El Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo –cajar-, deplora la decisión del gobierno panameño de no revocar el asilo y de no conceder la extradición de María del Pilar Hurtado.
El gobierno de Panamá ofende la institucionalidad colombiana, a la justicia, a las víctimas de la persecución política que ejerciera el gobierno de Uribe Vélez a través del DAS y a la sociedad colombiana en su conjunto.
Entregamos pruebas al despacho del Presidente Martinelli, a la cancillería panameña y a la opinión pública de Panamá de que María del Pilar Hurtado nunca fue perseguida política en Colombia, ni atacada, ni amenazada, nunca pidió la protección de la fuerza pública, probando que su refugio en Panamá no tuvo móvil distinto a evadir la acción de la justicia colombiana. El gobierno de Panamá argumenta su soberanía y razones de persecución política en contra de María del Pilar Hurtado, para mantenerle el asilo territorial y reitera que “en aras de contribuir a la estabilidad social y política de los pueblos de la región”, mantiene su decisión. Estas afirmaciones deben tener respuesta oficial de la cancillería colombiana ya que el gobierno panameño compara al estado de Colombia con aquellos países que en la región han tenido una “débil institucionalidad democrática” y por lo tanto ofrece protección a “una perseguida política”.
Recordamos al gobierno panameño que la soberanía se cede parcialmente en los tratados internacionales y que el derecho internacional de los derechos humanos hace parte de la legislación interna de Panamá y que los tratados sobre asilo obliga a Panamá a no conceder asilo a violadores de derechos humanos y en Panamá cursa una denuncia penal contra la señora Hurtado por crímenes de lesa humanidad.
Es necesario resaltar dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos de Manuel Cepeda Vargas y Mapiripán que sobre el particular consagran:
“Un Estado no puede otorgar protección directa o indirecta a los procesados por crímenes que impliquen violaciones graves contra derechos humanos mediante la aplicación indebida de figuras legales que atentan contra las obligaciones internacionales pertinentes. De tal manera, la aplicación de figuras como la extradición no debe servir como un mecanismo para favorecer, procurar o asegurar la impunidad”
Por otra parte solicitamos a las autoridades judiciales panameñas que se proceda a detener y a procesar a María del Pilar Hurtado. El asilo concedido no es sinónimo de impunidad como lo reconoció la cancillería panameña en respuesta a un requerimiento de la Procuraduría de dicho país. María del Pilar no está siendo juzgada en Colombia ni por delitos políticos, ni por delitos conexos, ha sido acusada por concierto para delinquir agravado, falsedad ideológica en documento público, abuso de función pública, violación ilícita de comunicaciones agravada y peculado por apropiación que conllevaron graves violaciones de derechos humanos contra numerosas víctimas.
El código penal de Panamá es claro al respecto, en el art. 20 se establece:
"También se aplicará la ley penal panameña a los delitos cometidos en el extranjero, cuando:
....4, Una autoridad nacional haya negado la extradición de un panameño o de un extranjero"
Panamá debe juzgarla por los delitos por los cuales se le ha negado la extradición conforme lo establece la Convención Interamericana sobre Extradiciones de 1981 en su art. 8°.
Por otra parte en el Juzgado 13 penal del Circuito de Panamá cursa una denuncia penal contra María del Pilar Hurtado por dos crímenes de lesa humanidad: tortura sicológica y persecución política, contemplados como delitos en el título XV del código penal de Panamá, arts. 440 y siguientes. Panamá debe investigarla por estos delitos en ejercicio de la jurisdicción universal.
Defendemos el asilo como un derecho fundamental, que se ha consagrado para proteger a las víctimas y no a los victimarios. Panamá no puede convertirse en un paraíso de impunidad para criminales.
Finalmente el CAJAR denunciará al Estado de Panamá en Washington el 23 de marzo próximo cuando se inician las sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Presidente Martinelli ha comprometido seriamente la responsabilidad internacional del Estado de Panamá y deberá rendirle cuentas por ello a su propio pueblo y a la comunidad internacional.
COMUNICADO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE PANAMÁ
El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá al negar la solicitud de extradición, quiere informar que mantiene el asilo otorgado a la señora María del Pilar Hurtado, con fundamento en:
1) La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) la cual establece en su artículo 22 (7) que “toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos y de acuerdo con la legislación de cada Estado y los convenios internacionales”.
2) Con base también a la Convención sobre Asilo Territorial de 1954 la cual en su artículo 1 establece que “todo Estado tiene derecho, en ejercicio de su soberanía, a admitir dentro de su territorio a las personas que juzgue conveniente…” y el artículo 4 “la extradición no es procedente cuando se trate de personas que, con arreglo a la calificación del Estado requerido, sean perseguidas por delitos políticos o por delitos comunes cometidos con fines políticos, ni cuando la extradición se solicita obedeciendo a móviles predominantemente políticos”.
3) También nos basamos en el Decreto Ley No.3 de 22 de febrero de 2008, que establece que el reconocimiento de la condición de asilado estará sujeto a lo señalado en el ordenamiento jurídico nacional y en los tratados internacionales, y 4) en el Decreto Ejecutivo Nº 301 del 19 de noviembre de 2010 que concedió el asilo.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá reitera que la institución del asilo se desarrolla con vigorosidad en América Latina, como consecuencia de ofrecer una herramienta jurídica que brinde protección a los perseguidos políticos, en una región del mundo que por mucho tiempo se caracterizó por una débil institucionalidad democrática y que empieza a cimentar su consolidación. El Gobierno Panameño, en aras de contribuir a la estabilidad social y política de los pueblos de la región, mantiene su decisión sobre las personas mencionadas.
Un contexto sin garantías para las víctimas
El hecho más importante en cuanto los derechos de las victimas durante los últimos 6 meses , lo constituye el proceso de elaboración de los decretos reglamentarios de la ley 1448/2011, este proceso contrariando el mandato de la propia ley, vuelve a dejar por fuera la participación de las víctimas en su diseño, y aunque se recogieron lagunas inquietudes planteadas por las organizaciones, esto no obedeció a mecanismos de participación que garantizaran el efectivo derechos de las víctimas a contribuir en la construcción de los decretos.
Al mismo tiempo, el propio gobierno de Juan Manuel Santos, lidero las denuncias por el despojo ilegal de tierras que se presentó desde propias organizaciones del estado, como notarias , INCODER entre otras, así mismo se continuo la política de entrega de predios a comunidades desplazadas, en lo que el gobierno denomino el “plan de choque”, sin embargo es necesario decir que estas restituciones han sido más simbólicas que reales, pues ellas se han dado en zonas del país donde los grupos paramilitares continúan ejerciendo control territorial que de seguro, van en contravía de garantizar el derechos de la restitución, así se evidencia con el paro armado ordenado por el grupo paramilitar de los Rastrojos en 6 departamentos de la Costa Caribe, justo al inicio de la implementación de la ley de víctimas y restitución de tierras.
De otro lado en el último año y más particularmente en el último trimestre se han aumentado las acciones que buscas desprestigiar la labor de los y las defensoras de derechos humanos, mientras amenazas y persecución, como el asesinato de líderes y defensores de derechos humanos, crímenes que han continuado en medio de la más profunda indiferencia del estado y en completa impunidad.
Finalmente, se ha producido un sistemático intercambio de declaraciones y acciones militares que han golpeado fuertemente a la fuerza pública, como a la población civil, que dejan indicar que en el tema de la solución del conflicto se respira un nuevo ambiente en el país, que de seguro contiene la eventual liberación unilateral de militares retenidos por la insurgencia e igualmente debe reanimar la discusión sobre el intercambio humanitario.
Movice y los problemas orgánicos
En este contexto es en que se bebe realizar la discusión sobre la estrategia organizativa del MOVICE, que permita enfrentar de manera eficaz y efectiva la adversa coyuntura, a fin de garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación integral, garantías de no repetición, y superación de la impunidad, tal como han sido los postulados del MOVICE desde hace 6 años cuando fue creado.
En primer lugar observar algunas situaciones que a mi juicio son necesarias valorar colectivamente y hasta donde sea posible, encontrar alternativas de solución si es necesario, Dado que el MOVICE tiene todas las y condiciones para convertirse en un escenario político para que las víctimas del conflicto y particularmente la de los crímenes de estado, cuenten con una vocería que exija con dignidad el restablecimiento de los derechos de las víctimas, a través de escenarios nacionales como internacionales. No obstante lo anterior, es válido reconocer que en el último periodo desde el comité de impulso, se viene observando situaciones, se hace necesario que tanto el comité de impulso como los capítulos regionales asuman el desarrollo de las estrategias de lucha contra la impunidad, ellas tienen procesos de desarrollo desigual y en algunos casos ni siquiera hay avances en la formulación. Y otras se desarrollan pero de manera desarticuladas entre las organizaciones, o los capítulos e incluso ante el comité de impulso.
En el caso de las estrategias como la comisión de ética, el catastro alternativo, la estrategia jurídica y las audiencias ciudadanas por la verdad que cuenta con una participación acompañada, es necesario que se fortalezca en una nueva posibilidad de alcances y dificultades y hacer los esfuerzos para que haya metas de apropiación colectiva y en este sentido el comité de impulso deberá hacer observaciones sobre la forma de trabajar en cada una de ellas, podría ser: nombrar grupos de organizaciones responsable, planes de trabajo colectivos, informes periódicos de sus avances.
De otro lado, está la formación de los capítulos regionales, el comité de impulso debe discutir un procedimiento o criterios para la creación y funcionamiento de estos. (Seguimiento a las actas de sus respectivas reuniones por ejemplo) Así, mismo difundir la elaboración de un plan estratégico del MOVICE que permita superar el coyunturalismo y en todo, fortalecer el trabajo planificado, lo cual si estabiliza el movimiento entre el comité de impulso y las regiones. Desde los capítulos debe desarrollarse un plan que desarrollo de las estrategias que permita que las víctimas se empoderen de sus propuestas.
Respecto al funcionamiento del comité de impulso, se debe corregir unas situaciones que se están presentando las últimas reuniones, las que las organizaciones del comité de impulso no participamos regularmente y cuando lo hacemos es para posicionar una propuesta particular que luego se referirán en la próxima reunión, se requiere que las organizaciones del comité de impulso adquiramos compromisos concretos en relación con temas y/o estrategias y espacios, estos compromisos los establece la organización y no la persona.
Las víctimas en clave de movimiento
Una discusión importante que debe realizarse en este el comité de impulso ampliado, debería ser ponernos de acuerdo sobre lo que debe ser el movimiento nacional de víctimas de crímenes de estado, esta discusión suponer poner en común las distintas valoraciones que los miembros del movimiento tienen sobre el mismo, durante los años de la existencia del MOVICE, hemos constatado como hay distintas percepciones sobre lo que debe ser el movimiento.
Regularmente el MOVICE:
Algunas víctimas del conflicto han asumido que el MOVICE es su organización de base, para muchos de los cuales es la primera experiencia organizativa que se tiene, y aunque esto es importante, en algunas partes se han generado conflictos entre las víctimas que están en el MOVICE, y los procesos organizativos y organizaciones derechos humanos que inclusive, han dado para el retiro de las organizaciones del espacio MOVICE, e incluso, la exclusión que las mismas víctimas han hecho a las propuestas organizativas de distinto carácter que han intentado integrar el movimiento.
Desde otra perspectiva algunas organizaciones han asumido al MOVICE como una ONG, desde la cual se pueden hacer gestiones de recursos, y desarrollar actividades de diverso tipo asesoría jurídica, formación, publicaciones, e incluso incidencia, pero esta forma de concebir el MOVICE no considerar las dificultades propias de los procesos organizativos amplios.
Incluso en algunos casos algunas personas asumen la propuesta del MOVICE como un escenario para la extensión de luchas de otras dinámicas, algunas de ellas no adecuadas para la perspectiva de organización de víctimas.
Como sea que existen varias valoraciones sobre el MOVICE, habrá necesidad de ponernos de acuerdo, en entender que el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, se asume como una propuesta de movimiento social, es decir el acuerdo político sobre mínimos, en nuestro caso: Visibilizar y exigir los derechos de las víctimas de los crímenes de estado: verdad, justicia, reparación integral, garantías de no repetición y superación de la impunidad. En ese sentido es necesario comprender entonces que el movimiento debe centrar sus actividades y acciones en torno a este acuerdo mínimo, que cómo se comprenden las circunstancias del conflicto armado en Colombia no es ningún acuerdo mínimo. Salvo los que supongan mejorar las condiciones para la exigibilidad estos derechos y propósitos políticos, como es el caso de la necesaria articulación del MOVICE, a la búsqueda de la solución política negociada al conflicto armado que tiene el país.
La dinámica del movimiento social, entonces debe entenderse, como una propuesta organizativa muy flexible, con acuerdos mínimos sobre el funcionamiento, conformación, vocerías, plan de trabajo y mecanismos de acción política.
En este último aspecto, vale la pena recordar, el MOVICE surgió como una propuesta plataforma política para impulsar la movilización política de las víctimas, es importante no perder de perspectiva este elemento, máxime en el contexto actual, en el que los derechos de las víctimas a exigir la reparación integral, el derecho a la restitución de los bienes usurpados, como el de la verdad, y la justicia, se ven gravemente amenazado supo lesionados con la implementación de la ley de víctimas.
En tal sentido, poner a las víctimas de los crímenes de estado, en clave del movimiento, supone en todo caso, mucha inventiva en materia de acción e incidencia política, asumir el desafío del crecimiento con nuevas víctimas que no han estado articuladas a ningún tipo de propuesta organizativa, a articular a la organización a otras dinámicas de movilización que quizá tengan objetivos más amplios, pero que en todo caso permitirían posicionar la discusión sobre los derechos de las víctimas en esos otros escenarios.
Finalmente, como desafío inmediato el MOVICE tiene que impulsar la preparación y realización de una significativa movilización el próximo seis de marzo, que logre impactar y sensibilizar a la opinión pública, sobre la fragilidad de los derechos de las víctimas y particularmente el que tiene que ver con el derecho al restablecimiento de los bienes patrimoniales despojados, esta movilización no podrá reducirse a pequeños acciones, ella debe tener un impacto de carácter nacional lo que supone empezar su preparación impulso vinculando a muchos sectores de la sociedad a respaldar esta movilización.
Igualmente está el desafío, que impone la implementación de la ley de víctimas, estar atentos a todo el debate que rodea la conformación de las mesas municipales, departamentales, y nacional de víctimas, y hasta donde sea posible incidir para su conformación y orientación.
El reto entonces, el vernos el próximo seis de marzo y hacer oír nuestra voz y nuestras demandas.
Hace ocho años nos embarcamos en una particular Odisea. Emprendimos el camino para ser un medio noticioso que visibilizara las realidades de obreros, trabajadores, mujeres, jóvenes, indígenas, campesinos, afrodescedientes y estudiantes; que reportara las acciones de los movimientos sociales que buscan construir un país del tamaño de sus sueños y que siguiera los acontecimientos del país con una óptica crítica, alejada del discurso dominante en los medios de comunicación y que enfrentara la visión del mundo impartida por las clases dominantes.
Aunque Ítaca está muy lejos de verse realizada, hemos logrado mantenernos con nuestros propios esfuerzos, narramos la historia presente y mantenemos la ilusión de llegar a puerto junto a una nueva patria, a un nuevo hogar sin censura ni monopolios, sin injusticia ni despojo, sin olvido y sin morbo.
En la noche del 3 de febrero de 2004 emprendimos el camino que hoy nos lleva a uds., quienes dan vida a El Turbión, para informarles sobre lo que ocurre en Colombia y el mundo, sobre los retos que afrontan nuestros pueblos y sus acciones para transformar la realidad. Gracias a uds. hemos crecido como equipo, hemos mejorado nuestra forma de hacer periodismo y aumentado la información que circula por nuestra página web, así como las temáticas que cubrimos.
Esperamos seguir contando con uds. en la construcción de este medio independiente. Las voluntarias y voluntarios que han aportado su trabajo durante estos ocho años a El Turbión, colombianos y colombianas que cubren el acontecer desde nuestro país, Cataluña, Egipto, Estados Unidos y Suecia, así como esa creciente comunidad de colaboradores que alimenta nuestra publicación desde distintos rincones del planeta, esperamos seguir realizando un trabajo de su interés, creciendo en información y lectores, leer muchos más comentarios sobre nuestras notas y lograr que el país vuelva a discutir sus principales problemas y a repensar su lugar en el mundo.
Seguiremos la Odisea de la comunicación alternativa: estos ocho años son sólo el comienzo y con ustedes, muy seguramente, lograremos romper el silencio.
Eventos
De la Plaza Tahrir a la Plaza de Bolívar: movimientos sociales y comunicación alternativa
Periódico El Turbión – 8 años rompiendo el silencio
Jueves, 23 de febrero de 2012 – 2 a 6 pm
Universidad Javeriana – Edificio Fernando Barón – Sala 2-309
Bogotá, Colombia
Con motivo de nuestro octavo aniversario, invitamos a nuestros lectores, colaboradores y amigos a acompañarnos en esta reflexión sobre la relación entre los movimientos sociales en el mundo y el hacer de la comunicación alternativa, libre y popular.
Programa:
Presentación – Periódico El Turbión: 8 años rompiendo el silencio
Panel 1 – Libertad de expresión y medios alternativos Receso
Panel 2 – Medios de comunicación y movimientos sociales en el mundo
Invitados desde Egipto, España, El Salvador, México, Chile y Colombia.
Para el cierre – Lanzamiento nuevos proyectos del Periódico El Turbión para 2012.
Mayores informes: 3002898059 – elturbion@modep.org – @elturbion
El exjefe paramilitar Alonso de Jesús Baquero, alias 'Vladimir', no sólo ratificó su declaración en la que señaló al excongresista liberal César Pérez de haber instigado la masacre de Segovia (Antioquia) ocurrida el 11 de noviembre de 1988 en la que murieron 43 personas, también entregó detalles de cómo se ordenó esa matanza.
Uno de esos pormenores que relató 'Vladimir' a los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema fue una reunión en Medellín en la que el político antioqueño le reclamó al entonces jefe paramilitar Fidel Castaño, la falta de efectividad en las acciones contra la Unión Patriótica en Segovia (Antioquia).
Para la época, 1988, 'Vladimir' era el comandante del frente ‘Gavilanes' de las autodefensas y sólo efectuaba ataques selectivos contra militantes de la izquierda o sospechosos de pertenecer o patrocinar a la guerrilla.
"Se va a hacer como el señor (Pérez) quiere", asegura que le dijo Henry Pérez, otro de los jefes paramilitares asistentes a la reunión en la capital antioqueña y en la que aparentemente se fraguó la matanza de habitantes de Segovia.
'Vladimir' dijo que el reclamo que hizo Pérez a los jefes ‘paras' le produjo un inconveniente en el que estuvo a punto de ser fusilado. A él le reprocharon su pasado guerrillero y su presunta flexibilidad en el municipio. Tras una advertencia se le ordenó que efectuara un ataque contundente que infundiera miedo en una zona guerrillera.
El exjefe paramilitar, actualmente preso en la cárcel de máxima seguridad de Palmira (Valle) y converso al cristianismo, asegura que le para esa fecha le cogió desconfianza al político y aceptó la orden de la masacre, que tuvo un saldo de 42 personas de una lista de 60.
"Estaba desesperado porque estaba perdiendo las elecciones con la UP", dijo alias 'Vladimir' a los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema cuando le preguntaron si conocía las supuestas razones para ordenar ese hecho.
“Si quieren que haga lo que este señor quiere -miró en ese momento de la de la declaración a Pérez-, pues listo... yo lo hago”, asegura que les dijo ‘Vladimir' a sus jefes, aunque no se mostró muy de acuerdo con ello.
Los detalles
Pero los supuestos argumentos que relacionan a Pérez como autor intelectual de la masacre no quedan allí. El exparamilitar contó que un subalterno suyo conocido con el alias del 'Tombo', quien era el encargado de la seguridad de Pérez cuando este iba a Segovia, le contó a ‘Vladimir' que al político le gustaba tomar trago y en medio de la borrachera Pérez gritaba que iba a "sacar a la UP a plomo".
En la declaración, que no tardó más de una hora, 'Vladimir' sostiene que conoció de una grabación de la reunión entre Pérez y Fidel Castaño en la que quedó establecida la orden de Pérez para que se realizara la masacre. Los paramilitares ordenaron grabar todo, pues en el futuro, eso "les iba a servir", afirmó el jefe paramilitar.
‘Vladimir', quien constantemente se refirió al político antioqueño como el "Señor", relató un detalle poco conocido, la supuesta impresión de volantes que hizo Pérez para amedrentar a la población tras la masacre. “Él se encargó de hacer imprimir la papelería”. Esta se repartió por el pueblo y las zonas rurales.
Otro hecho que debe corroborar la Sala Penal de la Corte Suprema es si hubo un encuentro entre jefes paras, incluido ‘Vladimir', en la que Fidel Castaño les entregó felicitaciones de parte de César Pérez por la masacre.
Tanto el abogado como César Pérez se abstuvieron de hacerle preguntas al exjefe paramilitar.
Con la asistencia de 800 productores de cacao y de diversas organizaciones gremiales y sociales se desarrolló la marcha cacaotera en las horas de la mañana de ayer jueves 2 de febrero, en el municipio santandereano de San Vicente de Chucurí, en el acto los cacaoteros exigieron la intervención del gobierno nacional para frenar las importaciones y el contrabando de cacao que echan por tierra su precio. Reclamaron, además, un Fondo de Estabilización de precios, asistencia técnica efectiva para el control de plagas y reparar las desastrosas vías de la zona cacaotera.
Al acto concurrieron por la Asamblea Departamental los Diputados, Roberto Schmalbach y Rubiela Vargas; el Alcalde, los Concejales y el párroco de San Vicente; varios exalcaldes y numerosos dirigentes sociales y gremiales de la región chucureña.
El próximo domingo 5 de febrero los cacaoteros harán otra gran concentración en Landázuri (Santander) y el jueves 9 de febrero, a proposición del diputado del Polo Democrático Roberto Schmalbach, la Asamblea Departamental hará un debate sobre la crisis cacaotera nacional.
Del día 12 al 15 de Agosto de 2011 tuvo lugar el Encuentro Nacional de comunidades campesinas, afro descendientes e indígenas por la tierra y la paz de Colombia en la ciudad de Barrancabermeja puerto petrolero del país. Al evento asistieron más de 30 mil personas que exigieron dialogo, tierra y ser parte íntegra de la solución real del conflicto armado que padece el país hace mas de 40 años.
* Estos días pasados por bombas inexplicables, atentados y combates nos ponen de relieve las conclusiones del encuentro nacional por la paz.
Los muertos y el desangre de nuestro país nos repiten hasta el cansancio que la paz no solamente es necesaria, sino que la paz es posible.
La movilización ciudadana por la paz debe ser la respuesta al recrudecimiento de la guerra y la multiplicación de los muertos. La reivindicación la misma: el diálogo civilizado como fórmula para alcanzar la paz (Nota de APR)
La necesidad histórica de superar la inequitativa distribución de la tierra en Colombia se mantiene vigente. Los avances logrados en este sentido resultan bastantes limitados frente a la magnitud de la concentración de tierras que ha caracterizado la estructura agraria colombiana y constituye la base originaria del conflicto político, social y armado.
Sin embargo, bajo este panorama los procesos campesinos han encontrado en la figura de las Zonas de Reserva Campesina un reconocimiento, una alternativa real. La zona de reserva campesina, consignada como figura jurídica en la Ley 160 de 1994, surgió como resultado de importantes procesos de movilización campesina que exigían compromiso gubernamental frente al desarrollo social y económico de vastas regiones rurales, históricamente excluidas de los planes de inversión del estado.
Como figura jurídica constituye uno de los pocos avances hacia la construcción de una política de desarrollo rural integral, que se sustente en la realización de una vida digna para los campesinos, a través del pleno ejercicio de sus derechos y la satisfacción de sus necesidades. En el marco de las zonas de reserva campesina, son los campesinos los principales protagonistas en la planificación, decisión y ejecución de los planes de desarrollo local y regional, de forma que permite el fortalecimiento de las bases organizativas en los sectores rurales.
Las potencialidades que encierra la figura conllevaron a que distintas organizaciones campesinas iniciaran la construcción de planes de desarrollo local, elevaran su solicitud de constitución al entonces Instituto Colombiano de Reforma Agraria - INCORA y algunas ellas alcanzaran su aprobación. Después de 14 años de existencia de las ZRC y a un ano de la reactivación de las ZRC, es importante realizar nuevamente una evaluación de las zonas de reserva campesinas, sus alcances como elemento integrador de una política de desarrollo rural para el país, el desarrollo de las mismas en las regiones donde se constituyeron, su estado actual, los obstáculos y tropiezos en cada contexto donde se presentan nuevas solicitudes y el desarrollo efectivos de las existentes.
Con este propósito, la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina ANZORC convocan al II Encuentro Nacional de Zonas de Reserva Campesina a realizarse en el Cauca del 1 al 4 de Marzo de 2012.
.........
Informes: zonasdereservacampesina@gmail.com Teléfono en Barrancabermeja: 7 - 6223016
..................
Artículo relacionado: Carta abierta de ANZORC al presidente Santos http://prensarural.org/spip/spip.ph...
El General Rafael Alberto Neira, ex comandante de la Brigada 18 con sede en Arauca, rindió testimonio en la audiencia de juicio oral realizada el 2 de febrero de 2012 y en su declaración señaló que en su calidad de General de la nación adelantó una indagación interna sobre la posible responsabilidad de miembros del ejército en la desaparición y homicidio de los hermanitos Torres Jaimes en hechos ocurridos en octubre de 2010.
Neira precisó que parte de su investigación consistió en entrevistas individuales con los 30 soldados que conformaban el pelotón que la comunidad de la vereda Caño Temblador en zona rural de Tame, acusaba de haber violado a una niña de 14 años y luego asesinarla junto a sus dos hermanitos de 9 y 6 años.
Al detallar la información recolectada a través de la conversación con los soldados, el General Neira indicó que el 14 de octubre cuando desaparecieron los niños el subteniente Muñoz Linares se había separado de su grupo de una manera irregular, ya que en zonas como Arauca está prohibido andar solos, además de eso los centinelas le informaron que se ausentó por 3 horas y que a su regreso se encontraba agitado, mojado y buscando dónde lavar su ropa.
Así mismo, el General manifestó que el Batallón de Combate Terrestre 45, al que pertenecía el pelotón del Subteniente Muñoz, estaba adscrito a la Brigada Móvil 5 adscrita a la Octava División del Ejército, y por tanto, debió ser el General Javier Fernández Leal, comandante de la división quien adelantara las investigaciones. En este sentido Neira cuestionó la falta de diligencia de la Brigada Móvil 5 para investigar a tiempo las denuncias recibidas por la comunidad sobre la violación de una niña de 13 años sucedidas el 3 de octubre y que sólo hasta que el General Neira hace las entrevistas con los soldados el 19 de octubre de 2010, se descubre que el agresor fue el subteniente Muñoz.
La audiencia de juicio oral con la que se reactiva el proceso suspendido desde el 1 de diciembre de 2011 continuará los días 3 y 6 al 10 febrero de 2012 con la práctica de pruebas y testimonios por parte de la Fiscalía.
Además del General Neira fueron llamados a rendir testimonio otros 18 uniformados que formaban parte del grupo contraguerrilla al que pertenecía el Subteniente Raúl Muñoz Linares.
Humanidad Vigente reitera el llamado a la sociedad civil, a las organizaciones defensoras de derechos humanos y en especial a quienes trabajan en la defensa y protección de los niños y las niñas para que asistan y acompañen como veedores las audiencias públicas de juicio oral y velen por que se respeten los derechos de las familias y las víctimas.
La justicia de manera tardía comenzó 20 años después a realizar unas pesquisas en medio de las dificultades propias de hacer las cosas a destiempo, sus fallos han sido cuestionados por los dos últimos presidentes de Colombia, la fiscal que comenzó a investigar las desapariciones fue retirada de su cargo unas horas después de que pidiera vincular a tres generales del ejército por el asesinato del Doctor Urán Rojas.
26 años después, hay un epílogo refundido. El informe de la Comisión de la Verdad integrada por tres ex presidentes de la Corte Suprema de Justicia reconoce la desaparición de 11 personas en el holocausto del Palacio, sendas providencias del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y del Consejo de Estado que datan de 1994 ordenan devolver las personas vivas o muertas al seno de su hogar y condenan administrativamente al Estado por las desapariciones. Hoy solo sobreviven cuatro, de los 22 padres y madres de los desaparecidos. Yo he vivido dos exilios en compañía de mis hijos y mi esposa. En mi caso particular, como lo he dicho, meses después del 6 y 7 de noviembre de 1985, me vincule al M/19. Después de la desaparición de mi hermana Cristina del Pilar Guarín en el Palacio de Justicia, viendo el dolor de mis padres y el rechazo de las autoridades a su desesperada búsqueda, me sentí afrentado por el Estado y contacté a un enlace del M-19 en la Universidad Nacional, donde yo estudiaba Ingeniería de Sistemas, desde principios de abril de 1986, a los 22 años de edad, acepté ser auxiliar de las fuerzas especiales de este grupo guerrillero, al que pertenecí por cuatro años. Fui perdonado por el Estado colombiano en un proceso de amnistía e indulto por el delito de rebelión, hecho que se ha usado para desvirtuar la comisión de crímenes de lesa humanidad sobre los civiles y disidentes armados por parte de agentes estatales.
Las instancias internacionales del Sistema Interamericano vigilan el caso de manera rigurosa. Me temo que la más reciente decisión de la rama judicial -que tiene elementos propios de los estándares internacionales de justicia- frente a las desapariciones será flor de un día: casi nada de lo que allí esta consignado como mandatorio se cumplirá.
No creo que la parada militar pidiendo perdón sea una realidad, ni creo que el ex presidente Betancur sea llamado por la Corte Penal Internacional, ni siquiera la sentencia será colgada en las páginas web del ejército -su actual comandante en meses pasados afirmó que el proceso tenia falencias de integridad en la recolección de pruebas-, y ese mismo General sostuvo que Plaza Vega era un "héroe de la patria". Lo siento con los optimistas, pero mi vida me ha enseñado que entre más pesimismo tengo menos decepciones.
La experiencia personal de acercamiento más reciente con el presidente Santos y la Fiscalía General de Colombia, en la que propuse reducir penas o excarcelar a quienes indiquen el sitio donde están los restos de las 11 personas que figuran como desaparecidas y que la eventual exhumación se haga de la mano de un ente como la Cruz Roja internacional, no fue tomado de manera seria. La fiscalía en respuesta de junio pasado, traslada la responsabilidad a los familiares pidiéndonos que les indiquemos las coordenadas para ellos proceder a exhumar, eso indica que no se quiere o no se puede entender bien la magnitud de la propuesta.
Sin embargo y en medio de los esfuerzos tardíos de justicia que hay que destacar y todas las trabas que lo acompañan y acompañaran, la pregunta que comenzó el 7 de noviembre de 1985 en medio del humeante Palacio de Justicia, sigue sin respuesta: Dónde están los desaparecidos del palacio de justicia?. Es una duda y una deuda que aún esta en pié, ojala esa respuesta no las tengamos que conocer con el alma en otros escenarios sino con los ojos en la tierra.
Ponemos a disposición de nuestros lectores la quinta edición del periódico Tierra octubre de 2010 a mayo de 2011.
El Periódico Tierra es una publicación gratuita, de circulación nacional de la Agencia Prensa Rural para el campesinado colombiano y sus organizaciones.
Estaremos próximamente difundiendo por este medio el #6
Ver más abajo la publicación.
(function() { var scribd = document.createElement("script"); scribd.type = "text/javascript"; scribd.async = true; scribd.src = "http://www.scribd.com/javascripts/embed_code/inject.js"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(scribd, s); })();Este gobierno no solo desacata los fallos de la justicia en cabeza de su presidente, quiere a toda costa que los victimarios y los criminales sean vistos como las víctimas ante la sociedad. Este gobierno ofende la dignidad de las víctimas. Cómo es posible que un presidente le pida perdón a los victimarios invisibilizando el dolor y el sufrimiento de los familiares de las víctimas.
Hay que apoyar el fallo del Tribunal, las desapariciones forzadas no son violaciones del pasado.
Les esperamos en el Tribunal, diagonal al Bunker de la Fiscalía.
Lea el artículo relacionado: El desacato del presidente Santos
El Movimiento Colombiano Ríos Vivos y ASOQUIMBO agradecen fraternalmente a todas aquellas personas y organizaciones de diversas partes del Mundo que se han solidarizado con nuestra resistencia civil por la defensa de los territorios firmando la acción urgente donde se le solicita al Ministro del Medio ambiente la Suspensión de desvío del Río Magdalena en Colombia.
Es importante informar que la Asamblea Departamental del Huila se ha unido con ASOQUIMBO para convocar el próximo viernes 03 de febrero de 8 a 4 de la tarde en el auditorio de la Cámara de Comercio de Neiva, al desarrollo de la Mesa Temática 5 de Seguimiento y Control sobre los Impactos económicos, sociales y ambientales del Proyecto Hidroeléctrico el Quimbo, y explotación Petrolera de la Emerald Energy; y a la evaluación de todas las mesas temáticas de control y seguimiento realizadas del 25 al 29 de enero conforme a lo acordado el 17 de enero de 2012 en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Si usted está cerca de Neiva, péguese la rodadita el viernes!!!
A esta mesa se ha invitado todas las autoridades nacionales, incluida el Ministerio de Ambiente, presidente y vicepresidnete, donde aprovecharemos para entregar nuevamente la carta con todas las firmas de ustedes; por esta razón, si aún no has firmado o algún amigo tuyo no lo ha hecho, aún hay tiempo, firma ahora: http://censat.org/index.php?option=...
Si tienes amigos que hablan inglés también puedes invitarlos a firmar ingresando a este link: http://censat.org/index.php?option=...
Para mayor información e informarte de otras luchas por el territorio en Colombia no dejes de visitar:
Movimiento Colombiano Ríos Vivos: http://defensaterritorios.wordpress.com
Más sobre el Quimbo en: http://millerdussan.blogia.com/
La Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos CREDHOS, denuncia ante la comunidad nacional e internacional una nueva amenaza de muerte hecha contra la integridad de MARIA RAVELO GRIMALDO, miembro de la junta directiva y, los demás miembros de CREDHOS y la ACVC, a través de un panfleto introducido por debajo de la puerta de la sede de Credhos el día 1de febrero de 2012, donde los delincuentes y criminales se autodenominan “Comandos Urbanos”
HECHOS
En horas de la mañana del día primero (1) de febrero de 2012, aproximadamente hacia las 8:00 a.m., WILFRAN CADENA miembro de la junta directiva de Credhos, ingresó a la sede de Credhos, ubicada en la Avenida 52 No. 25-49, zona central de Barrancabermeja-Colombia y al momento de abrir la puerta, encontró varios panfletos en tamaño hoja carta y en cada uno de ellos, estigmatiza a todos los miembros de Credhos de ser guerrilleros justificando que por esa razón hay que acabar con la vida de todos los integrantes de la Corporación. En forma consecutiva, el contenido del panfleto intimidador de los defensores de derechos humanos de Credhos, reitera que vienen haciendo seguimiento a todos los movimientos que se hacen desde Credhos y puntualiza, haciendo énfasis como si se tratara de un hecho victorioso, el encarcelamiento de David Ravelo Crespo tildándolo de guerrillero y señalando, con el pretexto de ser su prima o hermana, a María Ravelo Grimaldo, a quien la conminan a que abandone la labor de ir a los barrios de Barrancabermeja invitando a la gente a meterse en temas relacionados con los derechos humanos si no quiere ser asesinada y que le acaben con su familia, pues según esta nueva estigmatización, María Ravelo está enseñando las ideas de David Ravelo Crespo en los barrios. Así mismo, en las horas de la noche, siendo las 8:15 p.m. del 1 de febrero de 2012, su hija Anny Lizeth Vera Ravelo, en instantes en que salía de su lugar de trabajo, en la calle 9 con carrera 18, fue interceptada por dos hombres y le entregaron un panfleto y le dijeron que le dijera a su mamá que dejara el jueguito que tenía y le entregaron un panfleto de otros panfletos que llevaban en sus manos los motorizados.
ANTECEDENTES
Es la segunda vez que en menos de un mes del año 2012, es amenazado de manera sistemática otro miembro de la junta directiva de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, Credhos, si se tiene en cuenta que el 12 de enero de este mismo año fue amenazado de muerte ABELARDO SÁNCHEZ SERRANO, cuando se desplazaba por la carrera 22 en inmediaciones del barrio Torcoroma y fue interceptado por dos sujetos que se movilizaban en una moto color azul con rayas negras en el tanque y el hombre que iba como parrillero desenfundó una pistola y le apuntó en el pecho para intimidarlo y con expresiones agresivas lo conminó: “Que dejemos de estar denigrando de la fuerza pública que ya tenemos a un hijueputa guerrillero de Credhos encarcelado y que si es necesario si hay quedarle al resto, pues lo haremos para acallarlos; y antes de irse, dijeron: que tenía setenta y dos horas para salir de la ciudad”.
En los último años las amenazas de muerte, hostigamiento y persecución han sido las constantes contra defensores de derechos humanos aglutinados en Credhos como en el año 2008 cuando por vía correo electrónico y correo escrito más de nueve comunicados y panfletos firmados por grupos armados ilegales que se hacen llamar: Autodefensas Unidas de Colombia, Águilas Negras, Héroes de Castaño, de un grupo paramilitar comandado por alias ¨Don Mario¨ y las autodefensas Gaitanistas y donde se hacen amenazas directas de muerte contra todos los miembros de Credhos junto a otras organizaciones sociales, quienes somos estigmatizados como auxiliadores de la guerrilla y cuya justificación condenan y consideran según estos desmovilizados rearmados paramilitares que nos deben asesinar so pretexto “de que Barrancabermeja y la región del Magdalena Medio salga adelante.
Entre el 2009 y el 2011 se han producido 12 amenazas de muerte por el trabajo en defensa de la vida y las víctimas contra los miembros de Credhos por parte de los grupos paramilitares; acciones criminales que se ha complementado con seguimientos constantes desde vehículos públicos sin ningún distintivo que identifique su afiliación a empresas de transporte o entidad pública de la ciudad, sin embargo, al día de hoy no hay ningún avance y mucho menos resultados sobre estas agresiones personales y colectivas. El día 26 de noviembre de 2011 una nueva amenaza de muerte dirigida por los paramilitares denominados “Los Rastrojos” amenazaron las organizaciones sociales y con ellas a todos los miembros de Credhos.
Esta última intimidación contra MARÍA RAVELO GRIMALDO, igual que ha ocurrido con las anteriores estigmatiza y amenaza de muerte de manera personal y colectiva a los miembros de Credhos en retaliación a las constantes denuncias que realizamos contra las violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad que se vienen presentando en la región y buscan impedir el trabajo en defensa de los derechos humanos en Barrancabermeja y el Magdalena Medio.
Por lo anterior:
• Solicitamos el respaldo político y solidario de las diferentes organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos de Barrancabermeja y la región del Magdalena Medio, ante esta nueva amenaza de muerte en contra de todos los integrantes de Credhos.
• CREDHOS, acude ante la comunidad nacional e internacional, para que exijan al Estado colombiano, brindar las garantías políticas y materiales que permita a las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos realizar su trabajo, sin que se vea amenazada la vida e integridad física de sus dirigentes.
Exigimos al Estado Colombiano:
• A la Fiscalía General de la Nación, investigar y judicializar a los responsables materiales e intelectuales de estos hechos, para que no se queden en la más completa impunidad tantos hechos criminales que se están cometiendo en contra de los defensores de derechos humanos y líderes populares de Barrancabermeja y el Magdalena Medio.
• Dar cumplimiento real e integral de las medidas cautelares solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la O.E.A, para los defensores de derechos humanos de Credhos
• Garantizar el respeto a los derechos humanos consagrados en la Constitución Política Nacional y en los diferentes protocolos, tratados y convenciones ratificados por el Estado Colombiano ante la Organización de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y demás organismos internacionales
• Implementar las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad física de los integrantes de Credhos.
La Marcha Radio reinicia su trabajo en el 2012, escuche y vea el programa a través de www.prensarural.org
La Marcha Radio es el espacio informativo de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra - ACVC, se emite desde el año 2001 de manera intermitente. Pese a los inconvenientes políticos, técnicos y financieros se ha convertido en un referente de comunicación popular en el Magdalena Medio.
Escúchennos este viernes a partir de las 6 de la tarde desde las oficinas de la ACVC en el Edificio La Tora de Barrancabermeja. Con César Jerez y César Solarte.
—
"Pillo buena gente"
¿Cuanto y cuando se puede justificar a un delincuente?, todo depende de los contextos, existen acciones ilegales pero perfectamente legítimas, existen acciones legales pero perfectamente ilegítimas. En este caso no se trata de justificar el accionar delictivo de forma general ni mucho menos, se trata de hacer el ejercicio de entender algunos de los por qué de dicho accionar y de un contexto muy particular en el que ser “un pillo buena gente” es absoluta y necesariamente legítimo.
Andy Montañez canta una bella canción de Roy Brown (disidente y pro-independentista puertoriqueño) que ilustra en buena manera el día a día de un “pillo buena gente”, un muchacho hijo de las circunstancias, alguien con limitadas oportunidades de desarrollo humano, un hijo de la calle.
Si usted pregunta quien soy yo
yo mismo a veces no lo se
mi madre pego un chillido
salí al revés
yo nací de espaldas
no me importa la autoridad
cada quien con su cada cual
todo aquel que tenga
todo aquel que tenga
su propio asunto.
Y si quiere que le explique
pues voy a meterle el diente
yo no robo por robar
soy un pillo buena gente.
Un chico que en el contexto colombiano, (donde tenemos un desempleo del diez por ciento y un subempleo del cuarenta y cinco, según el DANE) se hace como si de pan se tratara. Cuantos de nosotros hemos solicitado “frutos prohibidos, mercancía barata, venga de donde venga”, quién en Colombia no a comprado en un San Andresito, bueno un pillo buena gente es eso, un San Andresito, su “onda es compartir, suplir a usted lo que usted quiera”, no roba por robar eso es un pillo buena gente.
Al igual que las compras en el San Andresito ¿quien no ha descargado una canción en internet? y ¿quien no ha subido al igual un archivo o un link?, creo que no existe un cibernauta que no lo haya hecho. Para todo aquel que haya descargado un archivo, compartido una canción o un video les tengo una noticia: TODOS USTEDES SON PILLOS BUENA GENTE INFORMÁTICOS. Los marcos legales bajo los cuales se distribuye la información en internet no obedecen a otra lógica mas que la de las grandes productoras de bienes y servicios culturales representadas por dos grandes consorcios de los Estados Unidos de América La Asociación de industria discográfica de Estados Unidos (RIAA) y la Asociación cinematográfica de Estados Unidos (Motion Pictures Association of America) -las cuales deberían pagar al resto de América el derecho de usurpar el nombre del continente entero a nombre del de un país-.
Estos dos grupos de presión pretenden sostener un modelo de negocio realmente insostenible con el nacimiento de internet y las tecnologías contenidas en la misma. El derecho a compartir el conocimiento es al igual que el de la educación inalienable, ningún ser humano vive como tal alejado de la civilización, alejado de la sociedad. La misma sociedad para ser ella necesita necesariamente construirse en base a su pasado, en base a lo que a hecho con anterioridad. Nadie crea cosas de la nada, todo ser humano para crear necesita conocer que se a hecho con anterioridad, todo gran hombre se apoya sobre “hombros de titanes”, estamos juntos en muchos caminos, hoy más que nunca sentimos como seres humanos que no estamos solos, lo que hacemos al compartir información en internet es legítimo, aunque las leyes gringas digan lo contrario, hasta que dejen de decir lo contrario ser “pillo buena gente” mas que una causalidad es un deber.
* Durante la más reciente reunión de colaboradores de APR se debatió sobre la música y la cultura dentro de los contenidos de los productos de la Agencia. El papel de la cultura en la comunicación popular y en los procesos sociales se revalidó como fundamental e imprescindible. Se planteó contextualizar esos contenidos para darle más énfasis a la estética y las expresiones culturales. (Nota de César Jerez)
Las organizaciones abajo firmantes, constituidas parte civil en el proceso judicial iniciado en Bélgica en el marco de las investigaciones de las acciones ilegales del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en Colombia, queremos expresar nuestra profunda preocupación por la ausencia de respuesta de la Fiscalía a la solicitud enviada por la Justicia de Bélgica de autorizar la ejecución de una Comisión Rogatoria en Colombia.
Doctora Viviane Morales Hoyos
Fiscal General de la Nación
Santa Fé de Bogotá - Colombia
París, Bruselas, 1° de febrero de 2012
Referencia: Preocupación frente a la ausencia de respuesta al pedido de la Justicia belga de autorizar la ejecución de la Comisión Rogatoria en el marco de la investigación de las presuntas actividades ilegales del DAS en Europa
Estimada Señora:
Las organizaciones abajo firmantes, constituidas parte civil en el proceso judicial iniciado en Bélgica en el marco de las investigaciones de las acciones ilegales del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en Colombia, queremos expresar nuestra profunda preocupación por la ausencia de respuesta de la Fiscalía a la solicitud enviada por la Justicia de Bélgica de autorizar la ejecución de una Comisión Rogatoria en Colombia.
Lamentamos el hecho de que si bien esta solicitud ha sido recibida por la Fiscalía en junio del 2011, es decir hace más de seis meses, hasta la fecha no se haya conocido respuesta alguna. Consideramos que esta ausencia de respuesta pone en peligro la acción de la justicia con relación a las presuntas actividades ilegales del DAS en Europa, la cual resulta de suma importancia ya que se trata de presuntos actos criminales perpetrados en contra de defensores de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales e instituciones del sistema de derechos humanos de la Unión Europea.
Estos retrasos son más graves aún por el hecho de que cada día que pase vuelve más difícil la preservación y consecución de pruebas sobre este caso, considerando, entre otros factores, que el DAS ha sido desmantelado y sus agentes dispersados.
Por lo tanto no podemos sino pedirle con insistencia, Señora Fiscal, que responda a la solicitud de la Justicia belga, que de ninguna manera pretende suplantar a la Justicia colombiana sino llevar una acción complementaria para investigar y sancionar las presuntas acciones criminales cometidas por agentes del DAS contra ciudadanos y organizaciones en el territorio belga.
Agradeciendo su atención a la presente y confiando en su pronta respuesta, nos suscribimos de Usted muy respetuosamente.
Souhayr Belhassen - Presidenta de la Federación Internacional de Derechos Humanos - FIDH
Vincent Vallies OIDHACO
Patricia Verbauwhede Responsable de Programas Colombia - Broederlijk Delen
Lizzette Robleto-González Presidenta de CIFCA
Paul-Emile Dupret Comité pour le respect des Droits Humains "Daniel Gillard"
Erik Van Mele Coordinador Servicio América Latina - Oxfam-Solidarité
Contactos de prensa - FIDH : Arthur Manet (francés, inglés y español) Tel : +33 6 72 28 42 94 (Francia) Karine Appy (francés, inglés, portugés y español) Tel : +33 6 48 05 91 57 (Francia)
El 30 de enero el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la sentencia condenatoria contra el coronel en retiro Plazas Vega, por la desaparición forzada de Carlos Rodríguez Vera y de Irma Franco Pineda.
El Tribunal, ordenó al Ministro de Defensa Nacional y la cúpula militar, celebrar un acto público en la Plaza de Bolívar para que pidan perdón a la sociedad. Esta medida de reparación es consistente con los parámetros fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en once casos colombianos que, hasta ahora, han sido acatados por el Estado, tampoco es ajena a nuestra práctica jurídica. No se puede reprochar este aparte de la sentencia, porque Plazas Vega no actuó como particular, sino cumpliendo órdenes.
Lejos de querer ofender a los miembros de la fuerza pública, el fallo reivindica la necesaria distinción entre el quehacer de la fuerza pública cumpliendo con sus deberes constitucionales y legales, frente a crímenes de carácter internacional por los que se reprocha el accionar de quienes estuvieron al frente de la retoma del Palacio de Justicia.
La reacción del Presidente Santos al descalificar el fallo judicial, pidiendo perdón al ex presidente Betancur y al Ejército, va en contravía de sus afirmaciones de respetar las decisiones de los jueces y los derechos de las víctimas. Además es contraria a las obligaciones impuestas por la justicia doméstica e internacional. El presidente no sólo irrespeta a la justicia, sino que su desacato ofende la dignidad de las víctimas.
La exhortación al Fiscal de la Corte Penal Internacional, para que se investigue la posible responsabilidad penal del sr. Belisario Betancur, lejos de ser un exabrupto, se ajusta al principio de complementariedad del Estatuto de Roma, integrado al art. 93 de la Constitución. La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, no administra justicia sino impunidad, lo que en relación con las preclusiones a favor del Sr. Betancur, mostraría una falta de voluntad política para investigar a quien públicamente asumió la responsabilidad de la acción militar. El presidente Betancur faltó a su deber de garante.
Si bien, de conformidad con el Estatuto de Roma y los elementos de los crímenes, solo se podrán investigar delitos cometidos con posterioridad a su entrada en vigencia, en el caso de la desaparición forzada, la sistemática negación de la aprehensión de las víctimas por las Fuerzas Armadas, constituye un ataque que se ha reafirmado desde diciembre de 2005 cuando la Fiscalía inicia la investigación conforme a sus obligaciones, el ataque bajo la vigencia del Estatuto se ha acompañado del permanente acoso y tortura sicológica de que son víctimas los familiares y la agresión contra los abogados que les representan. El crimen de la desaparición forzada se sigue perpetrando hasta tanto no aparezcan las 11 víctimas de este delito.
Otro aspecto de la sentencia se refiere a la reclusión donde debe purgar la pena Plazas Vega, estableciendo que debe ser en un establecimiento carcelario común, de modo que no ofenda el dolor de las víctimas y de la sociedad. Sino aplica el fuero frente a crímenes de lesa humanidad, no ha lugar al fuero sobre el sitio de reclusión.
El gobierno debe acatar la decisión judicial para demostrar al país y “a la comunidad internacional su interés en honrar sus compromisos para evitar que crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes estatales queden en la impunidad”. Un cuarto de siglo reclamando justicia y el reconocimiento pleno de los derechos de las víctimas, no puede ser ignorado por el indebido pronunciamiento del Presidente de la República, que pareciera ser otro rehén de las Fuerzas Armadas, como en su momento lo fuera el presidente Betancur.
La Comunidad de Paz de San José de Apártadó ha dejado muchas constancias sobre el accionar paramilitar en el territorio donde se ubican nuestros asentamientos. Son muchos también los derechos de petición dirigidos al Presidente de la República en el que se le pide actuar, de acuerdo a sus obligaciones constitucionales, para frenar la unidad de acción entre esos grupos criminales y los agentes del Estado. Cuando el “paro armado” de hace pocos días, el Gobierno se rasgó las vestiduras tratando de ocultar todo el apoyo que les ha brindado. Su presencia es permanente y la cantidad de hombres no les permite ocultarse. Es el apoyo y la impunidad con que el Estado los cubre, lo que constituye su verdadera fortaleza.
Por nuestra parte, continuamos dejamos constancia ante el país y el mundo de sus crímenes:
Desde el martes 24 al viernes 27 de enero de 2012, los paramilitares hicieron presencia nuevamente en las veredas La Esperanza y El Porvenir. Desde allí organizaron patrullajes en los alrededores, colocando retenes en los caminos. A los campesinos que requisan, les dicen que los tienen que apoyar, pues van a asesinar a los que no estén con ellos y que a esa h.p. Comunidad de Paz la van a exterminar. También anuncian que se van a llevar el ganado de los campesinos, el cual ya no les pertenece.
El sábado 28 de enero de 2012, hacia las 11:00 horas, los paramilitares hicieron disparos en la vereda El Porvenir. Todo el cúmulo de amenazas que han proferido allí, ha forzado a seis familias de dicha vereda a desplazarse. Otras familias están preparando su desplazamiento: nuevos crímenes de guerra del Estado.
El mismo sábado 28 de enero de 2012, tropas del Ejército ingresaron a la vereda Mulatos, de la Comunidad de Paz, donde profirieron, como de costumbre, nuevas amenazas contra la Comunidad de Paz y anuncios de su exterminio. A menos de una hora de distancia, Ejército y paramilitares se complementan en acciones de terror similares, pero los militares dicen que “no ven” a los paramilitares.
Continuamos, pues, bajo el terror y la zozobra, pero nada nos hace retroceder en nuestro empeño por un mundo alternativo y solidario. Renunciar a ello sería hipotecar nuestros ideales a los criminales. Nuevamente agradecemos la solidaridad de tanta gente que comparte esta búsqueda y rechaza estas infamias.
En el Magdalena se ubican cuatro puertos por donde se saca el carbón del Cesar con clara incidencia en la zona turística sur de la ciudad; dos de estos puertos se localizan en Santa Marta, el puerto de la Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta y Puerto Zúñiga de propiedad de Prodeco; Cerca de ahí, en Ciénaga, se encuentran los puertos de Drummond y el puerto Río Córdoba de la empresa Vale.
El debate suscitado entre el sector carbonero y el turismo en la ciudad de Santa Marta ha despertado el interés de muchos por revisar el desarrollo de políticas que propendan por mejorar los sectores productivos que hasta ahora no han sido articulados entre si y en cuya discusión tampoco se le ha dado mayor participación a las comunidades afectadas por las mismas. En medio de ello se han denunciado los impactos que genera la manipulación del carbón en dichos puertos, todos inmersos en la zona de desarrollo turístico de la ciudad, sin que de fondo las cosas hubieren mejorado para el sector.
Hoy, estos cuatro puertos están cercanos a mover más de 40 millones de toneladas/año de acuerdo a las cifras de exportación registradas en el 2010. Drummond está exportando alrededor de 22 millones de toneladas/año y Prodeco supera ya los 14 millones de toneladas cantidad a la que se deben sumar las exportaciones de las demás empresas que son del orden de los 4 millones de toneladas.
Actualmente, se avanza en la construcción de Puerto Nuevo y están pendientes las autorizaciones para la modificación del puerto de Drummond y la respuesta a la propuesta para el cargue directo de la empresa Vale. Puerto Nuevo entrará a operar a finales de este año o comienzos de 2013 e inmediatamente se debe suspender la operación en el actual puerto de Prodeco (Puerto Zúñiga).
Mientras ello sucede, algunas autoridades y grupos ambientalistas han denunciado los grandes impactos ambientales y sociales que han generado las actividades carboneras en el sector. Ha concluido la Defensoría del Pueblo que con esta actividad los habitantes de los sectores de influencia han tenido que ver dramáticas transformaciones en el paisaje de entorno; alteración de la dinámica hidráulica de la región; contaminación de aguas, suelos y aire; cambios drásticos de las coberturas del suelo; afectación de las especies de flora y fauna y evidentes cambios del uso de los suelos con las consecuentes perdidas, en la mayoría de los casos totales, de las actividades agrícolas y pecuarias. Sin contar, con la amenaza de desplazamiento de grupos poblacionales.
No obstante el MAVDT al dar respuesta a las quejas formuladas por lugareños y vecinos de las zonas de influencia del cargue de carbón por barcazas de la ciudad de Santa Marta, mediante Auto N.° 146 del 24 de enero de 2011, concluyó que tales afectaciones son meras confusiones y en manera alguna, de acuerdo con el MAVDT, el medio ambiente y las personas están afectadas por este tipo de operación. Precisó el MAVDT, en relación a las quejas de vertimientos de carbón y polvillo de éste en el medio ambiente y marino.
No obstante, otra cosa señaló Juan Gossaín en su crónica publicada el 6 de diciembre de 2010 en el diario El Tiempo bajo el título Sancho de ácido, carbón y mercurio al precisar: A esa misma hora los alcatraces de la bahía de Santa Marta, al norte de Colombia, desayunaban su ración cotidiana de buñuelos de carbón. El periodista Antonio José Caballero, grabadora en mano, esperaba en la playa el regreso de los pescadores que habían salido a trabajar temprano. Mientras aguardaba, la cámara de su teléfono celular retrató la pala enorme de un barco carbonero que arrojaba al mar el polvo negro que sobró en las bodegas.
Habrá de recordar que el sector de los Alcatraces en Santa Marta queda al frente de la zona de embarque de carbón por sistema de barcazas y palas mecánicas. Y desde donde se extiende el color negro en las playas hasta casi llegar a El Rodadero.
Se trata de dos visiones completamente opuestas en relación con una realidad vinculada con una operación que ha transformado la vida marina, ambiental y social de la zona sur turística de la ciudad de Santa Marta por cuenta del cargue de carbón mediante barcazas.
Visiones que hoy nos tiene caminando de la mano de un carbón que, para quienes vivimos en Santa Marta, es de verdad mientras que para el Ministerio de Medio Ambiente resulta ser de mentiras.
Este jueves 2 de febrero de 2012 desde las 9 de la mañana continúa el juicio oral contra el Subteniente del Ejército Raúl Muñoz Linares acusado por la Fiscalía de doble acceso carnal violento y triple homicidio por el caso de los niños y niñas de Tame ocurrido en octubre de 2010.
El Fiscal 51 de la Unidad de Derechos Humanos, informó que entre los testimonios programados se encuentra el General Rafael Alberto Neira Weisner, quien comandaba la Brigada 18 con sede en Arauca, en octubre de 2010 cuando fueron denunciadas las dos violaciones de menores de edad, una de 13 y otra de 14 años, así como la desaparición y homicidio de la niña de 14 años y sus dos hermanitos de 6 y 9 años en zona rural de Tame.
La audiencia de juicio oral con la que se reactiva el proceso suspendido desde el 1 de diciembre de 2011 se realizará los días 2, 3 y 6 al 10 febrero de 2012 con la práctica de pruebas y testimonios por parte de la Fiscalía.
Además del General Neira fueron llamados a rendir testimonio otros 18 uniformados que formaban parte del grupo contraguerrilla al que pertenecía el Subteniente Raúl Muñoz Linares.
Humanidad Vigente reitera el llamado a la sociedad civil, a las organizaciones defensoras de derechos humanos y en especial a quienes trabajan en la defensa y protección de los niños y las niñas para que asistan y acompañen como veedores las audiencias públicas de juicio oral y velen por que se respeten los derechos de las familias y las víctimas.
.gif)
.png)
.png)
.png)
.png)
.jpg)
