C.C.E.E.U

Cualquier asesinato constituye un hecho grave. Cuando es el Estado el que mata, en contra de lo establecido en la Constitución y la ley, los asesinatos adquieren una gravedad inusitada. Pero si ejecuciones extrajudiciales de civiles son presentadas como resultados positivos en la guerra contra la guerrilla, además de ocultarse un grave crimen se incurre en el despropósito de presentar un acto criminal como un éxito contrainsurgente.

La funcionalidad de los reportes de las Fuerzas Militares que incluyen a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales como combatientes muertos en combate es doble: de una parte, sirve para ocultar la responsabilidad oficial en la comisión de un crimen; y de otra, es útil para mostrar el supuesto grado de eficacia de las operaciones contrainsurgentes. Ocultar un crimen y, además, presentarlo como un éxito militar es un despropósito. En realidad, los engaños contenidos en los reportes operacionales, además de quitarle credibilidad a las estadísticas oficiales -que, paradójicamente, son el principal pilar del discurso del Gobierno- y erosionar la transparencia que debe imperar en un Estado social de derecho, representan una grave violación del derecho a la verdad de las víctimas y la sociedad entera. Lea más, dando clic aquí

Esta publicación se realizó como una contribución a la recuperación y dignificación de la memoria de esos 2.515 hombres y mujeres que han perdido la vida ejerciendo su derecho fundamental a la asociación sindical, en un país que castiga severamente el ejercicio de dicho derecho, mientras los victimarios se enredan y se confunden en el dilatado e histórico panorama de violaciones para revestirse de un prolongado manto de impunidad, en el cual la verdad, termina por instalarse como una ficción, la justicia como un acuerdo de olvidos, y la reparación como resignación y perdón. Y a la vez, este documento es una voz de denuncia contra los prolongados silencios que ha guardado el Estado colombiano frente a un proceso de violencia que bien puede nombrarse como un genocidio político que permanece en la más absoluta impunidad:

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La Región del Catatumbo fue una de las regiones del país, víctima del accionar paramilitar,
a finales de los años 90, en donde sus habitantes colonos hombres y mujeres, niños, niñas,
ancianos, fueron  humillados, maltratados, asesinados, desaparecidos, desplazados,
despojados, desarraigados de sus  tierras, de sus sueños y sus proyectos de vida; recientemente la presencia  estatal se ha traducido en presencia militar y de policía, sin
embargo, cuando la población requirió la protección del Estado, su respuesta, fue el
abandono, la estigmatización y la justificación de los crímenes de los grupos paramilitares;
el 10 de diciembre del año 2004, supuestamente se desmovilizan 1425 hombres del Bloque  Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia, lo que en realidad fue un acto de consolidación de la impunidad, por los múltiples, masivos y sistemáticos crímenes
cometidos.
 

Lea más en el informe final de la II Comisión de Verificación y Seguimiento a la Situación de Derechos Humanos en la región del Catatumbo, anexo.