El pasado domingo 25 de julio el Presidente Álvaro Uribe en su visita al Fuerte Militar de la Macarena (Meta), calificó una vez más de terroristas, enemigos de la seguridad democrática y de estar practicando “la combinación de formas de lucha” a los activistas por la paz y a los defensores de derechos humanos que participaron en una audiencia tres días antes, en ese municipio. Durante la audiencia, se denunciaron graves violaciones a los derechos humanos cometidos por miembros de los organismos de seguridad estatal y grupos paramilitares contra pobladores de esa región.

A pesar de que la Audiencia Pública sobre “Crisis Humanitaria en los Llanos Orientales” estaba presidida por la Comisión de Paz y Acuerdo Humanitario del Senado de la República de Colombia y contó con la presencia de personalidades de Austria, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Irlanda, Italia, Portugal, el Reino Unido, España y Estados Unidos, incluidos 6 miembros del Parlamento Británico, 3 del Parlamento Europeo y un delegado del Gobierno de Cataluña, el Presidente Uribe se refirió a ella diciendo que “el terrorismo, en esa combinación de formas de lucha, mientras a través de algunos voceros propone la paz, a través de otros voceros viene aquí a La Macarena a buscar cómo desacredita a la Fuerza Pública y cómo la sindica de violación de Derechos Humanos”.

Las organizaciones sociales y ONG agrupadas en la Coordinación Colombia - Europa - Estados Unidos y la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo expresan ante la comunidad nacional e internacional su preocupación por los graves señalamientos e intimidación a la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos, de los activistas por la paz y de quienes están denunciando la ocurrencia de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas perpetradas presuntamente por agentes estatales y grupos paramilitares; exigen que se investigue y sancione en las instancias pertinentes a los responsables, solicitan se ponga fin a estas prácticas por parte de las Autoridades Estatales y se proporcionen garantías efectivas de que no repetición. Leer el comunicado completo, dando clic aquí.

Las Plataformas y Redes de organizaciones sociales que trabajan por los derechos humanos y la Paz en Colombia agrupadas en la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines por una Cooperación para la Paz y la Democracia en Colombia, la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo y la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz expresan su profunda preocupación por los hechos en los cuales 4 defensoras de derechos humanos fueron tomadas como rehenes por parte de un grupo armado perteneciente al ELN en el municipio de Teorama, Norte de Santander.

En estos hechos, que constituyen una abierta violación a normas básicas del Derecho Internacional Humanitario, fueron retenidas las defensoras de derechos humanos Nohora Guerrero, Lizbeth Jaime y Mónica Duarte Rodríguez de la Fundación Progresar, y María Angélica González, funcionaria del Programa de Atención a Comunidades en Riesgo de la Vicepresidencia de la República. Los Convenios de Ginebra, especialmente su artículo Tercero Común, al igual que el Protocolo II aplicable a todos los actores de conflictos armados de carácter interno, prohíben de manera expresa la toma de rehenes civiles y de cualquier persona que no sea parte directa de las hostilidades, como parte de las obligaciones mínimas que deben ser respetadas por cada una de las partes contendientes.

La Fundación Progresar es una reconocida Organización No Gubernamental comprometida con la defensa de los derechos humanos, y especialmente los de las personas que por distintas razones, han sido víctimas del conflicto armado interno en el departamento de Norte de Santander, y es parte integrante de los esfuerzos de las Plataformas de Derechos Humanos y Paz por superar la impunidad de las violaciones de derechos humanos y por la construcción de la paz en nuestro país. En este ámbito desarrolla una importante labor de acompañamiento a organizaciones y víctimas del

desplazamiento forzado en dicha región de país. En consecuencia con los hechos anteriormente denunciados, las Plataformas de Derechos Humanos y Paz exigimos la liberación inmediata e incondicional de las defensoras de derechos humanos arbitrariamente retenidas, con pleno respeto a su vida e integridad personal y moral, y demandamos a este grupo armado cesar toda práctica de vulneración de las normas humanitarias que protegen la vida y los derechos de la población civil en desarrollo de las acciones del conflicto armado interno.

Las Plataformas de Derechos Humanos y de Paz y los sectores sociales nos dirigimos a usted, en carta abierta a la opinión pública, expresando nuestra preocupación por el incumplimiento de los compromisos para la protección de defensoras, defensores y líderes sociales, asumidos por el Gobierno colombiano en el marco de la Mesa Nacional de Garantías. A su vez, reiteramos el llamado a adoptar medidas inmediatas y eficaces de protección frente a los recientes hechos de estigmatización, persecución, amenaza y asesinatos en diferentes regiones del país, que revelan un agravamiento de la situación de riesgo en la que nos encontramos.

Según lo acordado, la reunión tendría lugar el día de hoy, 10 de junio, y contaría con la presencia de catorce delegados(as) de las regiones que participaron en las Audiencias Territoriales de Garantías. Sin embargo, en la tarde de ayer recibimos una comunicación de su cartera en la que se nos informa la decisión unilateral de cancelar tan importante compromiso, programado con 20 días de anticipación. Además de este lamentable aplazamiento, tampoco se ha efectuado a la fecha la reunión ordinaria de la Mesa Nacional de Garantías que, conforme a los acuerdos logrados en 2009, debió haber sido convocada por el ministerio hace 10 meses. Lea más...

El 1° de diciembre de 2009, en Bogotá, las personas asignadas para la protección del abogado Molano Rodríguez fueron informadas que durante la última semana, en tres oportunidades, personas vestidas de civil han concurrido a la portería del conjunto residencial donde habita, solicitando acceder a su vivienda.

Estas personas se han negado a identificarse y cuando el vigilante ha intentado comunicarse con el apartamento, a efectos de verificar la presencia del abogado Molano, los visitantes intempestivamente se han retirado del lugar, manifestando en algunas oportunidades, que con posterioridad lo llamaran.

Este hecho ocurre luego de que investigaciones demostraron que el teléfono celular del abogado Molano, fue intervenido desde 2004, en el marco de las labores de espionaje en contra de Defensores de Derechos Humanos, Magistrados y líderes políticos adelantadas por parte del Departamento Administrativo de Seguridad (Das). Leer más...