C.C.E.E.U

Manifestamos nuestra seria preocupación por la persistencia reiterada y sistemática de la desaparición forzada en el contexto del conflicto armado y de la violencia sociopolítica, y el incremento de denuncias y casos en varias regiones del país.

De acuerdo al SIRDEC entre el 7 de agosto 2010 y el 10 de noviembre 2011, periodo del actual Gobierno se han registrado 287 personas desaparecidas forzadamente de las cuales 223 siguen desaparecidas. Solo en este periodo han sido desaparecidos 8 defensores de derechos humanos, entre los cuales se cuenta la desaparición de EBERTO GONZALEZ HOYOS, líder afrodescendiente reclamante de tierras en el Curvaradó, Chocó ocurrido el 23 de julio a manos de grupos paramilitares; la desaparición del abogado defensor de víctimas de los paramilitares ENRIQUE SALAZAR CONTRERAS, mientras se desplazaba de Bogotá a Zipaquirá y la desaparición de 3 líderes de la Mesa de Concertación de Tierras del Departamento del Tolima ANDRES ALFONSO ARENAS BUELVAS y los hermanos YONNEL y JOSÉ ALFONSO DELGADO VILLAMIL, desaparecidos el pasado 23 de diciembre de 2010 y hallados asesinados a comienzos de enero de este año.

Solicitamos al señor Presidente de la República que:

1. Condene clara y públicamente como jefe de Estado y jefe de las fuerzas militares los cuestionamientos de funcionarios públicos e integrantes de las fuerzas militares o de policía que apuntan a legitimar desapariciones forzadas.... 

2. Usted como presidente de la República acepte la competencia del Comité sobre Desapariciones Forzadas creado por la Convención Internacional de Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas...

3. Usted y su Gobierno no presente ni apoye ningún proyecto legislativo que permita la ampliación incondicionada del fuero militar...

4. Su Gobierno tome las medidas necesarias para derogar el parágrafo del artículo 50 y el artículo 51 de la Nueva Ley de Seguridad Ciudadana... 

5. Su Gobierno incluya en sus propuestas para implementar el Plan Nacional de Desarrollo, los recursos financieros suficientes para que se desarrolle una política pública coherente de prevención...

6.  Su Gobierno deben garantizar inequívocamente la participación de las víctimas en la reglamentación de la ley de víctimas y el Plan Nacional de Atención y Reparación e incluir: a) Medidas de Satisfacción, b) Medidas de Restitución, Garantías de no repetición. 

7. Su Gobierno cumpla con lo ordenando por la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con relación a las medidas provisionales y cautelares de las organizaciones que trabajan sobre desapariciones forzadas...

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Esta Misión ha constatado, a partir de un alto número de testimonios, una serie de agresiones en los últimos dos años contra defensores/as, incluyendo asesinatos, atentados, desapariciones forzadas, y amenazas. Pudiéndose constatar que:

• Los ataques contras los/as defensores/as permanecen en la impunidad: las agresiones a los defensores, incluyendo crímenes graves como asesinatos y desapariciones, continúan en la impunidad, aún en casos en los que los denunciantes dieron incluso nombres y apellidos de las personas que los amenazaban. Algunos de los ejemplos de preocupación que hemos escuchado incluyen que algunas fiscalías operan dentro de guarniciones militares; que los denunciantes son llamados a una instalación militar para ratificar la queja.
• La protección que reciben los/as defensores/as no es adecuada: El programa de protección del gobierno de Colombia ha sido y es muy necesario, ha contribuido claramente a la protección de defensores/as, y sin duda ha salvado vidas.
• Los señalamientos y estigmatizaciones siguen contra quienes defienden los derechos humanos: las prácticas de señalamientos y estigmatizaciones son todavía demasiado frecuentes. En las 8 regiones visitadas fueron reportados panfletos anónimos y otros elaborados por nuevos grupos armados al margen de la ley, con amenazas a los defensores.
• El mal uso de inteligencia estatal contra defensores/as: hemos recibido numerosas informaciones en el sentido de que los defensores/as siguen muy preocupados por hechos como robos de información en sus sedes, por fuerza pública filmando o tomando fotografías en eventos públicos, y realizando preguntas  inadecuadas a defensores y población, y por la posibilidad que sus teléfonos estén interceptados.
• Judicializaciones en contra de defensores/as: La Misión ha conocido repetidos casos de defensores que han sido judicializados en procesos con múltiples irregularidades, denunciadas dentro y fuera de dichos procesos, tales como el mencionado uso de información de inteligencia militar en su contra, o de testimonios personales de desmovilizados, que a menudo han recibido pagos por sus testimonios.
  

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