C.C.E.E.U

Durante meses y semana tras semana, dejamos constancia de cantidad de violaciones de derechos humanos que son un crimen de lesa humanidad, hoy se atenta gravemente contra nuestro proceso, de nuevo contra nuestro representante legal. Todo esto ocurre y nada hace el Estado, mejor, si hace mucho con su complicidad y descaro, dejando que todo pase. Esperamos que algún día, en algún momento de la historia, la humanidad juzgue todos estos crímenes contra una población que ha optado por la no violencia y contra la guerra.

El martes 31 de enero de 2012; entre las veredas Miramar y la Cristalina, se movilizaban tropas del ejército, dentro de dicha tropa se vieron cuatro encapuchados, además dentro del ejército se encontraba un alias muele gallo, desmovilizado de la guerrilla y quién fue amenazando a campesinos y mandando mensajes a todos los campesinos de que el área y la tierra debe ser desalojada para facilitar la explotación de carbón. El jueves 2 de febrero de 2012, hacia las 11 horas miembros del ejército dañaron en Mulatos una plantación de maíz, dejando totalmente destruida la plantación y graves daños en el sustento de varias familias. Hoy Sábado 4 de Febrero de 2012, hacia las 12:15 horas, la comunidad sufre un atentado, esta vez contra el representante legal de la Comunidad de Paz Jesús Emilio Tuberquia, él caminaba por Apartadó junto a la plaza de mercado y fue abordado por dos paramilitares los cuales portaban armas cortas y se movilizaban en motocicleta e inmediatamente sin mediar palabras le dispararon, pero afortunadamente pudo salir ileso al correr. Estos hechos ocurren a tan solo 100 metros de un control de la policía por donde pasaron los dos sujetos sin ser detenidos.

Estos hechos siguen demostrando la estrecha relación entre la fuerza Pública, Instituciones del Estado y el paramilitarismo. Hemos dejado numerosas constancias sin que se haga nada de las bases paramilitares que existen intactas en Nuevo Antioquia, los Mandarinos, Piedras Blancas, Batata y el Dos.

Nuevamente acudimos a la solidaridad nacional e internacional ante la gravedad de estos hechos. Creen los sembradores de la muerte que sus armas nos harán callar o dejar nuestra apuesta por la vida, están totalmente equivocados, nuestra opción por la verdad, la justica y la memoria son irrenunciables en nuestro diario vivir.

COMUNIDAD DE PAZ SAN JOSE DE APARTADO FEBRERO 4 DE 2012

Bogotá D.C., 4 de febrero de 2012 – El próximo 6 de Febrero en la audiencia de imputación de cargos, las organizaciones sindicales fijaran su posición acerca de las manifestaciones de Santos y Gaviria, y revisaran si éstas cumplen los estándares legales de una retractación.

Tres días antes de comparecer ante la Juez 26 Municipal de conocimiento de la ciudad de Bogotá por los cargos que se le imputan de calumnia agravada, el director de RCN radio y ex vicepresidente de la república FRANCISCO SANTOS, admitió públicamente que se equivocó al afirmar que las organizaciones sindicales Sintraunicol, Sintratelefonos y Sintraemcali, hacían "apología del terrorismo”.

Al director de RCN, se le había adelantado el ex asesor del presidente ÁLVARO URIBE, JOSÉ OBDULIO GAVIRIA quien el 27 de diciembre de 2011, en la columna titulada “RETRACTACION VOLUNTARIA” ofrece excusas a los sindicatos Sintraemcali, Sintraunicol y Sintratelefonos por haber afirmado que estos habían participado del "XI Seminario Internacional Problemas de la Revolución en América Latina", celebrado en la Universidad Central de Ecuador (Quito), porque “pertenecen a la cofradía universal del terrorismo, interactúan con sus colegas del mundo".

Las manifestaciones de los dos funcionarios del gobierno anterior, ratifican que se cometió el delito de Calumnia y permiten acercarse al derecho a la verdad. Sin embargo, aún no se restablece el buen nombre y las garantías para preservar el derecho a la integridad física y sicológica de los dirigentes sindicales.

En nuestra calidad de representantes de las víctimas de desaparición forzada, tortura y ejecuciones extrajudiciales durante la retoma del Palacio de Justicia, rechazamos las declaraciones del Gobierno Nacional donde expresa “[s]u profunda preocupación de Estado, y sobre todo de Estado de Derecho, en relación con las graves implicaciones de la exhortación que se hace al Fiscal ante la Corte Penal Internacional para que eventualmente presente el caso ante dicha Corte”, pues en su sentir “[t]al afirmación implica desconocer (…) el artículo 116 de la Constitución” y se “deslegitima de paso, ante propios y extraños, un sistema de administración de justicia”.

Las determinaciones del Tribunal Superior de Bogotá no deslegitiman el sistema de administración de justicia. El mecanismo de investigación y juzgamiento para altos funcionarios del Estado de por si esta ya deslegitimado. En cincuenta años “[e]n ningún caso la Plenaria de la Comisión de Investigación y Acusación ha formulado acusación ante la Plenaria de la Cámara de Representantes, ni la Plenaria de la Cámara de Representantes ante el Senado de la República. En la mayoría de los casos se profieren (sic) se rechazan las denuncias y quejas por ser temerarias e infundadas”. Lo que es ilegítimo, no puede ser deslegitimado.

Es claro que la desaparición forzada de personas es un crimen de carácter permanente, el cual en el caso del Palacio de Justicia se ha ejecutado durante 26 años y tres meses. Este crimen se ha seguido cometiendo con posterioridad a la entrada en vigencia del Estatuto de Roma, por lo cual la Corte Penal Internacional – CPI- tiene plena competencia. Las preclusiones de las que se ha beneficiado el ex presidente Belisario Betancour por la Comisión de Investigación y Acusación, reflejan el accionar de un órgano politizado que nunca ha administrado justicia, sino impunidad. No le hace bien al país, que los Ministros decidan asumir la defensa de oficio, de personas vinculadas en la ejecución de crímenes contra la humanidad.

La Corte Penal Internacional tiene carácter complementario respecto de las jurisdicciones penales nacionales, así queda establecido en el Preámbulo y en el artículo primero del Estatuto. La Corte debe valorar si el Estado ha tenido o no la voluntad política o la capacidad para investigar y juzgar a los principales responsables de crímenes de su competencia.

Recordamos además que el Estatuto de Roma hace parte de nuestro ordenamiento interno, integrado al artículo 93 de la Constitución. El requerimiento del Tribunal Superior de Bogotá a la CPI, lejos de ser un exabrupto como lo quieren hacer ver los patrocinadores de la impunidad, se ajusta al cumplimiento de los fines del Estado Social de Derecho que pregona la Carta Política, para garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en ella.

Reiteramos nuestra preocupación ante las reiteradas intervenciones del Ejecutivo, frente a decisiones judiciales en el caso del Palacio de Justicia, lo cual afecta sensiblemente el Estado de Derecho y debilita la separación de las ramas del poder público.

Igualmente manifestamos nuestra preocupación por las indebidas actuaciones y manifestaciones mediáticas del Procurador Ordoñez, quien el 27 de enero descalificó la providencia del Tribunal sin haberla conocido, solicitando a la Justicia colombiana se inste al Procurador General para que se aparte del trámite de presentación del recurso de Casación, y se abstenga de hacer reuniones privadas con los Magistrados del caso como ocurrió en el trámite de segunda instancia.

Finalmente consideramos que la orden de perdón emitida en la sentencia conforme a los parámetros internacionales es de obligatorio cumplimiento, constituye parte esencial de la reparación a las víctimas y a la sociedad, y debe ser interpretada como un fortalecimiento al Estado de derecho.

Bogotá, febrero 1 de 2012

RAFAEL BARRIOS MENDIVIL GERMAN ROMERO SANCHEZ Colectivo “José Alvear Restrepo”

JORGE ELIECER MOLANO RODRIGUEZ

Nota de Prensa

Bogotá D.C., 31 de enero de 2012 – Mañana miércoles 1 de febrero de 2012, a las 9 de la mañana, en el Tribunal Superior de Bogotá, ante el Magistrado Gerson Chaverra Castro, se llevará a cabo la audiencia de acusación por parte de la Fiscalía Delegada ante el Tribunal, en contra del Juez Primero de División del Ejército, MAURICIO CUJAR GUTIERREZ, por el delito de prevaricato por acción.

Los hechos por los que será acusado este Juez Penal Militar, es haber promovido de manera ilegal y antijurídica una colisión de competencias en el mes de enero de 2009, en el proceso que se adelantaba por parte del Juzgado 3 Especializado en contra de Luis Alfonso Plazas Vega.

Esta acusación se presenta en momento en los cuales el Gobierno y el Congreso de la República impulsan la ampliación del fuero penal militar, hecho que ha sido rechazado por múltiples organismos internacionales de derechos humanos.

Contexto

Los hechos narrados nos remiten a enero del 2009 cuando fue radicado ante la secretaría del Juzgado Tercero Especializado, un oficio firmado por el Juez Primero de División del Ejército Nacional, mayor retirado Mauricio Cujar mediante el cual presenta solicitud de colisión de competencia teniendo como argumento de que es la Justicia Penal Militar la autoridad competente para juzgar las conductas que en ejercicio de actividades del servicio militar desempeño Plazas Vega en la recuperación del Palacio de  Justicia, según él “la retoma del Palacio de Justicia fue una operación militar, con personal y órdenes militares”.   Esta misma solicitud había sido presentada el año anterior por el abogado en su momento del ex coronel Alfonso Plazas Vega ante la Justicia Penal Militar quién la había rechazado por considerar que carecían de expedientes o una investigación del proceso, por lo que no era viable si quiera estudiar esa petición.

El Tribunal Superior de Cundinamarca ratificó en sentencia de segunda instancia, la condena a 30 años de cárcel en contra del Coronel (R) Luis Alfonso Plazas Vega, por los desaparecidos del Palacio de Justicia en noviembre de 1985. "Es una reivindicación a la memoria de las víctimas (desaparecidos del Palacio)", indicó el abogado Jorge Molano, apoderado de Parte Civil en representación de los familiares de Carlos Rodriguez, administrador de la cafetería del Palacio.

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Los Familiares de los Desaparecidos del Palacio de Justicia expresamos nuestra indignación y rechazo ante la grave manipulación de la información a través de los medios de comunicación RCN Televisión y el Tiempo, quienes el día de hoy informaron sobre una supuesta sentencia condenatoria del Tribunal Superior de Bogotá en el proceso contra Luis Alfonso Plazas Vega, hecho desmentido por el Tribunal.

La difusión de información falsa nos afecta como familiares en nuestra dignidad, más aún cuando nos utilizaron para obtener declaraciones sobre un hecho falso. Esto se constituye en otro de los mecanismos de presión a esta Corporación.

Demandamos se investigue y establezca quienes han sido los determinadores de esta manipulación de la información, difundiendo al país las razones y motivos para ello. Solicitamos una rectificación y perdón público en condiciones de equidad.

Bogotá, enero 26 de 2012

Familiares de los Desaparecidos del Palacio de Justicia

[dhColombia, diciembre 28 Dde 2011] Desde el año 2007 representantes de los sindicatos Sintraemcali, Sintraunicol y Sintrateléfono promovieron una querella en contra de Francisco Santos Calderón y José Obdulio Gaviria por el delito de calumnia agravada, pretendiendo con ello el restablecimiento de su buen nombre y garantías para los derechos a la vida e integridad personal de sus integrantes, dadas las amenazas que recibieron a los pocos días de parte de las "Aguilas Negras", quienes se refirieron en similares términos a los usados por el Ex Vicepresidente de la República y el Ex asesor Presidencial.

En el día de hoy José Obdulio Gaviria ha escrito en el diario El Tiempo una columna titulada "Retractación", en la que entre otros aspectos expresa que "El columnista ofrece excusas a los sindicatos Sintraemcali, Sintraunicol y Sintrateléfonos por sus expresiones contenidas en la columna referida en caso de que se hayan entendido como una referencia directa a instituciones y personas; y no al terrorismo y las personas que lo practican".

En estos momentos los sindicatos y sus abogados analizan el contenido de la columna, especialmente lo concerniente a los términos y condiciones de la llamada retractación y si la misma se ajusta a los estandares legales que se refieren a las condiciones de equidad que debe reunir la retractación.

COMUNICADO A LA OPINIÓN  PÚBLICA

POR  DUDA PROBATORIA ES ABSUELTO RAMIREZ QUINTERO Y OTROS

Bogotá (Colombia), 16 de diciembre de 2011. Pese a la existencia de suficiente material probatorio que señala la responsabilidad penal de IVAN RAMÍREZ QUINTERO, GUSTAVO AREVALO MORENO y FERNANDO BLANCO GÓMEZ, por las desaparición forzada de once personas en los hechos de la retoma del Palacio de Justicia, la Juez Cristina Trejos Salazar del Juzgado 51 Penal del Circuito de Bogotá, dicto sentencia absolutoria. Destaca la Juez en el fallo, que no existe duda en la existencia de las personas desaparecidas, sino en el nivel de participación de los militares retirados.

Ramírez Quintero, para la fecha de los hechos era el Comandante del “Comando de Inteligencia y Contra-Inteligencia – COICI - Batallón Brigadier Charry Solano”, quienes con antelación, conocían de la ocurrencia de la toma del M-19 a las Instalaciones de la Corte Suprema de Justicia. El 6 y 7 de noviembre de 1985 y días siguientes, participaron activamente en las labores de identificación en la Casa del Florero y coordinaron con el B2 de la Brigada 13 del Ejército Nacional en los interrogatorios a los denominados especiales o sospechosos de pertenecer a la Guerrilla, evacuados con vida del Palacio de Justicia.

Las declaraciones de Eduardo Matson y Yolanda Santodomingo, personas catalogadas como especiales en el Plan de Operaciones, afirmaron fueron objetos de toda clase de torturas en el Batallón mencionado, pruebas que son coincidentes con lo narrado por ex integrantes de inteligencia, como el Cabo Bernardo Alfonso  Garzón.  Testimonios que públicamente en una entrevista Luis Alfonso Plazas Vega -condenado a 30 años-, no desmiente, señalando como responsables de la desaparición del integrante del grupo subversivo M-19 Irma Franco Pineda al Batallón Charry Solano.

Esta sentencia marca nuevamente la situación de impunidad que durante 26 años ha caracterizado este caso. Es importante recordar que es Iván Ramírez Quintero, uno de los gestores de la triple A, plan creado para cometer actos de barbarie –tortura, desaparición, asesinatos, entre otras violaciones a los derechos humanos-, desde el ejército de Colombia.

Respetamos el fallo proferido por la Juez 51, pero nos apartamos de sus consideraciones de manera tajante y decidida, por ello como defensores de las víctimas, apelamos la decisión.

En el municipio de Guapi, a las 10 y 45 de la mañana de hoy, 23 de noviembre de 2011, resultó gravemente herido el menor de edad, Jhon Fredy Vidal, propinado por el teniente Pino adscrito a la estación de policía de Guapi. Esta situación provocó que los pobladores se trasladaran al puesto de policía a protestar de manera espontánea.

Jhon Fredy se dedicaba a la recolección de basura, actividad que realizaba en un vehículo de tracción animal. Según testigos presenciales, el joven se dirigía por la vía al aeropuerto cuando se encontró con la camioneta de una patrulla estacionada en la mitad de la calle. Les pidió que la movieran para él poder pasar con su carro mula.

La respuesta del teniente Avit Pino fue requisarlo y amenazarlo. Ante esto el joven, temeroso, corrió. El teniente lo persiguió y tres cuadras después, entre los barrios de las Américas y las Palmeras, detrás de la casa de sus padres, fue herido gravemente en la cabeza. Asimismo un civil resultó levemente herido.

En este momento, doce del día, la policía intenta dispersar a los manifestantes con gases lacrimógenos. Los motivos de la protesta se deben a que el joven era muy conocido en la población como persona trabajadora, así como a las permanentes amenazas que profiere el teniente Pino y otros agentes, de matar a los jóvenes de Guapi, sobre todo a los que no pertenecen a ciertas bandas criminales. Personas que prefieren el anonimato, manifiestan que es sabido en Guapi que el teniente Pino se reúne con los paramilitares en el sitio conocido como la Ele, ubicado en el barrio las Flores.

Como se ha denunciado de manera constante, sectores de la policía y el ejército de Guapi, tienen una alianza con paramilitares de los Rastrojos y las Águilas Negras que actúan en la impunidad en la cabecera municipal, organizaciones que controlan el negocio del narcotráfico en la región.

Por último, la comunidad denuncia que cuando se han presentado casos graves de peligro de muerte, el ejército facilita un helicóptero para el traslado del paciente a Cali, pero este no ha sido el caso. Jhon Fredy sigue debatiéndose entre la vida y la muerte en un hospital de primer nivel.

La población sigue clamando a las autoridades y los organismos de control una actitud sensata frente a los hechos de persistencia de violencia en Guapi con la connivencia de la fuerza pública. El Vicariato Apostólico de Guapi y las organizaciones etnicoterritoriales y sociales repudian estos actos violentos de funcionarios estatales contra la población civil.

“LAS VERGONZOSAS PRÁCTICAS DE LA CASA DE NARI NO SE HAN ABANDONADO”

Debido a las declaraciones temerarias e irresponsables del pasado 13 de octubre por parte del actual Ministro del Interior Germán Vargas Lleras, las organizaciones sociales abajo firmantes como integrantes de la Universidad Industrial de Santander (UIS) queremos anunciar a la sociedad en general los siguientes aspectos:

1. Es de conocimiento que los estudiantes de por lo menos 27 universidades públicas colombianas se han declarado en cese de actividades académicas, y en paro indefinido desde el 12 de octubre como rechazo al proyecto de reforma de la Ley 30 de educación superior.

2. Que este proyecto de reforma de la Ley 30 de 1992, no ha sido discutido por parte del Ministerio de Educación de forma amplia y seria con las mayorías universitarias. Ni mucho menos ha sido concertado con el grueso del estudiantado.

3. Las detenciones arbitrarias y judicializaciones efectuadas contra reconocidos activistas estudiantiles de las Universidades de la Amazonía y Surcolombiana, demuestran que la administración presidencial de Santos Calderón posee una dobla práctica. La postiza adoptada en escenarios internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y la verdadera como es la criminalización de la protesta, la persecución política, los señalamientos, y la militarización contra los legítimos procesos sociales.

4. Las recientes declaraciones de guerra por parte del Ministro del Interior contra el movimiento estudiantil universitario, no debilitarán este proceso de resistencia & lucha en contra del modelo privatizador que se quiere introducir de manera autoritaria en la educación superior de nuestro país.

5. Seguimos reiterando que no somos terroristas, ni guerrilleros, y dejamos en cabeza del estado colombiano la responsabilidad exclusiva de lo que pudiera acontecer con las vidas de cada uno de los estudiantes colombianos que se encuentran hoy en resistencia pacifica frente a la implantación de este virulento modelo de reforma a la educación superior.

CORPORACIÓN POR LA DEFENSA DE LOS D.H “CHRISTIAN ROA”, CORPORACIÓN SILGARÁ, COLECTIVO INFORMATIVO SUSURRO, DELEGADOS UNIVERSITARIOS MESA TERRITORIAL DE GARANTÍAS, OBSERVATORIO ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO (DLOEA)

CAMPUS UNIVERSITARIO, CRA 27 CALLE 9ª BUCARAMANGA-COLOMBIA, OCTUBRE 15 DE 2011