La Misión Internacional de Verificación que visita Medellín reconoció que durante 2011 empeoraron las condiciones con las que trabajan las organizaciones defensoras de Derechos Humanos en el departamento.
Presiones contra la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz que acompaña zonas humanitarias en el Urabá, amenazas contra líderes de organizaciones de la Comuna 13 y otros 18 casos más de vulneración a los defensores de Derechos Humanos fueron presentados, este martes 29 de noviembre, a la Misión Internacional de Verificación que está Medellín y que mañana se reunirá con autoridades locales y regionales.
“Nos han mostrado una realidad muy dura, muy cruda y con muy pocos visos de salida: la desesperanza en la que se puede cundir dentro de un tiempo es que las leyes no han sido suficientes para parar la situación de vulnerabilidad de muchas comunidades, de sus acompañantes y defensores”, afirmó una de las comisionadas internacionales, Tica Font Gregori, luego de atender la exposición de líderes de organizaciones de Antioquia, Caldas y Quindío.
En Antioquia la situación es preocupante. Según el informe elaborado para esta Misión de Verificación por el Instituto Popular de Capacitación (IPC) y la Fundación Sumapaz, entre enero y noviembre de 2011 aumentaron en un 62,3 por ciento las vulneraciones a defensores de Derechos Humanos con respecto al año inmediatamente anterior. Leer más, dando clic aquí.
Omaira Montoya, una bacterióloga de 34 años que estaba embarazada, desapareció el 9 de septiembre de 1977. Fue el primer caso de desaparición forzada en Colombia. Desde ese día se han registrado 15.654 casos similares, según las cifras de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas. En estos 34 años, un total de 57.286 personas han desaparecido en el país.
El fotógrafo y periodista español Gervasio Sánchez ha documentado desde hace un cuarto de siglo los efectos de la violencia. Su último trabajo, que le tomó 13 años, explora el drama humano que acompaña a la desaparición forzada en 10 países, incluido Colombia. Siete de ellos son latinoamericanos ya que, desde las dictaduras militares del Cono Sur hasta las guerras civiles que azotaron a Centroamérica en los años ochenta, la desaparición forzada ha sido una constante en la historia de la región. Tanto que el escritor argentino Ernesto Sábato, que presidió la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas en su país, afirmó alguna vez que la palabra “desaparecido” era tristemente un legado de la lengua española al mundo. Lea más, dando clic aquí
Los estudios de la campaña Víctimas y derechos evidencian las alarmantes cifras de desaparición forzada en los departamentos de Casanare, Meta y Valle del Cauca y la preocupante situación de impunidad. Así, se demuestra cómo entre 1983 y 2007 se reportaron 2553 desapariciones forzadas en el departamento del Casanare. Además, se cuestionan las cifras oficiales de la Fiscalía que hablan de 1.438 NN en los cementerios que hacen parte de la zona de influencia del plan de consolidación de la Macarena, pues el Banco de datos de derechos humanos del Cinen/PPP (Programa para la Paz) tiene conocimiento de otros 66 NN en el cementerio de Vista Hermosa y 600 más en el de Villavicencio. Lea más...
En un intento por hacer una radiografía de las llamadas bacrim, la Corporación Nuevo Arco Iris hizo un estudio, sobre su naturaleza y dinámica, señalan en el documento que el énfasis del anterior gobierno en la lucha contra la guerrilla de las FARC y la relativa fácil desmovilización y extradición de los principales jefes de las AUC, hizo pensar que los mandos medios y miembros rasos de las Autodefensas iban a seguir el camino de la reintegración, pero que la realidad fue otra.
“Las autoridades militares y policiales han gastado considerables recursos y empleado renovadas técnicas en la lucha contra la guerrilla y el narcotráfico, pero desafortunadamente ese no ha sido el caso en relación con los herederos de las AUC”. Leer más....
El 2 diciembre de 2010 el jurista Fernando Castro Caballero fue elegido magistrado de la Corte Suprema de Justicia por una mayoría casi absoluta: con dieciséis de los dieciocho votos posibles de sus colegas, se convirtió en el sucesor de Yesid Ramírez Bastidas en la Sala Penal de la alta corporación.
La hoja de vida del nuevo magistrado muestra credenciales que hablan por sí solas: en los últimos 28 años. Sin embargo, el currículo del hoy magistrado -o al menos el que reposa en la Unidad de Administración de la Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura- da cuenta también de un gran vacío: no aparece registro alguno de su desempeño profesional entre los años 1999 y 2004, con excepción de las cátedras que impartió en la Universidad Militar Nueva Granada.
La respuesta es simple: meses antes de que desapareciera la justicia regional de la que hacía parte, Castro Caballero dejó la Rama para dedicarse al litigio. Según él, renunció ante la decepción que le producía ver cómo en privado sus colegas alababan la existencia de una jurisdicción con pruebas, testigos, fiscales y jueces secretos, mientras en público se erigían en sus más acérrimos críticos. En aquella época, cuenta Castro, asumió casos en su mayoría "pequeños", como un proceso por injuria y calumnia y la defensa de un médico.
Pero durante tres años, y a pocos meses de abandonar la carrera judicial, Castro Caballero también se destacó como abogado defensor, primero principal y luego suplente, en el proceso contra el esmeraldero Víctor Carranza Niño, hoy de nuevo en líos con la justicia por paramilitarismo, apropiación ilegal de tierras, financiamiento y apoyo de grupos ilegales y por el hallazgo en una de sus fincas de centros de entrenamiento paramilitar y varias decenas de cadáveres.
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