El 20 de febrero de 2008, en carta dirigida a Álvaro Uribe Vélez, un grupo de personas encabezadas por Human Rigths First, solicitaron llamar a su asesor presidencial José Obdulio Gaviria a que acate lo ordenado por la Directiva Presidencial N°. 7 del 2001 y la Directiva Presidencial N°. 2 de 1999, en las que se obligan a los oficiales públicos a, “abstenerse de cuestionar la legitimidad de las organizaciones no gubernamentales... y sus miembros; [para no] realizar afirmaciones que descalifiquen, hostiguen o inciten al hostigamiento de dichas organizaciones; [para no] emitir declaraciones públicas o privadas que estigmaticen la labor propia de estas organizaciones; ... [y para] abstenerse de hacer falsas imputaciones o acusaciones que comprometan la seguridad, así como la honra y el buen nombre de las organizaciones no gubernamentales”