Iván Cepeda Castro, con el fin de tener una lectura más real de las ilegalidades presuntamente cometidas por los colaboradores y funcionarios más cercanos al presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, durante sus dos períodos de gobierno, dirigió un derecho de petición al fiscal general de la nación (e) Guillermo Mendoza Diago. Como respuesta obtuvo una lista de más de un centenar de investigaciones que ha realizado la institución a su cargo. Otras tantas han adelantado la Procuraduría y la Contraloría. En dichas investigaciones aparecen sindicados el vicepresidente de la República, una decena de ministros, tres de los asesores del presidente, cuatro secretarios de la presidencia, comandantes de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, cuatro directores del DAS. Los hechos investigados son tipificados en un extenso repertorio de delitos: concierto para delinquir, homicidio, alteración de resultados electorales, cohecho, prevaricato por acción, prevaricato por omisión, calumnia e injuria, contrato sin cumplimiento de requisitos, celebración indebida de contratos, peculado por apropiación, violación del régimen legal constitucional de inhabilidades e incompatibilidades, fraude a resoluciones judiciales, falsa denuncia contra persona determinada, constreñimiento para delinquir, violación ilícita de comunicaciones, abuso de función pública, asociación para la comisión de un delito contra la administración pública, falsedad ideológica en documento público, delitos contra la vida y la integridad personal, etcétera. En la lista de investigaciones hasta aparece una en la que el sindicado, el general (r) y ex asesor en asuntos de seguridad Rito Alejo del Río, es acusado de violencia intrafamiliar. Lea más....