El Estado Colombiano no ha cumplido con ninguna de los Criterios Establecidos para la Certificación de la Ley de apropiaciones de los Estados Unidos para la recepción de fondos de asistencia militar, y en varios de ellos inclusive se presentan grandes retrocesos con respecto a algunas acciones y medidas que habían sido logradas en años anteriores. Lea más dando clic en la imagen
Asesinatos, amenazas, judicializaciones, detenciones arbitrarías, entre otras, se repiten constantemente contra numerosos defensores de derechos humanos y organizaciones encargadas de realizar denuncia, acompañamiento a víctimas y promoción de los derechos humanos en todo el país. A continuación encontrarán un informe en español e inglés que dan cuenta de esta situación:
Esta publicación se realizó como una contribución a la recuperación y dignificación de la memoria de esos 2.515 hombres y mujeres que han perdido la vida ejerciendo su derecho fundamental a la asociación sindical, en un país que castiga severamente el ejercicio de dicho derecho, mientras los victimarios se enredan y se confunden en el dilatado e histórico panorama de violaciones para revestirse de un prolongado manto de impunidad, en el cual la verdad, termina por instalarse como una ficción, la justicia como un acuerdo de olvidos, y la reparación como resignación y perdón. Y a la vez, este documento es una voz de denuncia contra los prolongados silencios que ha guardado el Estado colombiano frente a un proceso de violencia que bien puede nombrarse como un genocidio político que permanece en la más absoluta impunidad:
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Durante el foro "Ejecuciones extrajudiciales: una realidad inocultable", realizado en Bogotá el 29 de octubre de 2008, se presentó el informe final de la Misión Internacional de Observación sobre ejecuciones extrajudiciales e impunidad en Colombia, llevada a cabo entre el 3 y 10 de octubre de 2008. Para leer el documento completo, haga clic en la imagen
En el año 2003, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló que la situación de derechos humanos en Colombia “se ha caracterizado por violaciones graves, masivas y sistemáticas de esos derechos, constituyendo muchas de ellas crímenes contra la humanidad”. Cinco años después, las violaciones continúan siendo graves, masivas y sistemáticas, en muchos casos se han agudizado y en gran parte permanecen en la impunidad. La responsabilidad de estas violaciones en la mayoría de los casos se atribuye al Estado colombiano, ya sea por perpetración directa o por tolerancia o apoyo a los grupos paramilitares. Además, el país está enfrentando una grave crisis del Estado social de Derecho, como consecuencia del irrespeto a la separación de poderes por parte de la rama ejecutiva, lo cual hace mucho más preocupante la situación del país en este momento.
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