Entre enero y noviembre de 2011, los Defensores de Derechos Humanos en Antioquia han sufrido 164 agresiones de las cuales tuvimos conocimiento. 147 fueron casos individuales y 17 casos fueron colectivos. Durante todo el año 2010, logramos conocer por lo menos 108 casos de agresiones de los cuales, 91 se presentaron de manera individual y 17 de forma colectiva. Lo que nos muestra una diferencia de 56 casos que representa un incremento del 51.9% de vulneraciones al derecho a defender los derechos humanos.
Durante enero del 2010 y noviembre de 2011 se han llevado a cabo por lo menos 272 agresiones contra líderes y lideresas en el departamento de Antioquia, de estas agresiones aproximadamente el 24% corresponde a asesinatos. Lea más dando clic aquí
El 17 de marzo seis representantes a la cámara del Congreso de los Estados Unidos le enviaron una carta y un extenso memorando al presidente Barack Obama, presentándole importantes y positivas recomendaciones para la superación de la explotación laboral, la violencia y la impunidad en contra de sindicalistas y defensores de derechos humanos en Colombia.
Ante esta declaración, sindicatos de los EEUU y organizaciones no gubernamentales de Colombia y ese país se han pronunciado en los últimos días.
Con el ánimo de facilitar la comprensión de un tema complejo, y en general sujeto a malas informaciones, la Agencia de Información Laboral (ENS) publica la carta y el memorando de los seis congresistas (traducidos al español) y además los pronunciamientos que sobre el mismo produjeron la AFL-CIO (principal confederación sindical de Estados Unidos), WOLA, Human Rights Watch y la Escuela Nacional Sindical. Lea los documentos anunciados, aquí
El 16 de marzo pasado representantes de más de 200 organizaciones de la sociedad civil y sindicatos europeos y latinoamericanos presentaron un manifiesto al Parlamento Europeo, en el que piden no ratificar los tratados de libre comercio (TLC) con Colombia, Perú y los países centroamericanos.
Con el apoyo de los eurodiputados Raúl Romera (Verde), Helmut Sholz (GUE) Richard Howitt (Socialista), el Manifiesto fue presentado al Parlamento Europeo por diversas plataformas de ONG con sede en Bruselas, tales como el Grupo Sur y la Oficina Internacional de Derechos Humanos Acción Colombia (Oidhaco), sustentado con la firma de más de 200 organizaciones. Leer más...
Más allá de si las declaraciones dadas por el ex jefe paramilitar Fredy Rendón Herrera, alias el alemán, sobre las irregularidades presentadas en la desmovilización del Bloque Cacique Nutibara (BCN) de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), son veraces, inoportunas, tendenciosas y demás calificativos hasta ahora empleados, es claro que sus afirmaciones reviven viejas denuncias planteadas por organizaciones no gubernamentales que fueron desmentidas enfáticamente en su momento por el Gobierno nacional y la Alcaldía de Medellín.
Lo paradójico es que varios de los señalamientos hechos por organismos defensores de derechos humanos, tanto del orden nacional como internacional, coinciden con declaraciones hechas por ex combatientes de las Auc ante instancias judiciales durante los años 2004 y 2005 y que hoy, tras las afirmaciones del alemán, cobran mayor relevancia al menos para el análisis de un proceso que desde su inicio contó con silencios incómodos, dudas no despejadas y quejas no escuchadas.
En el año 2005, por ejemplo, la organización Amnistía Internacional (AI) señaló en su informe de seguimiento al proceso de desmovilización de las estructuras BCN y Héroes de Granada (HDG) titulado “¿Desmovilización o legalización?” que en la capital antioqueña “el proyecto paramilitar ha entrado en una ‘fase de legitimación’ que incluye la transformación de las fuerzas paramilitares en cuerpos de seguridad privados o estructuras civiles de informantes similares a los grupos Convivir que surgieron en la década de 1990”. Lea más haciendo clic aquí
El Gobierno Nacional ha anunciado su propósito de reformar el actual sistema pensional. La intención es aumentar la edad de pensión y, por supuesto, el número de semanas de cotización necesarias para acceder a este derecho. Entre tanto, los fondos privados de pensiones, hoy controlados por los principales grupos financieros del país, aspiran a mejorar su negocio cerrando definitivamente las puertas a un sistema público de pensiones. El anuncio se hace luego de que algunos países desarrollados —Francia y España entre ellos— adoptaron reformas que aumentaron la edad de pensión para hombres y mujeres.
Es necesario un amplio debate sobre el tema, pues lLa reforma debe apuntar a la construcción de un sistema de pilares. Un primer pilar que asegure a toda persona adulta mayor una pensión antipobreza, financiada con los impuestos. Países como Chile, Argentina y Uruguay establecieron recientemente este derecho para toda la población adulta mayor, en lo que viene a ser una aplicación parcial del principio de la renta básica o salario de ciudadanía. Un segundo pilar intermedio, de carácter público, universal y obligatorio, financiado con contribuciones hasta 4 salarios mínimos. Y un tercer pilar, opcional, que permita realizar contribuciones adicionales a partir de 4 salarios mínimos, posiblemente manejado y operado por actores del sector privado, que provea una pensión suplementaria a la pública. Lea más, dando clic aquí
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