El informe analiza los desafíos en la implementación de la Ley 975 (2005), llamada de “justicia y paz”, el aumento de amenazas y la utilización ilegal de los servicios de inteligencia contra los defensores y las defensoras de derechos humanos y otras personas, la polarización entre el Gobierno y la comunidad de derechos humanos y entre el ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia, así como el aumento de los casos de violencia sexual. Además, persisten profundas debilidades en varios departamentos para alcanzar la plena satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, que se traducen en discriminación de facto y marginación de la población afrocolombiana e indígena. Leer más...