me sentí afrentado por el Estado y contacté a un enlace del M-19 en la Universidad Nacional, donde yo estudiaba Ingeniería de Sistemas, desde principios de abril de 1986, a los 22 años de edad, acepté ser auxiliar de las fuerzas especiales de este grupo guerrillero, al que pertenecí por cuatro años. Fui perdonado por el Estado colombiano en un proceso de amnistía e indulto por el delito de rebelión, hecho que se ha usado para desvirtuar la comisión de crímenes de lesa humanidad sobre los civiles y disidentes armados por parte de agentes estatales.
Las instancias internacionales del Sistema Interamericano vigilan el caso de manera rigurosa. Me temo que la más reciente decisión de la rama judicial -que tiene elementos propios de los estándares internacionales de justicia- frente a las desapariciones será flor de un día: casi nada de lo que allí esta consignado como mandatorio se cumplirá.
No creo que la parada militar pidiendo perdón sea una realidad, ni creo que el ex presidente Betancur sea llamado por la Corte Penal Internacional, ni siquiera la sentencia será colgada en las páginas web del ejército -su actual comandante en meses pasados afirmó que el proceso tenia falencias de integridad en la recolección de pruebas-, y ese mismo General sostuvo que Plaza Vega era un "héroe de la patria". Lo siento con los optimistas, pero mi vida me ha enseñado que entre más pesimismo tengo menos decepciones.
La experiencia personal de acercamiento más reciente con el presidente Santos y la Fiscalía General de Colombia, en la que propuse reducir penas o excarcelar a quienes indiquen el sitio donde están los restos de las 11 personas que figuran como desaparecidas y que la eventual exhumación se haga de la mano de un ente como la Cruz Roja internacional, no fue tomado de manera seria. La fiscalía en respuesta de junio pasado, traslada la responsabilidad a los familiares pidiéndonos que les indiquemos las coordenadas para ellos proceder a exhumar, eso indica que no se quiere o no se puede entender bien la magnitud de la propuesta.
Sin embargo y en medio de los esfuerzos tardíos de justicia que hay que destacar y todas las trabas que lo acompañan y acompañaran, la pregunta que comenzó el 7 de noviembre de 1985 en medio del humeante Palacio de Justicia, sigue sin respuesta: Dónde están los desaparecidos del palacio de justicia?. Es una duda y una deuda que aún esta en pié, ojala esa respuesta no las tengamos que conocer con el alma en otros escenarios sino con los ojos en la tierra.
René Guarin Cortés.
En una reunión el día de ayer la coordinadora por el intercambio humanitario, los familiares de los retenidos y el colectivo Colombianos y Colombianas por la Paz aseguraron creen que se darán las liberaciones, se oponen a un rescate a sangre y fuego, y es necesario un mediador debido a la desconfianza que existe entre FARC y Gobierno luego de 50 años de conflicto.
Comenzó este miércoles (1º), en Perú, la Gran Marcha Nacional del Agua. Delegaciones de todas partes del país se dirigieron hacia Cajamarca, de donde partió la manifestación que tendrá una duración de 10 días y finalizará en Lima. Los primeros lugares a ser visitados durante la marcha son las lagunas que el proyecto Conga planea damnificar para extraer oro y cobre.
http://www.adital.com.br/site/notic...
La gran marcha está siendo impulsada por el gobernador del departamento de Cajamarca, Gregorio Santos, y recibió el apoyo de diversas organizaciones de pueblos indígenas, colectivos de jóvenes, organizaciones mundiales que defienden el agua y el medio ambiente, investigadores y trabajadores peruanos.
El objetivo principal es la defensa del agua y de la Tierra, especialmente la protección de las lagunas que serán afectadas por el proyecto Conga. Con este objetivo, piden la prohibición del uso de cianuro y mercurio en la minería, el fin de las actividades mineras en las cabeceras de cuencas y zonas de recarga hídrica y respaldo a la Orden 036 del Gobierno Regional de Cajamarca, que declara inviable el proyecto Conga. Otro fuerte motivo para la realización de la peregrinación es intentar sensibilizar a la población para que demande al gobierno del presidente Ollanta Humala para que reconozca el agua como un derecho humano.
Los días de marcha estarán repletos de actividades; los principales momentos serán el Foro de Justicia Hídrica, agendado para el día 9, en Lima, y una gran movilización pacífica y festiva por el agua el día 10, también en la capital peruana.
Paralelamente a la marcha, habrá otras actividades de apoyo. En Lima, colectivos de juventud, organizaciones sociales y organismos de derechos humanos realizaron hoy una marcha por las calles para apoyar y celebrar el comienzo de esta manifestación pacífica y democrática. También en Cusco, Espinar, Canchis, Tambo, Arequipa, Tacna, Ancash, Iquitos y otros lugares de las macro-regiones Norte, Centro, Sur y Oriente del país se realizarán concentraciones y movilizaciones.
Con el mismo objetivo de defender los recursos hídricos de la región, cerca de 500 habitantes de Quiruvilca y Santiago de Chuco harán una marcha de sacrificio saliendo de la sierra de la Libertad rumbo a Lima. La acción, que se realizará el próximo viernes (3), busca defender cinco lagunas localizadas en la jurisdicción e impedir que sus aguas sean usadas para beneficiar a la minería.
Los pueblos indígenas amazónicos también están viendo sus tierras y recursos naturales gravemente afectados. El problema de esta población se debe a la presencia abusiva y contaminante de las empresas petroleras. Para luchar contra el intento de dominar las riquezas de la región, la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio) también se organizó para manifestar su descontento. La acción ocurrió este miércoles en la ciudad de Iquitos.
Antes de estas actividades, otras acciones ya estaban en marcha probando que el pueblo de Cajamarca está empeñado en la protección de sus bienes naturales. De acuerdo con informaciones de Magdiel Carrión Pintado, presidente de la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (Conacami), junto con organizaciones del Pacto de Unidad una medida cautelar fue interpuesta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para proteger la vida y la integridad de las personas, ya que la "defensa del agua es la defensa de la vida”.
Otra medida que está siendo tomada por parte de la Conacami es el intento de crear una Comisión de la Verdad sobre la Minería, que investigue todos los perjuicios causados por las industrias extractivas en los últimos 20 anos.
Proyecto Conga
El Proyecto Conga de la transnacional Newmont-Buenaventura-IFC (Minera Yanacocha) viene causando trastornos a la población de Cajamarca desde el año pasado, porque el proyecto de explotación de cobre y oro hará desaparecer cuatro lagunas ubicadas en las zonas altas de Cajamarca y causará daños ambientales irreparables a la región. La población local teme una emergencia hídrica, ya que buena parte del agua utilizada viene de estas lagunas, localizadas en la cabecera de cuencas.
La aprobación del estudio de impacto ambiental fue uno de los detonantes de los reclamos, dado que éste, incluso habiendo sido cuestionado por el gobierno federal, fue aprobado, incumpliendo la ley peruana que señala que lagunas altandinas, bofedales (zonas inundadas altandinas) y glaciares constituyen ecosistemas frágiles y que pueden sufrir grandes efectos con cualquier intervención.
Traducción: Daniel Barrantes – barrantes.daniel@gmail.com
Pueblo Nasa del Putumayo y Nariño suspende todo proceso de Consulta Previa mientras el gobierno colombiano no haga efectivo su derecho al territorio y haga el registro etnológico de sus comunidades.
Las Autoridades Espirituales y Tradicionales del Pueblo Nasa de Putumayo y Nariño, reunidas en Junta de Gobernadores, en Puerto Caicedo, Putumayo, determinaron suspender todo proceso de consulta previa que se adelante en sus comunidades, ya que han pasado más de cinco años de solicitud al Ministerio del Interior e Incoder de la constitución de resguardos, el saneamiento territorial de los resguardos constituidos y la ampliación de éstos; así como el registro etnológico de sus parcialidades indígenas; ya que las respuestas por parte de los entes gubernamentales han sido dilatorias, al tiempo que de manera acelerada avanzan las licencias para la exploración y extracción de hidrocarburos en los territorios habitados por diferentes pueblos indígenas del Putumayo que padecen la misma situación del pueblo Nasa en cuanto a sus derechos territoriales.
Esta decisión, afecta de manera inmediata los procesos de consulta solicitados por Ecopetrol, Emerald Energy, Petróleos del Norte y Pacific Rubiales, y se mantendrá hasta que el gobierno colombiano no realice el registro etnológico de sus comunidades, y la constitución, saneamiento y ampliación de resguardos.
COMUNICADO ASOCIACION CONSEJO REGIONAL DEL PUEBLO NASA DEL PUTUMAYO-KW'ESX KSXA'W
En carta dirigida al presidente Juan Manuel Santos, la asociación ASFAMIPAZ, manifiesta públicamente que está en contra de un rescate militar, y propone al gobierno colombiano abrir una puerta para que un país acompañe la liberación de los policías y soldados retenidos por las Farc-ep
juzgar por las explosivas declaraciones del otrora jefe narcoparamilitar alias Don Berna, según las cuales el operativo criminal conocido como “las chuzadas” del DAS” fue activado por una asociación suya con el círculo más cercano del Jefe de Estado —que se configuró en principio para desacreditar a la Corte Suprema y por ende sus fallos contra los parapolíticos, incluyendo la condena al primo de Álvaro Uribe—, el Watergate que tumbó a Nixon de la Presidencia de Estados Unidos en los años 70 no sería igual, como se ha dicho, sino que vendría a ser apenas un pálido reflejo de lo que habría ocurrido aquí bajo la dirección del exmandatario.
En efecto, nadie puede creer a estas alturas —tampoco se le creyó a Nixon— que sus secretarios jurídico, general, de prensa y al menos dos de los directores de su organismo de inteligencia, amén de sus consejeros, posibles coautores de esa conspiración contra la democracia, complotaran a espaldas del adorado jefe para desprestigiarlos a él, a ellos mismos y al gobierno que querían perpetuar.
Si los jueces encuentran que las afirmaciones de Don Berna son comprobables, tendríamos razones para concluir que quienes desconfiamos abiertamente de ese régimen a pesar de la opresión uribista sobre la libre expresión, nos quedamos cortos en nuestras pesquisas. No habla bien del periodismo colombiano su incapacidad investigativa y la ausencia de independencia de la mayoría de los medios. Pero habrá momento de practicarnos el autoexamen. Por ahora lo importante es que la justicia pueda establecer qué fue lo que pasó en esa época de despotismo político. Hoy parecen soplar vientos reveladores, dado el declive del expresidente. Con sus familias en el exterior y con la presunta posibilidad de conseguir beneficios aún del sistema estadounidense, los extraditados y algunos habitantes de las cárceles criollas estarían dispuestos a contar de lo que se habrían guardado. No sólo Don Berna. Y lo que sería más jugoso: a entregar pruebas. De concretarse tales versiones, se podría develar la trama completa de las alianzas del poder con fuerzas del bajo mundo para mantener el control estatal.
Lo paradójico y triste de esta maravillosa ocasión es que a la cabeza del ente investigador esté una funcionaria que podría pasar a la historia si ejecuta lo que le corresponde, pero que ha enredado su gestión con decisiones emocionales, no por eso ajenas al interés general. Señora fiscal: usted está metida en tremendo lío de legitimidad. Y no debido a la venganza de unas columnistas envidiosas, de acuerdo con lo que le han señalado sus aduladores; ni al aprovechamiento ciertamente abusivo de su situación por parte de sus investigados de cuello blanco. Sino a que no se concibe (ni aquí ni en Cafarnaún) que quien representa a la justicia pueda conservar intacto su peso moral mientras se liga afectivamente con quien ha representado la ilegalidad. Mire usted más allá de lo que quieren dejarle ver sus malos consejeros. Lea la frase, después de la del presidente Santos, de uno de sus electores, el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema: “considero que… la fiscal ha hecho un excelente papel… pero… la Corte no sabía que ella mantuviese relaciones con el señor Carlos Alonso Lucio. Seguramente si las hubiese conocido, habría ameritado otra reflexión (sobre su elección)”. ¿Supone que esas palabras también son “suspicacias de mala fe” de un magistrado o de toda la Corte? Ponga los pies en la tierra, afine su cerebro y su corazón y haga lo que tenga que hacer, según se lo indique su fuero profesional o su fuero íntimo. Pero no permita que por su debilitamiento institucional, Colombia pierda la oportunidad única de saber hasta dónde son capaces de llegar los prohombres que los votantes entronizamos, bobaliconamente, en el manejo del país.
Así comienza una de las novelas más logradas de la ficción contemporánea. Nada, escrita por la danesa Janne Teller, posee todos los elementos para convertirse en un clásico. Ha sido calificada como “uno de los libros más literarios y filosóficamente interesantes de los últimos años”, comparable a El señor de las moscas de Golding o a los escritos del también danés Søren Kierkegaard.
A pesar del tono oscuro de las primeras líneas que he citado, y de la crueldad de sus jóvenes protagonistas, sería un error pensar que se trata del fruto de un espíritu nihilista. Al finalizar el Hay Festival de Cartagena, mientras dialogábamos acerca de la cruda realidad que enfrentan los campesinos desposeídos del mundo, Janne Teller nos propuso al escritor nigeriano Ben Okri y a mí comprometernos con la redacción de una declaración universal en favor de los condenados de la tierra.
Éste había sido uno de los temas de mi charla del día anterior, a la que ella asistió, y a la que yo había invitado a Don Ismael, el sabio palabrero de la comunidad de Las Pavas. Es también una de las motivaciones más fuertes de la escritora danesa. Y es que antes de convertirse en una de las escritoras más interesantes hoy, Janne Teller trabajó como oficial de las Naciones Unidas en Mozambique, Malí y Tanzania, donde vivió varios años. Allí fue testigo de la situación que deben enfrentar las comunidades campesinas, desplazadas e indígenas. Observó por ejemplo la manera en que, desde la perspectiva de ciertos intereses particulares, se las presenta como un obstáculo en el camino al progreso.
Para ello, se descalifica a las comunidades como premodernas o improductivas, mediante una práctica discursiva que ejerce violencia sobre el lenguaje y la realidad a un mismo tiempo. Una vez deshumanizadas, quedan a merced de los empresarios bien armados. El resto es la antihistoria, esta sí nihilista, de la era moderna. Teller presenció dicha historia. Como diría la premio Nobel de paz Rigoberta Menchú, así le nació la conciencia.
En Cartagena le nació la idea de crear una ley universal de la tierra. Escribió un bellísimo preámbulo. Escribí debajo unas líneas para el primer artículo. Ben adicionará otras desde Londres, e invitaremos luego a escritores, académicos, diplomáticos, a las comunidades, y a ustedes para que se nos unan. Los nihilistas armados podrán llamarnos ingenuos e ilusos. Los ignoraremos. Las palabras sí pueden cambiar la historia.
El Consejo Comunitario Afrodescendiente de La Boquilla en Cartagena (Bolívar), se pronunció ante el proceso de Consulta Previa que se desarrollará sobre el proyecto víal de Doble Calzada en el Anillo Víal que comunica a las ciudades de Cartagena y Barranquilla, en un tramo del proyecto conocido como Transversal de las Américas que se unirá en la Costa Caribe con la Ruta del Sol.
Los afrodescendientes de La Boquilla plantean como paso previo a la Consulta que el Consorcio Víal junto con el gobierno, se comprometan a reparar los daños causados durante la primera etapa de construcción del Anillo Víal hace más de 15 años, entre otras exigencias planteada planteadas en el comunicado público.
La comunidad afrodescendiente de La Boquilla solicita acompañamiento de organizaciones nacionales e internacionales que puedan ser observadoras del cumplimiento de un proceso de Consulta, respetando y asumiendo las exigencias expresadas y garantizando su cumplimiento.
Bogotá, 22 de Enero de 2012
Comisión de Intereclesial de Justicia y Paz
Hour after hour, for four full days between July 9 and 13, after eleven months and five days of forced displacement, 28 members of the Nonam community accomplished their second return to harmonization and medicinal practice, thereby restoring their dignity and recognition (as a people)..
AFFIRMING, RETURNING TO HARMONY AND DIGNITY
The consequences of the displacement triggered by the paramilitary operation, right in the middle of a significant presence of the Fluvial Brigade of the Navy Infantry No.2, between the Rios San Juan and Calima have been profound. Therefore, since the return to the place of displacement, the traditional healers worked at restoring their vital relation with the territory, at regaining a fuller life and healing body and soul.
Renewing an encounter, physical as well as spiritual, in one's vital space where the voice of Pacha Mama can be heard, reinforced the decisions to be taken, demanding firmly the honourable conditions for a definitive return to the territory.
Around the children, the youth and the adults of the indigenous community, 34 more external members gathered: international ONGs (PBI: Peace Brigades International; OIP: International Peace Observatory; PASC: Proyecto de acompañamiento y solidaridad con Colombia del Canada) and national ones (JUBCA: Jóvenes unidos por el bienestar de Calima; JyP: Justicia y Paz) The indigenes gave testimony of the events which occurred almost a year ago and of the absence of an efficient answer from the local and national levels of government.
Nine months have gone by since they submitted their dossier of demands to the national and district governments to achieve their return to the territory. Buenaventura's District Committee served them promises for five months; three months of sentencing for ''Fallo de Tutela'', in which the orders were to give full attention to the problem, as well as proper differential treatment for indigenous: all of this completely in vain.
Physical death, as well as cultural and of the soul is slow but unavoidable with such institutional inaction. Two infant girls, their future, died for lack of full, as well as specific care. The paramilitary threats have been renewed, in the Calima as well as in Buenaventura: the return of some members and leaders would result in assassinations.
The authorities and traditional healers renewed the harmonizing of the territory, after a request to the Pacha Mama. The permission to roam again over the territory was granted to all.
The contrast between the welcoming homes they had built and what looked like a village, abandoned to the decrepitude of old age was soon resolved when very quickly the village became a place of hope. 17 houses were cleaned.
Each family performed the ritual of restoring its space of intimacy. Tears flowed upon re-entering the homes, bringing painful remembrances of this August day, but also the feeling of taking roots. Each family unit cleaned its home, assessed the state of its niche and the time it could take to restore it into the living space it had been. Minutes, hours and days would pass, and this dream haven would appear again.
The outsiders participated fully in the Nonam chores, helping to restore the living quarters for sleeping, cooking, washing and, of course…for recreation.
Hope does not die, in spite of the infants lost during the displacement. Time allowed to choose sites for the new homes to be designed and built.
With passing time, all hands joined in cleaning up the family homes, the class-rooms, the library, what was left of the communal cane-mill, the sheds and storage-rooms, and the rain water collecting systems.
A few hours of work cleared the trail to the pool of clear water. There the 62 bodies felt some rejuvenation in their very souls. Return to harmonious life involved the traditional healer, who focused during the next day on a life inventory of ancestral medicine and traditional healing wisdom.
During many hours, varied pla nt specimens were assembled into preventive medicines, not forgetting the biche, an essential locally distilled alcohol. For the Nonams, Nature is the great preventive and curative power.
This preventive medicine protects life and territory.
The mutual support of Afrocolombianos and Indigenous is beneficial. Since the displacement, unity was formed in the defence of life and territory, with the black communities, with the mestizos from the Calima and other parts of Colombia and of the world.
Moreover, beside the medicinal plant recovery, the recuperation of native food crop seeds was essential. Without food, there is no resistance, harmonization, nor return possible. Thus, at the same time, sowing of papa china, bananas, yucca, pine-apple, sugar cane and some medicinal herbs progressed.
With the persistence of the threatening paramilitary criminality strategies and the continuing regional armed conflict, they had to rethink their living environment: it is now a Humanitarian Reserve.
Violence destroys any harmony. What is now needed is a territorial space allowing some unity in their life. Thus, they put up two new fences and signs to concretely affirm that, in spite of the existing war, civilians like themselves have rights, and that they consider their territory as consubstantial to their survival.
Days ago, in the Sector Gallinero of the Comunidad del Km 2 (or Villa Stella), in the Bajo Calima, two policemen were killed by firearms. Before these events, pamphlets appeared announcing ‘Social Cleaning' against robbers, drug users, prostitutes and whoever would be in the streets at forbidden hours.
No further event will be sanctioned. Indeed, over one year has passed since the denunciation of their displacement and the investigation has not progressed any. Impunity covers the repetition of such acts of violence.
The oppressors know this all too well, and when it comes to protecting investors, even of bad faith, violence is deemed to be justified. At Km 9, two farms had been burnt and the public force prohibited traditional practices in their very ancestral territory. Then the construction of ‘Agua Dulce', a big project for a deep water container port, progressed.
In the community of La Colonia, a leading teacher, member of the Community Council Committee, was threatened by an attempted gun attack, but later a youth was assassinated at his home. Recently, military abuses are recurrent in the sector of the Quebrada Ordoñez. There, regular troops lock up the neighbourhood and forbid anyone from leaving, as well as preventing relatives and neighbours from entering.
Threats and fears spread. One hears that rebels from FARC EP handed out flyers in distant hamlets, at varied times. Many fear and doubt: the last time, flyers bore a certain group number, but were from another. War also lies.
Hours and hours amounting to four days, the ruin and the lost harmony appeared and met. Among songs, rhymes and rituals, when the body becomes the soul and the soul the body, when the body is a community, indignant and regaining its dignity. The last hours were of the joy of feelings, diversely expressed, and of the reasons to return. Back again in Buenaventura, the government's inaction became more reasons for returning. The commitments made days ago by the municipal administration to install storage tanks for the drinking water, adequate bathrooms and showers, power installation, kitchen setting, space for children in daycare centre, school and adequate conditions in the shelter had not been met.
The harmony of the indigenous soul does not abide with institutional lies and delays. It goes much beyond profitability estimates. It does not square with injustice, lies, corruption, nor institutional violence. Harmony is dignity recognized.
New hours and new days are coming when dignity will be recognized in one's own decision to return to one's own origin, where all was harmony.
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
Cuando en Google se digita “constitución política de Colombia”, el primer enlace que figura, de una lista de 3.890.000 posibilidades encontradas en 16 segundos, dirige a la página WEB de la Presidencia de la República. Sin salir de la primera página de la Ley de Leyes se lee:
ARTICULO 2o. Son fines esenciales del Estado: (…) facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación (…)
ARTICULO 3o. La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, en los términos que la Constitución establece.
Lo que de fondo se está haciendo en este par de artículos es definiendo el tipo de democracia a regirse en Colombia: una en la que el pueblo es el Soberano y, por ende, donde la participación del Soberano es la base de las decisiones de la Nación. Esto marca una distancia de otros sistemas de gobierno como aquel donde el Soberano era un Rey, quien ordenaba la sociedad a su voluntad. O aquel otro que reclamaba la legitimidad del poder por el saber (Platón), con lo que se daba trato de menores de edad (Kant) a los ciudadanos de una sociedad dada. La concepción de democracia invocada en nuestra Constitución me hace recordar las conferencias de Estanislao Zuleta consignadas en el libro “Colombia: violencia, democracia y Derechos Humanos”, en particular aquella en la que señala:
“Una democracia debe buscar la participación del pueblo, no sólo en el gobierno, sino sobre todo en la transformación de su propia vida.” (Democracia y participación, p. 48)
¿A qué viene todo lo anterior? Ha dicho el presidente Santos que ningún colombiano se meta en los temas de paz y que nadie se ponga a formular propuestas en este sentido. Este pronunciamiento permite develar las concepciones políticas del actual Presidente en Colombia. De un lado, se puede interpretar que de más de 40 millones de colombianos, sólo uno, él, puede pensar y actuar sobre el tema en cuestión. Pareciera absurdo tener que decirlo, pero al parecer al Presidente Santos se le olvida que la guerra en nuestro país ha dejado miles de víctimas, y que la guerra tiene como telón de fondo la histórica desigualdad e injusticia social, económica, política y cultural, drama que compete a la sociedad colombiana en general, y de manera especial a los pobres, quienes en Colombia son la mayoría. ¿Cómo puede entonces uno y sólo un colombiano abrogarse el derecho de un asunto estructural en la historia de la sociedad colombiana?
De otro lado, el pronunciamiento del Presidente Santos revela su concepción del poder: él es el poder. En una sociedad democrática, un gobernante se abstendría de hacer un pronunciamiento como el hecho por el Presidente Santos, pues ofendería a los ciudadanos en dos de los principios básicos de la democracia: el Soberano es el Pueblo y la participación del Pueblo como legitimación en el ejercicio del Poder. Estos fundamentos están dictados en la Constitución colombiana como lo referí al comienzo, pero si el Presidente Santos ha sido capaz de hacer el pronunciamiento que hizo, es en razón a que identifica que sus palabras caerán en una sociedad no precisamente democrática, pues insisto, insultaría.
Y no sólo un insulto a la democracia en los principios de soberanía y participación, sino a la inteligencia de los ciudadanos que componen la sociedad, puesto que dicha declaración los supone como menores de edad, es decir, incapaces de valerse de su propia razón y pensar por sí mismos, ante lo cual se requiere que otro (el Presidente) piense y dirija sus vidas. De esta manera, pensará Santos, las elecciones (concepción bastante limitada e instrumental de la democracia en nuestro país) no son más que la delegación en otro de la capacidad de valerse por la razón propia. Vuelvo a recordar a Zuleta, pero ahora en otra conferencia del mismo libro:
“ya el viejo Kant decía con deliciosa ironía que los tutores de siempre, que tan bondadosamente han cargado sobre sus hombros la responsabilidad de pensar y decidir por sus pupilos, consideran un paso en extremo peligroso la emancipación de los pueblos, ya que estos carecen de la pericia necesaria y de la costumbre de dirigirse a sí mismos[ii]. Pero no hay que creer que el ciudadano debe estar ilustrado de antemano para tomar decisiones responsables; por el contrario, es la intervención en los asuntos públicos lo único que puede ilustrarlo. Es el debate, la necesidad de rectificar las opciones que se demostraron erradas, de retirar el apoyo a los dirigentes que no cumplieron sus promesas, de modificar las ideas que una vez ensayadas no condujeron a los resultados que de ellas se esperaban; es todo ello, en fin, lo que forma la cultura política de un pueblo.” (Estado y sociedad, p. 38)
Si el Presidente Santos aspirara realmente a buscar una sociedad democrática y a alcanzar la Paz para el país, aplaudiría todas las iniciativas que la sociedad colombiana gestara, independientemente de la afinidad que él mismo tenga con algunas de éstas, pues la diferencia y el conflicto son fundamentos también de la democracia. Iniciativas venidas desde los sectores populares, las comunidades campesinas, los pueblos étnicos, el sector académico, los sindicatos, el gremio empresarial e industrial, los partidos políticos, las iglesias, las mujeres, los jóvenes, etcétera. El gobierno que él preside animaría debates públicos, consultas populares, plebiscitos, referendos, animaría manifestaciones públicas, etcétera. Una sociedad democrática es activa, no pasiva como invita el Presidente con sus palabras, es heterogénea, vive conflictos, mantiene tensiones y disensos, al tiempo que puede construir consensos, es creativa y festiva, al tiempo que con fricciones y roces, sin que éstos se tramiten de manera bélica. Un ejemplo de ejercicio democrático fue el movimiento estudiantil que logró hundir el proyecto de reforma a la Ley 30.
Al tiempo, y a manera de conclusión, un gobierno democrático facilitaría aquella aspiración de William Ospina en su ensayo “La franja amarilla”, que no es otra que el protagonismo de la sociedad en la búsqueda de la Paz, más allá de los gobiernos y los grupos alzados en armas. Me temo que el Presidente Santos, a pesar de que quizá haya leído a Ospina, a Zuleta y a otros tantos, prefiere los libros de José Obdulio Gaviria o los de Alfredo Rangel.
[i] Profesor en la Universidad del Valle. Miembro de la Asociación para la Investigación y la Acción Social NOMADESC. Miembro de la Comunidad SIRIRÍ.
[ii] Se refiere al ensayo ¿Qué es la ilustración? En este mismo volumen aparece el análisis de este texto en la conferencia Kant y la democracia. (N. del E.)
El 26 de enero de 2012, siendo aproximadamente las 10:00 a.m., ingresó a las oficinas del CPDH, ubicadas en la carrera 6 con calle 12, en pleno centro de Bogotá; una persona, que, valiéndose del engaño y, posteriormente, de la fuerza, la cual desplegó en contra del personal administrativo que estuviera en la institución.
El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, informa a la opinión pública que:
2. Dicho ingreso tenía como objetivo constatar la presencia en las instalaciones del Comité, de un grupo de víctimas, las cuales se encontraban desde tempranas horas de la mañana denunciando seguimientos, chantajes y demás actos ilegales cometidos, presuntamente, por miembros del Ejército colombiano, de acuerdo con la información por ellas suministrada.
3. En los últimos meses el Comité ha recibido denuncias por parte de personas que han sido víctimas de montajes judiciales u ostentado la calidad de prisioneros políticos. Estas han denunciado en nuestras oficinas a presuntos miembros de la inteligencia militar colombiana, como los autores de amenazas a su grupo familiar, seguimientos y allanamientos sin orden judicial, presiones indebidas y chantajes para la realización de acciones de carácter militar a cambio de supuestos beneficios económicos y cesación de las acciones de intimidación.
Situación que a toda luz viola los principios de protección a la población civil y a los no combatientes, contemplados en las normas del Derecho Internacional Humanitario, así como también el debido proceso y de respeto por integridad física y moral de la cual gozan todos los ciudadanos colombianos.
SOLICITUD
1. Se investiguen penal y disciplinariamente los hechos puestos en conocimientos a las autoridades competentes en el presente comunicado.
2. Se otorguen las garantías por parte del gobierno nacional fiscalía general de la nación para el ejercicio del derecho a la defensa y el debido de las personas que han venido denunciando las conductas
3. Hacemos responsable al gobierno del señor presidente Juan Manuel Santos, respecto a cualquier hecho que atente contra el derecho a la vida e integridad física de los miembros del CPDH y de las víctimas atendidas por este Comité.
SECRETARIA EJECUTIVA NACIONAL
El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE, Capítulo Sucre en el marco de acompañamiento a los campesinos y campesinas de la finca la Europa en su justa lucha por la defensa del territorio y la búsqueda de la Verdad, la Justicia, la Reparación Integral y garantías de no repetición, denuncia ante la comunidad nacional e internacional los siguientes hechos.
Imagen MOVICE
HECHOS
El día 30 de enero de 2011, aproximadamente a las 6:30 de la tarde fue quemada una vivienda ubicada en el sector de las Peñitas de la finca la Europa en el municipio de Ovejas. Esta vivienda había sido construida por la comunidad para dar continuidad al proceso de retorno voluntario que habían emprendido los y las campesinos y campesinas de la finca la Europa desde el 2008.
ANTECEDENTES
En el año de 1994 aparecen grupos armados al margen de la ley en la finca la Europa, generando una situación difícil para la integridad física y emocional de los socios del predio, ya que se dio el asesinato de 12 campesinos y el desplazamiento de 80 familias que habitaban el predio, quienes hoy tienen interés de retornar a sus predios. Dichos predios fueron entregados por el Gobierno del entonces Presidente de la República doctor CARLOS LLERAS RESTREPO en el año de 1969 mediante la escritura pública N 991 en común y proindiviso a un grupo de 113 familias del municipio de Ovejas, departamento de Sucre. En el momento de su desplazamiento el predio contaba con una infraestructura física muy buena que constaba de una escuela veredal llamada “La Europa”, financiada por el programa de Desarrollo Rural DRI, dos pozos artesanos con la cual obtenían agua para el consumo de las familias que habitaban el predio, una cancha deportiva y cultural que permitía la integración de la comunidad, una tienda comunitaria y una planta picadora de yuca.
Desde hace un tiempo la comunidad de la Europa tiene las intenciones de retornar pero en este propósito se han presentado situaciones difíciles que atentan contra la integridad física de los campesinos.
El pasado 22 de noviembre de 2011, fueron destruidos los ranchos que los campesinos había construido en el proceso de retorno voluntario y defensa de su territorio.
En la última reunión de seguimiento al caso de la finca la Europa realizada en Sincelejo con instituciones de Estado y del Gobierno, el señor GABRIEL VELEZ JARAMILLO, representante de la empresa Arepas Don Juancho, se dirigió a los campesinos en actitud amenazante diciéndoles que si ellos construían casas en el predio él se las destruiría.
SOLICITUDES
MOVIMIENTO DE VÍCTIMAS DE CRÍMENES DE ESTADO CAPITULO SUCRE
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