El 7 de septiembre de 201, aproximadamente a las 11:00 de la mañana, en el municipio de El Tarra (Norte de Santander), cuando una Comisión de Verificación llevaba a cabo una reunión con la comunidad en la Casa de la Cultural, en busca de información del asesinato de un menor de 16 años por parte, presuntamente, de integrantes de Brigada Móvil N°. 23 del Ejercito nacional, el 15 de agosto de 2010; al menos 8 soldados adscritos a la misma brigada se acercaron al lugar y empezaron a indagar por la identificación de los(as) integrantes de la Comisión. Al preguntárseles la razón por la que se encontraban allí, manifestaron que querían escuchar las denuncias de la población civil.
Luego de 30 minutos en los que realizaron registro fílmico del lugar y de las personas que se encontraban allí, se marcharon afirmando que estaban en el lugar para verificar una información de campo minado. Posteriormente, alrededor de las 4:30 de la tarde, cuando integrantes de la Comisión de Verificación tomaban registro fotográfico del lugar en el que resultó muerto el menor, soldados de la misma brigada, los retuvieron por al menos 30 minutos, a pesar de la intervención de integrantes del Observatorio Internacional de Paz (IPO).
El Colectivo de Abogados Luís Carlos Pérez, integrante y convocante de la Comisión de Verificación al municipio de El Tarra, se presentó en el lugar de los hechos, en donde se constató los empadronamientos que continuaban haciendo los soldados de la Brigada Móvil No. 23 del Ejercito nacional. Tras la intervención del Personero de El Tarra se acordó sostener una reunión extraordinaria con el Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez, como delegado de la Comisión y con el Coronel de la Brigada Móvil No. 23, el Teniente de la Brigada 30 del Ejército, y el Inspector de Policía de El Tarra. En esta reunión se denunció por parte de Colectivo de Abogados Luís Carlos Pérez, los constantes empadronamientos que se habían realizado en la jornada de trabajo de la Comisión de Verificación, se instó al respeto irrestricto de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Finalmente, después de estar aproximadamente 2 horas reunidos, el Ejército se comprometió a garantizar la seguridad de los integrantes de la Comisión de Verificación y a asegurar su salida del municipio sin contratiempos.
A lo largo de la visita a los corregimientos de la Trinidad (municipio de Convención), San Juancito (municipio de Teorema), el Aserrío (municipio de Teorema) y el municipio el Tarra, se escucharon a familiares de víctimas, amigos y vecinos, quienes expresaron su preocupación, indignación y dolor por los hechos que les han alejado forzosamente de sus parientes.
Como resultado, se evidenció entre otros que persiste la consumación sistemática de violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario en los municipios de Convención y El Tarra, al igual que en los corregimientos de la Trinidad (municipio de Convención), San Juancito (municipio de Teorama) y el Aserrío (municipio de Teorama), donde el Ejército y Policía son los responsables de la persecución, señalamientos, hostigamientos, amenazas, empadronamientos, cobros de dineros, utilización de armas de fuego para intimidar a la comunidad, allanamientos ilegales, filmaciones y fotografías sin autorización de las personas y sin propósito conocido, ocupación de predios, entre otros hechos que continúan victimizando a la población del Catatumbo. Leer más...
La Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU), coalición de 219 organizaciones colombianas que trabajan por la promoción, divulgación y defensa de los derechos humanos, denuncia ante los organismos de control del Estado, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, embajadas, agencias de cooperación, Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas en Colombia, observadores internacionales, plataformas de derechos humanos y de paz, medios de comunicación y comunidad en general, sobre las amenazas contra la vida e integridad física de las defensoras de derechos humanos de la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez, conforme a los siguientes:
HECHOS
Judith Maldonado Mojica, representante legal de la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez, se sirve del teléfono celular que responde al número 320- 2317155 de la empresa de comunicaciones celular S.A. (Comcel).
El día de hoy, 12 de marzo de 2010, en el teléfono arriba mencionado, siendo las 7:12 a.m se recibió una amenaza en el buzón de voz de este celular. El mensaje proviene del abonado telefónico número 313- 6418100.
En el correo de voz, entre muchas cosas, y aunque con un sonido difícil de entender, se logra escuchar lo siguiente: …“Ustedes se metieron en un problema, en un problema del que no van a salir, vamos a colocar una bomba,… vamos a poner una bomba, donde ustedes serán los culpable… se metieron en la comunidad y no entraran más, se metieron donde no debieron… se lo digo, una bomba donde ustedes serán los culpables… Oiga Judith, su organización se metió a la (sonido ininteligible)… arruinaron los planes, los planes que las águilas negras teníamos contra ellos. La van a pagar, la van a pagar muy caro”…
Dicho mensaje fue enviado desde el abonado telefónico Número 313 6418100.
LA CORPORACION COLECTIVO DE ABOGADOS LUIS CARLOS PEREZ, es una organización no gubernamental, que trabaja desde hace ocho años en el Nororiente Colombiano (Santander, Magdalena Medio, Norte de Santander y Catatumbo) en la promoción y defensa de los Derechos Humanos, en la lucha contra la Impunidad y acompañando las justas causas de las comunidades, los sectores sociales y populares, como la población desplazada, la población campesina y el Pueblo Indígena Motilón Bari.
Dentro de las causas que acompañan se encuentran: 1. la defensa de la Vida, la Naturaleza, el Territorio y la Cultura que se adelanta junto con la Asociación de Campesinos del Catatumbo y el Pueblo Indígena Motilón Bari, para evitar que se adelante la explotación de petróleo y carbón a cielo abierto dentro de sus territorios y sin ser tenidos en cuenta, 2. El seguimiento a la situación de derechos humanos, en particular los casos de ejecuciones extrajudiciales (denuncia, representación de victimas, informes, etc.), 3. seguimiento a los crímenes cometidos por los paramilitares (aplicación de la ley de Justicia y Paz), acompañamiento a las victimas en la búsqueda de verdad, justicia y reparación integral; 4. Fortalecimiento a los procesos organizativos de Población victima del Desplazamiento Forzado; 5. Defensas penales a campesinos del Catatumbo, quienes han sido injustamente privados de la libertad desde el 6 de febrero de 2010 y 6. Acompañamiento jurídico y político, a la persecución, hostigamiento, amenazas y judicialización de los líderes de la Asociación Campesina del Catatumbo-ASCAMCAT; 7.Defensa de la biodiversidad, la tierra y el trabajo de los campesinos de Guamocó, frente a la amenaza de explotación de oro a cielo abierto por parte de multinacionales; 8. Defensa a los recursos naturales en la Provincia Guanentina.
Conforme a lo anterior la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos-Nodo Nororiental, exige que frente a estos graves hechos, el gobierno adopte de manera urgente las recomendaciones que hace la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas en su informe del 4 de marzo de 2010, que van dirigidas a:
Garantizar los derechos de la población civil ante la violencia organizada perpetrada por grupos armados ilegales surgidos del proceso de desmovilización de organizaciones paramilitares, implementando estrategias adecuadas de combate; y recomienda redoblar esfuerzos para prevenir, investigar, juzgar y sancionar firmemente y sin ambigüedad cualquier vínculo, tolerancia o aquiescencia de la Fuerza Pública con estos grupos;
Avanzar en las investigaciones sobre el origen y los autores de las amenazas.
De acuerdo al Observatorio de Paz Integral del Magdalena Medio (OPI), entre el 1° de enero de 2006 y el 31 de diciembre de 2009, en 13 municipios del Magdalena Medio se registraron cerca de 103 casos de amenazas colectivas e individuales con autoría Paramilitar. El número de amenazas proferidas por estos grupos ha ido en ascenso en este periodo con un incremente de este tipo de acciones durante el primer semestre de cada año. 55 de estas amenazas se registraron en el municipio de Barrancabermeja, 28 de ellas utilizando el panfleto como medio de intimidación. Las demás se hicieron de manera directa o por vía telefónica. Leer más....
Organizaciones sociales y de derechos humanos de Santander, alertaron a las autoridades sobre presencia paramilitar en Lebrija.Le más...
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