A varios meses de que arranque el proceso de elección de Procurador 2013- 2016, el actual titular del cargo, Alejandro Ordóñez, echó reversa en uno de los primeros anuncios que hizo al ser elegido, hace tres años largos: que no le sonaba la reelección para el Ministerio Público.
En ese momento, Ordóñez calificó de "esperpento constitucional" el mecanismo que permitía la reelección del Jefe del Ministerio Público, pues este disciplina a sus electores: los congresistas.
Admitió que ha buscado al presidente Juan Manuel Santos y a magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado (que ternan al aspirante) para expresarles el interés de que su nombre se incluya en la terna: "He emprendido una lucha contra la corrupción y esto debe continuar", aseguró.
El anuncio de que quiere repetir lo hizo en una entrevista con La FM y de inmediato generó polémica.
Mientras los presidentes de Senado, Juan Manuel Corzo, y de la Cámara de Representantes, Simón Gaviria, respaldaron la aspiración, organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres expresaron sus reservas, pues han mantenido una tirante relación con Ordóñez.
Gaviria calificó al Procurador como "una figura vertical en contra de la corrupción" y Corzo, como un "estandarte" de la lucha contra la corrupción.
La directora del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózoga, Marcela Prieto, dijo que con el anuncio da a entender que tiene de aliados a Santos y parte del Congreso. Reconoció que la gestión de Ordóñez ha sido "muy efectiva contra la corrupción", pese a algunos lunares.
La abogada Mónica Roa, que ha defendido la sentencia que permite el aborto en tres casos puntuales, pidió a las corporaciones que ternan a los aspirantes tener en cuenta que la principal función del Procurador es cumplir la Constitución y ser garante de los derechos de los colombianos: "dos obligaciones que el señor Alejandro Ordóñez no ha cumplido".
Y la también abogada Beatriz Quintero, representante de la Mesa por la Vida y la Salud de la Mujer, dijo que la aspiración de Ordóñez es negativa para el país.
REDACCIÓN POLÍTICA
González, de 56 años, reemplaza al embajador Luis Alfonso Hoyos, quien ya había sido nombrado director del Sena.
El nombre del diplomático fue anunciado por Santos, quien destacó de González su "capacidad ejecutiva y su perfil multifacético", y dijo que quien llegue a ese cargo debe tener "conocimientos diplomáticos" y "jurídicos" y "capacidad de debatir y de discutir a nivel multilateral", como es el caso de este abogado bogotano con maestría en ciencias políticas y relaciones internacionales del Instituto de Estudios Políticos de París.
Tras conocer su nombramiento, González solo dijo: "Agradezco muy gustoso este reconocimiento especial al Presidente y a la Canciller".
González, quien fue precandidato presidencial, senador y dos veces gobernador de Cundinamarca, hizo parte de los equipos de gobierno de los expresidentes Julio César Turbay y César Gaviria.
En este último fue viceministro de Gobierno, vicecanciller y ministro de Justicia, y participó en las negociaciones de paz de Cravo Norte y Caracas.
Como 'vice' de Gobierno participó en la redacción del decreto que convocó la Constituyente, y como vicecanciller integró el equipo que dio inicio a la negociación de los límites con Jamaica. En el Minjusticia, González lideró la agenda internacional de Colombia en la lucha contra el narcotráfico, el lavado de activos y la cooperación judicial.
REDACCIÓN POLÍTICA
Con extrañeza y con un llamado a la concertación reaccionó ayer el Gobierno colombiano al llamado que el presidente ecuatoriano Rafael Correa hizo el fin de semana para que los países que integran la Alternativa Bolivariana para las Américas (Alba) se marginen de la Cumbre de las Américas, en caso de que Cuba no sea invitada. (Lea más noticias sobre la Cumbre de las Américas)
"Lo que mencionó el presidente Correa es para todos una sorpresa. Estoy esperando poder conversar con el canciller (de Ecuador, Ricardo Patiño) y los cancilleres del Alba", dijo la ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín.
La no presencia del gobierno de Cuba en la Cumbre de las Américas, que tendrá lugar en Cartagena en abril, obedece a que la isla no es país observador, ni ha entrado a formar parte de la OEA.
"No es una decisión solo de Colombia. Es una decisión de los países del proceso de la Cumbre. Miraremos si ellos quieren que hagamos esa solicitud y la podemos llevar, por ejemplo, a la reunión que hay la semana entrante en Cartagena, en la que se van a finalizar los mandatos (documentos) que los presidentes van a abordar en la cumbre", agregó la Ministra.
Holguín, quien viaja mañana a Cuba en visita oficial, tratará este tema con el gobierno cubano. En todo caso, dejó claro que buscará el consenso. "Queremos que todos estemos de acuerdo. No queremos imposiciones. No queremos que unos quieran y otros no", enfatizó.
El domingo, Correa les planteó a sus colegas del Alba no asistir a la VI Cumbre de las Américas como rechazo, no solo a que no hubiera invitación a Cuba, sino también a la presencia del presidente de EE. UU., Barack Obama.
El Presidente de Ecuador agregó: "Ojalá la podamos llevar a toda América Latina (la propuesta)... Que ningún país de América Latina y del Caribe (...) asista a esa cumbre, ya basta de estas barbaridades".
Hugo Chávez, presidente de Venezuela, aceptó "considerar" la propuesta.
Del Alba hacen parte Cuba, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Antigua y Barbuda, Dominica, Venezuela y San Vicente y las Granadinas.
REDACCIÓN POLÍTICA
Los presidentes de Senado y Cámara respaldaron la pretensión de reelegirse, que expresó este lunes el procurador General, Alejandro Ordóñez.
El conservador Juan Manuel Corzo, presidente del Senado, aseguró que el Procurador es un "estandarte" de la lucha contra la corrupción.
"Respaldo la lucha contra la corrupción, y él, como la Contralora y la Fiscal, son estandartes de ello. Ellos son servidores públicos probados, honestos, que también pueden aspirar a otra alta magistratura", precisó Corzo.
Por su parte, el presidente de la Cámara, Simón Gaviria, quien a su vez es el jefe único del liberalismo, afirmó que Ordóñez ha demostrado en sus fallos que es "independiente".
Gaviria aseguró que "al Procurador le reconocemos que ha sido una figura vertical en contra de la corrupción y que ha sancionado independiente del tinte político".
Con estos pronunciamientos, el Procurador comienza a ganarse el respaldo de los partidos Liberal y Conservador, que al ser mayoritarios en el Congreso serán claves en su eventual reelección.
REDACCIÓN POLÍTICA
El presidente Juan Manuel Santos destacó su designación como "un nombramiento de calidad".
González, exgobernador de Cundinamarca, también se desempeñó como Ministro de Justicia, Vicecanciller y congresista. Hoyos regresará a Colombia a finales de este mes.
Santos hizo este anuncio durante la entrega del Premio a la Excelencia y la Innovación en Gestión, realizada en la Casa de Nariño.
REDACCIÓN POLÍTICA
En la nota, difundida a través de su cuenta de Twitter, el expresidente Álvaro Uribe se refiere al asilo concedido y ratificado en Panamá a la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado.
Allí critica a quienes "han participado" en lo que denomina una "fabricación de delitos que imputan" a la ex funcionaria.
Tras asegurar que en el país no hay "garantías judiciales" para las personas de su círculo cercano de exfuncionarios, Uribe sostiene que en la elección de Fiscal General, la Corte Suprema de Justicia "manipuló su propio reglamento por razones políticas y, sin recato legal, eligió fiscal con el mismo número de votos que consideró insuficientes cuando votó por la terna que nosotros presentamos de acuerdo con las normas jurídicas".
REDACCIÓN POLÍTICA
El siguiente es el texto del comunicado:
La República de Panamá, al mantener el asilo concedido a María del Pilar Hurtado, emitió a través de su Cancillería un comunicado con prolijo recuento de su tradición de respeto a esta institución; recordó las normas internacionales, entre ellas aquella del sistema interamericano que consagra el derecho de las personas a buscar esta protección cuando son perseguidos por delitos políticos o comunes conexos con estos.
Personas colombianas, que no han explicado sus lazos con la guerrilla, con torvo ánimo de perseguir a la asilada, se han atrevido a desafiar la soberanía de Panamá y a amenazar sus instituciones.
Estas mismas personas han participado en Colombia en lo que podríamos llamar la fabricación de delitos que imputan a María del Pilar Hurtado. Esta ex funcionaria intervino con pulcritud en varios gobiernos y sin cometer delito, siquiera político, es víctima de persecución en nuestro país. Aquí cabe recordar que el asilo debe beneficiar al delito político o a sus conexos o al ciudadano perseguido, que por razones políticas, se le imputan delitos en los cuales no ha incurrido, como es el caso de María del Pilar.
Cuando empezó nuestro Gobierno en 2002, el doctor Álvaro Leyva era beneficiario de asilo en Costa Rica. Nosotros nunca pedimos extradición. Y preocupa que mientras se pide la extradición de María del Pilar Hurtado, no hay noticias de que el Gobierno y la fiscalía adelanten gestiones para traer de Venezuela y Argentina a prófugos, condenados por graves delitos, como García el ex empleado del Das, o Meneses, ex integrante de la policía, que estuvo al servicio del narcotráfico.
Debo recordar la falta de garantías judiciales para mis compañeros de Gobierno. La Corte Suprema de Justicia mantuvo ilegalmente un fiscal encargado por cerca de año y medio, todo con el propósito de actuar contra nuestro Gobierno. En decisión, que da mal ejemplo a los jueces, manipuló su propio reglamento por razones políticas y sin recato legal, eligió fiscal, con el mismo número de votos que consideró insuficientes cuando votó por la terna que nosotros presentamos de acuerdo con las normas jurídicas. La Corte exigía penalista que lo había en nuestra terna y sin embargo, ignoró su requisito cuando se trató de la componenda política. Además, sin controvertir la veracidad de los hechos, desestima las pruebas contra aliados de las Farc aduciendo formalidades inaplicables en operativos legítimos contra el terrorismo.
Los colombianos no deben olvidar la solvencia e independencia de nuestros ternados: Gómez Gallego, expresidente de la Corte a quien ocasionalmente yo había visto; Marco Velilla, Consejero de Estado, ex funcionario del Presidente Betancur, ajeno a mis lides políticas y con amistad, no cercana, derivada de Antioquia; y Margarita Cabello, funcionaria de Procuraduría, de reconocida trayectoria en el Caribe y a quien yo no conocía.
Qué garantías puede haber cuando pesa el testimonio del delincuente y se desestima él del funcionario probo sujeto a perjurio; qué garantías puede haber cuando medios de la prensa nacional pretender determinar los fallos y unos magistrados los complacen.
Una reflexión: es tan grave para el Estado de Derecho coartar la libertad de los medios de comunicación como que estos pretendan usurpar a la justicia y esta les haga juego en actitud de connivencia.
Álvaro Uribe Vélez
Febrero de 2012
El Vicepresidente Angelino Garzón estará este lunes en Nueva York donde se reunirá con miembros del Consejo de Estados Unidos para Negocios Internacionales, que representa a los empleadores de EE.UU. ante la OIT.
Este lunes en la noche viajará a Washington donde lo espera una agenda de tres días con citas en el Departamento de Estado, Congreso, sindicatos y ONG.
Durante su estadía en la ciudad, se reunirá con el Secretario Adjunto del Departamento de Estado, William Burns al igual que con los legisladores Gregory Meeks, Albio Sires, Henry Cuellar; Aaron Schock y Mario Diaz Balart.
También sostendrá encuentros con Thea Lee, Deputy Chief of Staff del Presidente de AFL CIO; Jose Miguel Vivanco, Director para las Américas de Human Rights Watch; Mark L. Schneider, de International Crisis Group; Suzanne Nossel, Directora Ejecutiva de Amnistia Internacional, y Jim Hoffa, Presidente del sindicato International Brotherhood of Teamsters (IBT).
Así mismo, el Vicepresidente Garzón tendrá un conversatorio cerrado en el Brookings Institution, una reunión con el US-Colombia Business Partnership y, el jueves 2 de febrero, una conferencia de alcaldes afroamericanos.
SERGIO GÓMEZ MASERI
CORRESPONSAL DE EL TIEMPO
WASHINGTON (EE. UU.)
El Procurador General de la Nación Alejandro Ordóñez afirmó en una entrevista a la emisora 'La FM' que ya ha hablado con el presidente Juan Manuel Santos para pedirle que su nombre vuelva a estar incluido entre los ternados para ocupar la jefatura del Ministerio Público, así como también les ha comentado a magistrados de las altas cortes que desea continuar en su cargo.
Ordóñez, de quien meses atrás se dijo que estaba entre los 'presidenciables' del Partido Conservador, sostuvo que su intención de seguir en la Procuraduría se sustenta en la necesidad de contar con más tiempo para continuar con los procesos que tiene a cargo.
'Pedir intervención de la CPI es como equiparar a Betancur con Gadafi'
Por otro lado, Ordóñez afirmó que solicitar la intervención de la Corte Penal Internacional (CPI) para investigar la supuesta responsabilidad del expresidente Belisario Betancur en las desapariciones del Palacio de Justicia, es equiparar al ex mandatario colombiano con el extinto líder del régimen libio Muamar Gadafi, pues sería admitir la incapacidad del Estado para procesarlo.
"La fiesta taurina es un avance civilizador"
El jefe del Ministerio Público, quien es un fiel seguidor de las corridas de toros, aseguró que esta práctica es una muestra del triunfo de la razón (del hombre) sobre la fuerza (de los animales). "Hay un escenario que no podemos desconocer: la fuerza y la inteligencia, en el cual sale triunfando la razón. El sufrimiento del toro debe entenderse dentro de su naturaleza y por eso se podría pensar que sufre más en un matadero en las plazas correspondientes", añadió Ordóñez, aludiendo al debate público que abrió el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, al anunciar su decisión de no apoyar desde el Distrito a "espectáculos alrededor de la muerte".
Aunque el Gobierno mantuvo su posición de no acceder, por ahora, a la participación de un país amigo en la liberación de seis secuestrados, anunciada en diciembre por las Farc, ya son dos los ministros que coincidieron en que la ayuda de Brasil tampoco está descartada.
El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, dijo el sábado desde Villavicencio que "si es necesario" aceptarían la participación de "países amigos" para que los plagiados regresen a la libertad.
Esta postura coincide con la del ministro del Interior, Germán Vargas, quien el pasado 26 de enero aseguró que "si fuera necesaria, por alguna circunstancia particular, la participación de Brasil, tampoco habría inconveniente".
Pero ambos funcionarios también han reiterado que esa ayuda "no la creemos en este momento necesaria".
Sin embargo, Pinzón sostuvo que la ofensiva militar contra las Farc seguirá adelante.
REDACCIÓN EL TIEMPO
La Alianza Bolivariana de los pueblos de América (Alba) anunció el domingo, durante su XI cumbre, que los países miembros estudian la posibilidad de no asistir a la Cumbre de las Américas si Cuba no es invitada a ese encuentro.
La propuesta para no participar en el encuentro, que se realizará en Cartagena (del 9 al 15 de abril), la lanzó el presidente de Ecuador, Rafael Correa. Pidió que "ningún país del Alba asista a dicha cumbre" si esta nación centroamericana no es invitada.
Venezuela, país anfitrión de la XI cumbre del Alba, respaldó esta posición. El presidente Hugo Chávez indicó que "si a Cuba no se la invita a la Cumbre de las Américas, y espero que esto no vaya a alterar las relaciones con el gobierno de Colombia -no tiene nada que ver con Colombia-, nosotros consideraremos no asistir a esa cumbre".
En el encuentro de Cartagena estará el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, según lo confirmó hace unas semanas el gobierno de Colombia, que, a propósito, espera pronunciarse hoy sobre la posición del Alba.
Analizan sanciones al Reino Unido
El Alba dijo que estudia posibles sanciones contra el Reino Unido por negarse a negociar con Argentina una solución sobre las Malvinas, a pesar de las resoluciones de la ONU que así lo ordenan.
Caracas (EFE).
En medio de la ola de atentados de las Farc que dejó 16 muertos y 114 heridos la semana pasada, Todd Howland asumió su cargo como nuevo representante en Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Prontamente tuvo que tomar la vocería para condenar, con su acento estadounidense, los ataques de las Farc. Este jurista, con más de 25 años de experiencia en derechos humanos en países como Congo, Angola, El Salvador y Ginebra, resaltó en diálogo con EL TIEMPO la disponibilidad que tiene el presidente Juan Manuel Santos para mejorar en esta materia.
¿Qué expectativa tiene con su nuevo cargo?
Esta oficina está aquí hace 15 años, y a menudo las oficinas de derechos humanos llegan, se instalan, tienen un impacto social y se van. Pero Colombia tiene fama de tener el conflicto más largo del mundo. Por eso tiene la oficina de derechos más vieja. Mi expectativa es poder hacer varias innovaciones técnicas, pero no quedarnos solo con eso.
Normalmente, las organizaciones de derechos humanos se quedan en la reacción de los casos que llegan. No investigan, no son proactivas. Nuestro trabajo también es impulsar al Gobierno y a la sociedad civil a superar conflictos. Esperamos que Colombia lo entienda para que podamos ver resultados.
¿Qué idea tiene del conflicto armado colombiano?
Tengo la idea de que ya duró demasiado. Aunque me sorprende Colombia. Es difícil entender cómo está creciendo y tiene un nivel de desarrollo más o menos alto, y a la vez vive un conflicto tan cruel.
¿Ha cambiado la naturaleza de los conflictos?
Sí. En el Congo hace más de 10 años que el conflicto no está relacionado con la justicia social. Como apenas estoy llegando a Colombia, no puedo decir si es idéntico el problema, pero sé que tiene este fenómeno. Lo cierto es que estos grupos ilegales, con raíces o no en viejos conflictos, están armados y están violando los derechos de miles de personas solamente para ganar dinero.
¿Qué opina del proyecto que discute el Congreso para ampliar el fuero militar, duramente criticado por Human Rights Watch?
Colombia hace parte de varios tratados internacionales y tiene un marco legal avanzado e interesante. Creo que con respecto al fuero militar tiene que consultar la jurisprudencia, nacional y extranjera, en la que está circunscrita para dar la discusión.
¿Son una prioridad para el presidente Santos los derechos humanos?
Le voy a responder con un ejemplo. Cuando llegué a la República Democrática del Congo, pedí una cita con su Presidente. Pasaron cuatro meses antes de que accediera a verme. En Colombia fue distinto, tuve la oportunidad de hablar con el presidente Santos tres días después de llegar al país y puedo decir que los derechos humanos son una prioridad para el Gobierno.
¿Qué conversó con Santos?
Es muy claro que el Presidente tiene una historia de trabajo conjunto con esta oficina, y que ha utilizado los derechos humanos como un elemento para la profesionalización de las Fuerzas Armadas. También reconoce que todavía existen problemas serios, y por eso nosotros, con ayuda del Gobierno, tenemos la responsabilidad de ayudar a que esta sociedad los supere.
¿A Colombia le importa el trabajo de esta oficina?
Sí; por ejemplo, la oficina hizo un trabajo riguroso sobre los llamados 'falsos positivos', y Santos, cuando era ministro de Defensa, utilizó esta información para conocer el fenómeno y tomar correctivos. Sé que entiende que es un beneficio y no un problema tener una oficina como la nuestra.
Natalia Herrera Durán
Redacción Política
Se conoció una nueva denuncia por posibles irregularidades en el proceso por los hechos registrados en el municipio de Santo Domingo (Arauca), en 1998, cuando murieron 17 personas por un enfrentamiento entre la Fuerza Pública y las Farc.
El médico Eduardo Garnica Arias, quien estuvo al frente de la oficina de Medicina Legal de Arauca en el 2003, dijo que después de revisar los reportes de las necropsias de las 17 víctimas, se detectaron posibles irregularidades en esos procesos.
Garnica Arias, en diálogo con RCN La Radio, afirmó que "en los borradores de varias de las necropsias aparece firmando un médico que luego desaparece en el protocolo original".
Agregó que el doctor Ciro Alejandro Peña aparece como quien firmó 15 de las 17 necropsias, pero solo se registra su firma en 4 de esos documentos.
Estas nuevas denuncias de irregularidades se suman a las que realizó el senador Roy Barreras ('la U') durante un debate en el Congreso. Afirmó, en octubre del año pasado, que se presentó un "montaje" contra la Fuerza Pública.
Barreras aseguró que se presentaron fallas en el sitio donde cayó la bomba de un avión de la Fuerza Aérea, las cuales, dijo, quedaron en evidencia en el peritaje de las pruebas y en la autopsia de los cuerpos.
El congresista explicó que los pilotos de la Fuerza Aérea que ejecutaron el bombardeo dieron orden de atacar un campamento de las Farc, ubicado a 1.500 metros de Santo Domingo.
Aunque minutos después estalló un camión en el casco urbano del municipio, el senador afirmó que la población estaba sola y que el camión que explotó fue trasladado por los propios guerrilleros a Santo Domingo para facilitar el montaje.
Por este proceso, la justicia dictó condena de 30 años de cárcel contra dos pilotos de la Fuerza Aérea.
REDACCIÓN POLÍTICA
Las Farc, las mismas que hasta hace unos días pregonaban en los comunicados de 'Timochenko' (su máximo cabecilla) "la urgencia de hablar", bañaron esta semana de sangre el país y provocaron la más recia condena de la comunidad internacional por sus "demenciales acciones terroristas", como las calificó el presidente Juan Manuel Santos.
Esas mismas Farc, que en alusión a la baja de su jefe, 'Alfonso Cano', aseguraron que no se puede "matar salvajemente a un ser humano, con métodos notoriamente desproporcionados", perpetraron en los últimos tres días brutales atentados que dejaron 16 muertos (tres de ellos menores de edad) y 114 heridos, la mayoría civiles.
Los ataques de la guerrilla en Tumaco (Nariño), Villa Rica y Miranda (Cauca) no solo destruyeron y afectaron más de 305 viviendas y comercios. También volaron en pedazos, por ahora, la posibilidad de explorar un diálogo con el Gobierno, como lo planteó el presidente Santos desde el día de su posesión.
Clara López, presidenta del Polo Democrático, quien esta misma semana había dicho que la paz es un tema prioritario en la agenda del Gobierno Nacional, afirmó, tras los atentados, que "los actos irracionales de violencia afectan a la población civil y alejan las posibilidades de concretar un proceso de paz".
Esta seguidilla de sangrientos ataques, que tuvo como común denominador el asesinato indiscriminado de civiles, se produjo apenas una semana después de que la guerrilla anunció la liberación unilateral de seis de los secuestrados que mantiene en su poder, y que luego aplazó.
Las Farc parecen estar apostándole a un doble discurso que les funcionó parcialmente en el pasado: lanzar llamados a un posible diálogo, acompañados de "gestos humanitarios", pero endurecer su acción militar para decir que no están acabadas.
Acciones como las de esta semana no demandan un gran poderío militar, pero sí tienen la capacidad de hacer daño y generarle 'ruidos' al Gobierno. Eso, desde su perspectiva, alentaría las posibilidades de un diálogo.
Sin embargo, la apuesta no les ha funcionado esta vez. "Si buscan ablandar al Gobierno, hacen todo lo contrario: nos endurecen", les respondió Santos el pasado viernes.
Y agregó: "Si buscan ablandar a nuestras Fuerzas Armadas, se ve que no las conocen: lo que hacen es redoblar su determinación. Y si buscan ablandar a la población civil, se nota que llevan demasiado tiempo en la selva y desconocen que el 97 por ciento de los colombianos rechaza a las Farc".
El analista Alfredo Rangel dijo que la guerrilla quiere "rebajar las condiciones" planteadas por el Gobierno para un proceso de acercamiento, a través de un discurso que genera falsas expectativas, a la vez que escala sus acciones terroristas.
Las acciones de las Farc han puesto un manto de oscuridad sobre las perspectivas de paz. La exsenadora Piedad Córdoba, la persona que más cree en la posibilidad de un proceso de paz con las Farc hoy, dijo que insistirá en los "actos humanitarios". Su apuesta es lograr la liberación de los diez uniformados que permanecen secuestrados por las Farc.
No obstante, sin decirlo abiertamente, Piedad dejó entrever que un proceso de acercamiento, independiente de las liberaciones, no se dará en el mediano plazo.
"Imaginé que en año y medio había un presidente listo para la paz, y que él podría interpretar que las guerrillas de las Farc y el Eln estaban apostando seriamente por esta", sostuvo.
Endurecido en su postura por los actos de terrorismo de las Farc, el Gobierno aumentó el pie de fuerza en zonas de influencia guerrillera, intensificó las labores de inteligencia y prepara una estrategia "legal y tecnológica" para dar un nuevo impulso a la lucha contra esa guerrilla.
En todo caso, el presidente Santos ha dejado claro que no se va a reducir la presión sobre los cabecillas guerrilleros.
"Tenemos que prepararnos si estos actos irracionales van a seguir", le ordenó el mandatario a su ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón.
Los sueños que frustró un atentado
'Mi sobrina quería ser modelo'
Nidia Balanta, de 18 años, la menor de los tres hijos del hogar formado por Graciela Lucumí y Carlos Alberto Balanta, no pudo cumplir su sueño de ser modelo. La muerte la sorprendió el jueves durante un brutal ataque terrorista de las Farc en Villa Rica (Cauca). Lilia Lucumí, tía de la joven, expresó que su sobrina había terminado bachillerato y esperaba conseguir un trabajo que le permitiera continuar con sus estudios. Agregó que uno de los sueños de su sobrina era, precisamente, ingresar a una academia de modelaje. "No porque sea mi sobrina, pero con su sonrisa y esa figura esbelta, tenía su cuento", dijo.
'Siempre estaba jugando fútbol'
Con los cuadernos y colores en la mano -durante su paso obligado frente a la estación de policía de Villa Rica (Cauca)- sorprendió el jueves un atentado al pequeño Yerinton Enrique Viáfara (foto). De tan solo 11 años, era el menor de los hijos de Martha Lucía Montoya, un ama de casa, y Enrique Viáfara, un experto mecánico. "Siempre estaba jugando fútbol y decía que su sueño era ser como Adrián Ramos, e incluso mejor. Estaba en sexto grado, en la sede María Auxiliadora de la institución educativa Simón Bolívar", recordó la madre del menor. Dijo que no entiende los hechos de violencia "que causan la muerte de inocentes y truncan todos los sueños".
Atentados buscarían distraer operaciones
El Gobierno tiene la convicción de que uno de los propósitos de la brutal ofensiva de las Farc es desviar la atención de las Fuerzas Militares de las zonas en las que se han intensificado los operativos contra los comandantes de esa guerrilla.
"Lo vimos cuando estábamos persiguiendo a 'Alfonso Cano': ponían bombas en todo lado, a ver si nosotros desviábamos la atención y dejábamos de perseguirlo. Pues no, lo seguimos persiguiendo y ahí cayó", comentó el presidente Juan Manuel Santos esta semana.
Desactivan explosivos
Autoridades desactivaron ayer 14 artefactos explosivos en municipios de Cauca y de Valle del Cauca. Reportes oficiales señalaron que los hallazgos se dieron en zona rural de Cajibío, Miranda y Jambaló (Cauca), y en Pradera (Valle).
REDACCIÓN POLÍTICA
Los actos terroristas e "irracionales" perpetrados por las Farc "están debilitando" la "posición" de las Farc ante la comunidad internacional, al igual que aumentan el rechazo que los colombianos sienten por ese grupo ilegal.
Así lo consideró este sábado el presidente Juan Manuel Santos, quien afirmó que las acciones violentas de las Farc de esta semana "están debilitando cada vez más su posición ante el mundo y, por supuesto, ante los colombianos". (Lea: Santos ordena medidas legales y tecnológicas para enfrentar terrorismo)
Desde Corozal, Sucre, municipio donde realiza el Acuerdo por la Prosperidad número 60 de su Gobierno, Santos aseguró que "nadie entiende" cómo pueden utilizar bombas que afectan a la población civil e incluso han causado la muerte de menores de edad. (Lea también: Atentados cobrán la vida de 3 patrulleros y un 'místico' investigador)
"Nadie entiende cómo ponen una bomba que afecta a ciudadanos inocentes, a civiles, por zonas en las que transitan, y que hasta niños han caído en eso", precisó el Jefe de Estado.
Este pronunciamiento del mandatario concuerda con el rechazo generalizado de la comunidad internacional, desatado esta semana, por los ataques terroristas de las Farc que causaron la muerte de 16 personas y dejaron heridas a más de 100.
Ante esta situación de violencia, el Presidente reiteró que "vamos a tomar todas las mediadas adicionales para prevenir que estos ataques continúen, porque la irracionalidad de ese grupo cada vez está siendo más rechazada interna y externamente".
REDACCIÓN POLÍTICA
"Lo que queda claro es que ese documento no lo habían firmado ellos (representantes de los sindicatos). Creo que los he debido llamar antes en privado a preguntarles qué pasó (...), así habría conocido que la firma de ese documento no estaba aprobada por ellos".
En estos términos, el exvicepresidente Francisco Santos se retractó ayer de las acusaciones que el 25 de julio del 2007 formuló contra representantes de los sindicatos Sintrateléfonos, Sintraemcali y Sintraunicol, a quienes señaló de hacer apología a la violencia y a todas las formas de lucha.
Así terminaron tres años de lucha jurídica, que comenzaron cuando los señalados interpusieron una querella por injuria y calumnia contra el exvicepresidente.
Santos sostuvo en su momento que ellos habían firmado, en un evento en Ecuador, un documento de respaldo a los movimientos insurgentes en Colombia, Filipinas y Nepal. Incluso, que habrían coincidido en esa reunión con representantes de las guerrillas colombianas.
Los sindicalistas alegaron que, aunque participaron en el evento, no firmaron la declaración final, que en efecto apoyaba los movimientos insurgentes y todas las formas de lucha. Además, ni representantes de las Farc ni del Eln estuvieron. Lo que sucedió fue que los grupos guerrilleros colombianos mandaron cartas que fueron leídas por ecuatorianos.
Ayer, los sindicalistas desistieron de la querella a cambio de que Santos aclarara públicamente, "con un similar despliegue al que tuvieron las declaraciones" del 2007.
Santos, ahora director de RCN Radio, reconoció en rueda de prensa que formuló las acusaciones "basándose en una publicación de Internet de los organizadores de la reunión en Quito". El proceso por el mismo caso contra el exasesor presidencial José Obdulio Gaviria sigue.
La justicia le acaba de revocar una medida de aseguramiento al exministro de Transporte Gustavo Canal por la supuesta firma irregular de una millonaria conciliación que desencadenó la fallida construcción de una carretera, contratada hace 29 años por el viejo Fondo Vial.
Y aunque Canal, de 63 años, sigue vinculado al proceso, le dijo a EL TIEMPO que va a demandar a la Nación por su detención arbitraria. Además, que ya le dio nombres a la Fiscalía de las personas que llevaron a la Nación a desembolsar más de 700 mil millones.
¿Cómo fueron esos 90 días de detención domiciliaria?
Se siente un dolor enorme y una desprotección terrible frente a la ley. Parecieron 90 años. Lo más duro fue ver a mis hijos y a mi señora sufrir. Dijeron que era un peligro para la sociedad. Me privaron de la libertad supuestamente por intentar influir en testigos dentro del caso. Lo único que hice fue advertirle al entonces ministro de Transporte, Andrés Uriel Gallego, que iban a pagar esa conciliación ridícula. Por eso pedí el testimonio del ministro, que así lo confirmó. A pesar de ello se me sigue procesando por peculado por apropiación a favor de terceros. Hágame el favor (...). Están insinuando que yo no dejé pagar la totalidad de la conciliación para que los demandantes hicieran una nueva reclamación.
¿Usted sigue vinculado al proceso?
Sí, y lo que viene ahora es continuar con mi defensa, desmontar un peculado que jamás existió. Después de cuatro años de salir de un gobierno, ¿qué capacidad tenía yo de influenciar a alguien para que pagara o dejara de pagar?
Pero alguien permitió que un contrato de 600 millones, de 1983, terminara en una reclamación por más de 700 mil millones...
Claramente. Ya le hemos informado a la Fiscalía sobre las personas que pensamos que están detrás de este tema. Pero eso se lo dejo a la justicia. Y ahora voy a demandar a la Nación.
¿Por qué va a demandar?
Porque es absolutamente injusto lo que hicieron conmigo. El mal moral y económico es absolutamente enorme. Mi nombre fue simplemente puesto en la picota pública. Y hay mucha gente en este país que entra en desgracia por estas cosas y no tuvo mi fortuna de salir.
Usted dijo que va a crear una fundación para apoyar a funcionarios que están siendo injustamente procesados...
La estoy estructurando. Con la plata que gane con la demanda la voy a crear.
¿Y si pierde?
La hago como sea. Yo tuve una solidaridad muy grande de parte de este gobierno y de gobiernos pasados. Hay muchos funcionarios que no tienen ni solidaridad y necesitan ayuda. Ya he recibido más de 300 correos de respaldo.
REDACCIÓN EL TIEMPO
El gobierno Santos cumplirá la meta que se fijó de atender 160.345 reclamaciones relacionadas con la restitución de tierras, para agosto del 2014.
Así se desprende de una carta que Jesús Ricardo Sabogal, director de la Unidad Administrativa Especial para la Restitución de Tierras Despojadas, le envió a Daniel Samper Pizano, columnista de EL TIEMPO, a propósito de su columna del pasado 22 de enero, titulada '¿De dónde sale tanto negrito?'.
Samper planteó que a partir del estimado de 14 mil reclamaciones recibidas y 2.100 falladas anualmente, se necesitarían más de 170 años para lograr la meta.
Sobre ese particular, Sabogal explicó que la meta de 2.100 fallos mencionada por el columnista solo corresponde a 2012: "La cifra se cuadruplicará en el 2013 e irá aumentando cada año, proyectando que a 2014 se atenderán 160.345 reclamaciones; en los años siguientes se seguirá completando hasta alcanzar en 2020 las 360 mil".
Y agregó que se está coordinando con el Consejo Superior de la Judicatura la ampliación de la cobertura judicial para abordar el tema de la restitución.
"Para la vigencia 2012 se contará con 22 jueces y 15 magistrados; en 2013 se nombrarán 69 jueces y 30 magistrados; y el año siguiente, 43 jueces y 15 magistrados, por lo que finalizando el 2014 se espera contar con 134 jueces y 60 magistrados especializados en el tema", sostuvo.
'El Estado ayudará con las pruebas'
Otra inquietud planteada por Samper tiene que ver con la inversión de la carga jurídica de la prueba, según la cual el demandado deberá demostrar su buena fe.
"Han querido entender que la carga de la prueba pasa al Estado, no al presunto despojador (...) con semejante interpretación, la dilación está asegurada", dijo. Sabogal explicó que "el Estado ayudará a las víctimas a conseguir las pruebas para identificar predio y derechos".
"Tenemos que prepararnos si estos actos irracionales siguen", les dijo el presidente Juan Manuel Santos a los comandantes de las Fuerzas Militares y al ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón.
La idea del Jefe de Estado es dar "un paso adicional en fortalecimiento de las fuerzas", mediante un "paquete de medidas tanto legales como tecnológicas para combatir el terrorismo".
La orden impartida por Santos se da como reacción a los recientes atentados perpetrados por las Farc en Nariño y Cauca.
El Presidente afirmó que estas acciones son "una demostración de irracionalidad, de locura", pues "nadie entiende" cómo "un grupo guerrillero que habla de paz, que habla de reivindicaciones sociales" esté "cometiendo esos actos de terrorismo".
"Si buscan ablandar a nuestras Fuerzas Armadas, se ve que no las conocen (...) Si buscan ablandar a la población civil, entonces llevan mucho tiempo en la selva; desconocen que el 97 por ciento de los colombianos rechaza su accionar", agregó.
El mandatario también destacó que el accionar de las Farc "causa una condena de la comunidad internacional". Por eso, añadió, "si buscan tratar de reivindicarse ante la comunidad internacional, estos actos solo logran lo contrario".
"El terrorismo es producto del desespero, de la efectividad de nuestras Fuerzas Armadas. No de otra forma puede uno explicarse semejante acto tan bárbaro", sostuvo el Presidente.
Santos aseguró que el Gobierno y las Fuerzas Militares seguirán con el plan de "sacar de sus madrigueras" a los cabecillas guerrilleros. "No crean que nos van a desviar con estos actos de terrorismo", puntualizó.
Santos hizo estas afirmaciones durante la entrega del Pabellón Nacional en la Patrullera Oceánica ARC 20 de Julio y una visita que realizó a la ARC 'Antioquia', en la ciudad de Cartagena.
Se aleja la posibilidad de un diálogo: Vargas
El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, sostuvo que esta escalada terrorista, desatada por la guerrilla de las Farc, lo que hacen es cerrar la posibilidad de un diálogo.
"Con hechos como estos cada vez se aleja más la posibilidad de iniciar un diálogo como lo han venido proponiendo las Farc. Por el contrario, generan el repudio de los colombianos y del propio Gobierno y nos conduce a extremar las medidas de seguridad en todo el país", dijo Vargas.
Su declaración la hizo durante una visita a Manizales, en la que invitó a los colombianos a colaborar con el Gobierno y la Fuerza Pública en la lucha contra el terrorismo.
REDACCIÓN POLÍTICA
Así lo señaló el director de la Dijín, el general Carlos Ramiro Mena,
quien aseguró que a las dos de la mañana terminó la audiencia en la que el detenido, de quien reservan el nombre, aceptó los cargos
imputados por la Fiscalía.
Aceptó que en su casa, en Tumaco, la guerrilla acondicionó con
explosivos la moto bomba y que colaboró con las Farc, dijo el general Mena. Añadió que la guerrilla usó 45 kilos de pentonita.
En el caso de Villa Rica (Cauca), el responsable del atentado sería el jefe guerrillero alias 'Caliche', de la columna móvil Jacobo Arenas. En esta región, las Farc detonaron 40 libras de amonal.
'Caliche' también fue señalado de ser el responsable de la incursión guerrillera, a finales de enero, al cerro Santana, en El Tambo (Cauca).
Enérgica condena internacional
Francia expresa su profunda preocupación " por esos atentados que tuvieron lugar en los departamentos de Nariño y Cauca y que causaron muertes "entre las fuerzas del orden y la población" civil, indicó un portavoz del Ministerio francés de Exteriores.
El portavoz mostró su condena "con la mayor firmeza a esos actos terroristas", al tiempo que envió al pueblo colombiano "un mensaje de solidaridad".
La Presidencia de México también se sumó a los llamados de soliridad con las víctimas de esta ofensiva y condenó la acción terrorista de la guerrilla, a través de un comunicado.
"México reitera su rechazo, en cualquier circunstancia, a la ejecución de actos terroristas. Igualmente, expresa su solidaridad con los familiares de las personas fallecidas", dice la declaración.
España, a través del Ministerio de Exteriores, también condenó "con firmeza" las acciones "execrables y crueles que atentan contra los esfuerzos del pueblo colombiano para asegurarse un futuro en paz y seguridad".
La ofensiva
En Tumaco (Nariño) una bomba estalló el pasado miércoles frente a la estación de policía y causó once muertos y más de 70 heridos, entre uniformados y civiles (lea también: Uno de los heridos en atentado en Tumaco narra cómo fue la explosión).
Este jueves, seis personas murieron y veinte resultaron heridas en Villa Rica (Cauca) tras el estallido de cilindros bomba instalados en una camioneta, también frente a la estación de policía.
En el impacto murió en el acto el comandante de la estación de Policía, intendente Guido Cifuentes. Dos civiles, entre ellos un joven, murieron en el hospital local mientras que otros dos murieron en el centro hospitalario de Puerto Tejada. En una clínica de Cali murió un niño, dijo el comandante de la Policía Cauca, coronel Ricardo Alargón.
Los atentados, ocurridos en menos de 24 horas, le causaron la muerte a 11 civiles y cuatro policías, cifras que encienden las alarmas al interior de las Fuerzas Militares y el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos.
El Primer Mandatario dijo el jueves desde Tumaco, donde presidió un consejo de seguridad, que las Farc "son unas hipócritas" al hablar de paz mientras cometen actos de terrorismo, lo cuales alejan "cualquier posibilidad de paz".
Primeras tesis sobre los detalles de lo ocurrido en Tumaco dan cuenta de una alianza entre las Farc y la banda criminal de los 'Rastrojos' para controlar este puerto del pacífico, que sirve a su vez de corredor para el tráfico de armas y droga.
CON EFE Y REDACCIÓN JUSTICIA
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